España recurrirá el fallo de Estrasburgo sobre el etarra Atristain

La Abogacía del Estado ha anunciado que recurrirá la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 18 de enero que condenó a España al considerar vulnerado el derecho a un proceso justo al etarra Xabier Atristain. Fuentes de Justicia han avanzado esta decisión después de que la titular del Ministerio, Pilar Llop, señalara en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la Abogacía del Estado seguía estudiando la posibilidad de dar ese paso y pidiera "sosiego".

La decisión es finalmente favorable a interponer un recurso, como solicitó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ante el temor de que la decisión del TEDH siente un precedente que provoque una excarcelación masiva de presos etarras. El citado tribunal consideró que se vulneraron los derechos de Atristain en 2010 al no permitirle elegir un abogado para su defensa cuando estaba detenido en régimen de incomunicación.

La Audiencia Nacional le condenó en 2013 a 17 años de prisión por pertenencia a banda armada y posesión de armas y municiones y el Supremo lo confirmó en 2014, sentencia que recurrió Atristain. El pasado 17 de febrero fue excarcelado y, a su salida del centro penitenciario de Martutene, aseguró que dejaba en prisión a muchas personas que sufrieron la misma vulneración de derechos.

"Si el Gobierno de España no recurre la sentencia del TEDH sobre el régimen de incomunicación se pude producir una sangría de excarcelaciones comparables a la de la derogación de la Doctrina Parot", advirtió en un comunicado la AVT, que recordaba a Justicia que tenía de plazo para hacerlo hasta el próximo lunes, 18 de abril. Atristain fue detenido el 29 septiembre de 2010 y la Audiencia Nacional ordenó su detención incomunicada para no frustrar una investigación para la localización de explosivos.

Un abogado de oficio le informó de sus derechos y estuvo presente en las dos declaraciones realizadas el 1 y el 3 de octubre, en la primera de la cuales admitió que había "cooperado" con ETA, incluyendo un "intento de secuestro", e indicó dónde se encontraban los explosivos. Su defensa de oficio intentó contactar con él en repetidas ocasiones, pero la Guardia Civil le informó de la restricción legal por el régimen de incomunicación. En la segunda declaración detalló dónde escondía en su casa armas, balas y matrículas falsa. Según el TEDH, "no se puede ignorar el probable impacto significativo de la confesión inicial del demandante", durante su detención en régimen de incomunicación, "en el desarrollo posterior del proceso penal en su contra".