España no tiene remedio. Al menos en lo que concierne a uno de sus males endémicos, la lucha contra la corrupción. Así lo refleja el ránking de Transparencia Internacional, donde ha retrocedido dos puestos en el último año, situándose en el 34 –compartido con Lituania–, por detrás de territorios como Bután (25) o Catar (31). En concreto, el Estado español firma 61 puntos sobre 100 en la clasificación mundial –uno menos que en la tabla de 2020– que aglutina a 180 países, atorándose en el escalón número 14 entre los 27 estados de la Unión Europea. Este organismo independiente insta al Gobierno de Pedro Sánchez a aplicar las medidas de la UE y le reprocha su falta de iniciativas en esta materia. En este caso, por el retraso en transponer, entre otras, la directiva europea de filtradores –conocida por el término anglosajón whistleblowers– que debe crear canales de denuncia que garanticen la confidencialidad para que cualquier ciudadano pueda alertar sobre posibles infracciones sin temor a represalias.
Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional España, alerta sobre la "falta de implementación de las reformas importantes" que hay pendientes en la agenda legislativa en materia de prevención de la corrupción, de buen gobierno y de transparencia, y recuerda que ello incide en el buen funcionamiento de las instituciones. De hecho, el informe sostiene también que España ha empeorado respecto a otros feudos con los que compartía puntuación y posición similar en ediciones anteriores, en concreto con Portugal y Corea del Sur. No queda ahí el deshonor, ya que aquellos países que tenían notas superiores pero que estaban cercanos en la lista, han logrado despegarse, casos de Barbados o Bahamas, y los que estaban por debajo de la posición española han reducido su diferencia significativamente, como Israel y Letonia.
Transparencia Internacional avisa de que una economía como la del Estado español, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Indice de Percepción si pretende mantener su imagen y competitividad. Este organismo advierte de que, ante la llegada de los fondos europeos, deben existir controles serios de la corrupción y del fraude, es necesario introducir mecanismos de evaluación de conflictos de interés y tomarse en serio los códigos éticos.
Los niveles de corrupción se hallan estancados a nivel mundial con escaso o nulo progreso en el 86% de los países evaluados en los últimos diez años. Manuel Villoria, miembro del Comité de Dirección de Transparencia Internacional, asegura que, aunque la pandemia ha complicado la lucha contra la corrupción porque había otras prioridades, ha demostrado que la problemática continúa existiendo. "La evolución global es que hay una terrible tendencia autoritaria. Cuando le das al poder más poder, la posibilidad de abusos se multiplica", recalca Villoria.
A la cabeza del ránking se sitúan Dinamarca, Finlandia y Nueva Zelanda, con 88 puntos y entre los diez mejor valorados en libertades civiles, según Democracy Index. Por contra, Somalia (13), Siria (13) y Sudán (11) arrastran las puntuaciones más bajas. En el índice se evalúan aspectos como el soborno, malversación, funcionarios que usan la función pública para provecho personal, funcionamiento de las instituciones para hacer cumplir las normas, burocratización o nepotismo, entre otros.