Después de solicitarlo en el minuto uno de la legislatura, por fin el nuevo Gobierno español ha convocado al vasco pasado mañana para desatascar los muchos traspaso pendientes y para afrontar los nuevos compromisos que ha adquirido el PSOE con el PNV.
¿Considera razonable el tiempo que ha pasado hasta este primer encuentro?
Voy a empezar en positivo, voy a entenderlo como razonable. Es verdad que han tenido tiempo suficiente a mi parecer tras la constitución del gobierno para ponerse manos a la obra… Bueno, esperemos que pasado mañana haya contenidos encima de la mesa.
Agua pasada no mueve molino, pero, ¿a qué achaca esa desidia final del anterior gobierno español? Porque ellos alegaban cuestiones técnicas, de agenda…
Pues todos tenemos una agenda complicada, todos tenemos tareas pero yo lo achaco directamente a una falta de voluntad. Cuando existe voluntad y realmente se trabajan los temas por muy dificultosos que sean, pues se llega a acuerdos. Por lo tanto, lo que hace falta es tener la voluntad de sentarse y trabajar los temas, es lo que yo no vi en la anterior legislatura.
Ahora el calendario aprieta más. ¿Hasta dónde esperan o desean llegar antes de las elecciones?
Lo que me gustaría es volver a incidir en los tiempos. Lo importante es que hay un retraso de más de cuarenta años y ese retraso existía hace un año y existe ahora. Por lo tanto, no se trata tanto de que vaya a finalizar la legislatura autonómica; se trata de que inmediatamente, con toda la rapidez y sin demora, hay que acometer todos los traspasos que quedan pendientes del Estatuto de Gernika.
Obviamente, la hoja de ruta es la que está marcada por el acuerdo para la investidura de Sánchez entre PNV y PSOE. Un gran acuerdo, dicen ustedes.
Lo es en muchos sentidos. Para empezar, en lo que más afecta al autogobierno. Hay que tener en cuenta que implica una necesidad de cumplirlo para el gobierno. A los números me remito. Sánchez tendrá que hacer de la necesidad virtud. Y, por otro lado, blinda la bilateralidad. Incluso se pone el plazo de año y medio tras las próximas elecciones vascas para abordar el reconocimiento nacional.
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Dentro del acuerdo, la materia que más ha dado que hablar ha sido la gestión de la Seguridad Social. ¿Por qué se sigue considerando intocable algo que se comprometió hace 44 años?
Hay muchas reticencias sin ningún tipo de razón. El traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, además de estar en el Estatuto en el artículo 18, es una parte más de lo que debería ser nuestro autogobierno, es una cuestión que no nos debe asustar para nada.
Y luego está el mito de "se rompe la caja única"...
Nosotros tan solo vamos a poder llevar el régimen económico y por tanto, la igualdad de los contribuyentes y también de los perceptores tendrá que ser con esa legalidad que se establezca. O sea, que no se romperá la caja única y, desde luego, se actuará conforme al principio de solidaridad.
En pocas palabras, ¿qué va a suponer que el Gobierno vasco gestione la Seguridad Social?
Dicho así, muy clarito, supone que será desde aquí desde donde llevemos las afiliaciones, las altas, las bajas, las sanciones, el control de las cotizaciones, el pago... Todo esto, dentro de un régimen, de una legalidad que estará establecida.
Hay quien afirma que no debería pedirse porque implicará un gasto que ahora asume Madrid.
Sí, me llama la atención muchísimo que estemos hablando de traspasos, de desarrollo estatutario, y de repente haya voces que alegan que para qué nos vamos a hacer con ese traspaso que es deficitario.
¿Será sostenible gestionar las pensiones?
Dentro de los márgenes de legalidad que hay, claro que será sostenible. Hay que tener en cuenta que incluso la declaración transitoria 15 nos habla de que habrá de conveniarse todo lo relativo al régimen económico de la Seguridad Social.
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Hablamos de las competencias pendientes, pero para usted también es importante la erosión y la invasión del estado en materias que se gestionan en la CAV. ¿Se detendrá ese proceso?
Efectivamente, hablamos de traspasos y de materias que nos quedan todavía pendientes, pero luego existe una realidad, que son las competencias que ya son de esta comunidad autónoma y también se ven afectadas, desgraciadamente, por la actuación, tanto por parte de la administración del estado a través de la normativa que se extiende y que en muchas ocasiones excede de lo que debería ser una legislación básica, y además, por la propia actuación de los tribunales, en este caso del Constitucional, que con sus interpretaciones va mermando, va cortando estas competencias que son de la Comunidad Autónoma. Yo espero que en esta nueva legislatura de la Administración del Estado cambie en esto. Nosotros vamos a estar ahí, en la defensa de nuestro autogobierno.
De entrada, no es un dato muy esperanzador que se hayan creado los ministerios de Vivienda y de Infancia y Juventud… o que la ministra de Sanidad anuncie medidas que no le competen…
Desde luego, no nos van a encontrar apoyando ninguna medida que pueda erosionar el ámbito competencial vasco, eso está claro. Y sí, llama la atención que haya ministerios como el de Vivienda, que ahora aparece solo, cuando antes era de Vivienda y Transportes. En todo caso, es una competencia, la de vivienda, exclusiva de la Comunidad Autónoma y nosotros estaremos vigilantes; vigilantes para que las labores que se desarrollen por el ministerio, desde luego, no coarten para nada la capacidad de esta comunidad autónoma y sus competencias.
¿Habrá finalmente recurso a la Ley de Vivienda por parte del Gobierno Vasco?
Nosotros primero acudimos a la vía de la negociación antes de acudir a los tribunales. Están en nuestro ADN el diálogo y la negociación para cualquier actuación. En este sentido, también tenemos una comisión de cooperación previa a la interposición del recurso formalmente. Suele haber seis meses para ello. El plazo para esta comisión vence a finales de febrero y la cuestión es que si llegáramos a una interpretación conforme a nuestro ámbito competencial, pudiera, en su caso, no darse este recurso pero es condición indispensable que nuestras competencias queden salvaguardadas. Si no fuera así, obviamente, formalizaremos nuestro recurso de inconstitucionalidad.
¿No le resulta curioso que una formación soberanista como EH Bildu apoye una ley que invade competencias?
Prefiero no calificar otras actuaciones pero sí poner en valor que desde el ámbito vasco es imprescindible, indispensable, salvaguardar las competencias autonómicas.
Sería buen síntoma no tener que recurrir al Constitucional...
Desde luego, porque el hecho de que podamos negociar, interpretar una norma y evitar el llegar al Tribunal Constitucional que, como bien es sabido, solo en contadas ocasiones tiene una actitud proclive a aceptar nuestras reivindicaciones y nuestras interpretaciones competenciales autonómicas, pues sería bueno que llegáramos a un acuerdo previamente, sí.
Al margen de las negociaciones con el gobierno español, y ya mirando hacia dentro, una de las grandes peleas de su departamento está siendo reducir la interinidad en el empleo público. ¿Cómo va ese objetivo? Esta misma semana han anunciado una nueva OPE.
Me va a permitir que esté ilusionada con este tema. Yo de verdad creo que ha sido la legislatura del empleo público. Hemos dado una vuelta enorme a un déficit que, efectivamente, existía, de altísima interinidad en la administración general, y eso lo hemos reconocido siempre. Hemos acometido procesos de consolidación. Se están culminando, las pruebas ya se han hecho. La administración, en lo que se refiere a la función pública, va a quedar saneada desde el punto de vista de la interinidad, y ahora lo que toca es poner una cierta normalidad y que las ofertas de empleo público pasen a ser algo habitual que se va haciendo cada poco tiempo.
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Respecto a las ofertas de empleo público, no solo de la administración central vasca, sino de las entidades locales, nos estamos encontrando con actuaciones judiciales contra los requisitos lingüísticos…
Es algo que vivimos con una gran preocupación. Efectivamente, se ha hecho una gran labor por parte de toda la sociedad, con un gran consenso en favor de la normalización del uso del euskera, una lengua minorizada que necesita del apoyo y del aporte de todos y todas nosotras, y resulta que nos estamos encontrando con actuaciones de los tribunales que luego, de alguna manera, cuestionan los avances que se han llevado a cabo. Obviamente, para nada comparto ni desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista ideológico esta forma de hacer. Y hay otra cuestión importante: que estas actuaciones devienen de los recursos de Vox y PP contra el decreto de normalización del uso del euskera en las entidades locales, haciendo una interpretación, que para nada comparto, de que en ese decreto se prima el euskera o que prevalece el euskera sobre el castellano, cuando de lo que se está tratando es de lleva a cabo políticas publicas de normalización del uso del euskera.
¿Se puede decir que hay una ofensiva judicial contra el euskera?
Me cuesta hablar de "ofensiva judicial contra el euskera", pero creo que sí es cierto que en determinados ámbitos judiciales lo que existe es una gran falta de sensibilidad hacia el euskera.