El Gobierno español aprobó el pasado martes el decreto que garantizará el derecho a paro de las trabajadoras del hogar, poniendo fin a décadas de discriminación.
Estas trabajadoras forman parte de un sector muy precarizado compuesto principalmente por mujeres. Hasta la fecha, las empleadas domésticas no tenían derecho a recibir una prestación por desempleo en caso de perder su trabajo.
Aunque este decreto fue aprobado el martes por el Consejo de Ministros, no será hasta el próximo 1 de octubre cuando las trabajadoras de este sector puedan empezar a cotizar por desempleo y serán los Presupuestos Generales del Estado los que fijen los términos finales de cotización.
Esta norma afectará a unas 34.000 personas en Euskal Herria y a 373.000 en el Estado español. Una de ellas es Nerea Barbero, de 47 años, que valora positivamente la aprobación de la ley, aunque lamenta que “llega demasiado tarde”.
Nerea celebra que a partir de ahora cambiará la “situación de inseguridad” de muchas trabajadoras: “Es un trabajo dónde siempre ha sido muy fácil prescindir del trabajador. Esta ley nos permite ganar derechos”.
“ Es un trabajo dónde siempre ha sido muy fácil prescindir del trabajador. Esta ley nos permite ganar derechos. ”
Nerea Barbero
Esta normativa, además de garantizar el derecho a una prestación por desempleo, tipifica la causalidad del despido de las trabajadoras y limita la actual figura del despido por desistimiento, que permitía al empleador rescindir el contrato sin justificación.
Según explicó Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, tras aprobarse el decreto, con esta ley no solo pretenden que las trabajadoras tengan acceso a la prestación y los subsidios de desempleo, sino a que tengan “exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador o trabajadora”.
Para Nerea es un “alivio” saber que si es despedida, por lo menos no se quedará “sin nada” tras muchos años trabajando en el mismo hogar.
En la misma dirección, Randolf Roda, un joven filipino de 29 años que trabaja como interno dedicándose a las labores del hogar y al cuidado de tres niños en Sevilla, califica como un alivio la aplicación de la nueva ley: “Trabajar sabiendo que no tenía derecho a paro era una angustia”. El joven critica que el Estado tenía que haber tenido en consideración los derechos laborales de estos trabajadores “hace mucho tiempo”, aunque destaca que la nueva normativa laboral supone “un gran paso”.
DÉCADAS DE PRECARIEDAD
La aprobación de la ley ha dejado al descubierto la explotación y las nefastas condiciones laborales que llevan sufriendo estas trabajadoras durante décadas. Sorprende incluso que gran parte de la sociedad ni siquiera sabía que las empleadas domésticas que cuentan con un contrato laboral no tenían derecho a paro.
Pese a que ahora las empleadas sí tendrán este derecho, conviene saber que este sector destaca por tener las mayores cifras de trabajadoras que trabajan en situación irregular, es decir, sin un contrato laboral. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un tercio de las empleadas domésticas en el Estado trabaja sin contrato, por lo que seguirán fuera de los beneficios que ofrece la nueva ley.
Nerea, que lleva desde los 19 años trabajando en el sector de las labores domésticas, lo define como “una de las grandes economías sumergidas del país”. Randolf, por su parte, tuvo la suerte de conseguir un contrato laboral con la familia con la que lleva ya cinco años. El joven filipino considera que este sector ha sido “desatendido” durante mucho tiempo.
Conviene saber que hasta 1985 las empleadas del hogar no fueron consideradas por primera vez “trabajadoras”, y hasta 2011 podían recibir su sueldo en especie. Es decir, se podía pagar a las trabajadoras mediante el consumo o la obtención de bienes o servicios de forma gratuita o por un precio inferior a lo normal.
MUJERES Y MIGRANTES
Además de formar parte de un sector enormemente precarizado, la gran mayoría de quienes trabajan en estas labores son mujeres; conforman el 95% del sector. Además, en muchos casos estas mujeres son migrantes sin documentación en regla, algo que ha favorecido aún mas su discriminación.
Según explicó Díaz tras la aprobación del decreto, el 44% de las trabajadoras provienen de otros países, mientras que en el resto de sectores la media de este colectivo es del 10%.
Randolf defiende que esto sucede por la falta de formación académica de muchas personas migrantes, así como por la barrera del idioma. Nerea, por su parte, considera que esto sucede en parte por la “inseguridad” laboral del sector y porque algunas generaciones están mejor preparadas: “Muchos migrantes no pueden acceder a otros puestos al no tener regularizada su situación”.
ORDEN DE EUROPA
La Justicia europea denunció el pasado 24 de febrero que España incumplía la norma comunitaria al excluir a las trabajadoras del hogar de la prestación por desempleo y, por tanto, denunció su situación como “contraria al Derecho de la Unión”. Se trata del Convenio 189 de la OIT, que ofrece protección a las trabajadoras domésticas.
Esto supuso un punto de inflexión para estas trabajadoras, ya que Europa precisó que esa situación situaba a las trabajadoras del hogar en desventaja particular con respecto a los demás trabajadores y “no estaba justificada por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo”.
“POCO AMBICIOSA”
Numerosos colectivos y agentes sociales han aplaudido la ley que Yolanda Díaz califica como la “más importante” de su ministerio en esta legislatura. En la misma dirección, los sindicatos UGT y CC.OO calificaron la jornada del martes como un “día histórico”.
Pero no todo han sido aplausos para esta ley. Varios agentes sociales han mostrado su rechazo o decepción con la iniciativa del Gobierno.
LAB ha tildado de “escasa” la norma, alegando que no resuelve los principales problemas de las trabajadoras del sector. El sindicato abertzale defiende que la ley modifica algunos aspectos; sin embargo, critica que “evade la regulación del régimen de pernocta, la aceptación de la responsabilidad de la inspección de trabajo en el seguimiento de las condiciones efectivas, en las que se desarrolla este empleo al interior de los domicilios o la reducción de la jornada laboral de 60 horas semanales”.
LAB considera que “esta ley no es más que una implementación de obligado cumplimiento de derechos reconocidos según la sentencia de febrero del Tribunal de Justicia Europeo”.
ELA, por su parte, aunque considera “positivo” que se hayan dado “los pasos para regular este sector”, lamenta que debería haber sido “más ambicioso”, ya que "este sector seguirá siendo precario y la brecha salarial sigue perpetuándose debido a los bajos salarios, jornadas interminables o nulo derecho a la negociación colectiva”.
Randolf marca distancias con estos sindicatos alegando que “esta ley supone un gran paso para el sector. Hace que las trabajadoras no se queden atrás”. Pese a ello, el joven cree que esta normativa es un buen comienzo: “Cambiará mi situación en los aspectos de seguridad y garantía”.
QUEDA CAMINO
Pese a que parece que las instituciones han tomado nota de alguna de las necesidades de las trabajadoras que conforman este sector, que han sido enormemente ignoradas durante años, aún les quedan muchos pasos para conseguir una equiparación real de derechos con el resto de sectores.
Una de las críticas más destacadas tanto de las trabajadoras como de los sindicatos, es la falta de control y de inspecciones por parte de las instituciones a la hora de verificar que todas estas trabajadoras cuentan con un contrato laboral.
Dada la “tardanza” en aprobarse, Nerea exige al Gobierno que “sea una ley retroactiva para las trabajadoras que llevan años en su mismo puesto hasta el día de hoy”.
ENTREVISTA
Mikaela Blanco nació en 1944 en Burgos, aunque ha vivido prácticamente toda su vida en Euskal Herria. Por circunstancias familiares tuvo que empezar a trabajar a los 15 años y ha dedicado su vida a trabajos domésticos. Durante los 50 años que estuvo trabajando, tan solo cotizó nueve, lo que actualmente le imposibilita tener derecho a una pensión.
¿A qué edad empezó a trabajar?
-Empecé de niñera con 15 años y después, con 18, empecé a limpiar casas. Trabajé en eso hasta que con 52 años me quedé viuda. A partir de ese momento comencé a cuidar a ancianos. Y así estuve hasta los 75 años.
¿Por qué hasta tan tarde?
-De 50 años trabajando sólo me aseguraron nueve en una casa. En el resto de trabajos he estado sin contrato y sin cotizar. Cuando cumplí 65 años no tenía la cantidad suficiente cotizada para poder cobrar la pensión mínima de jubilada, así que no tengo pensión. La pensión de viuda es de 750 euros, así que decidí seguir trabajando para tener una vida mejor.
Con 75 años, ¿qué le llevó a dejar de trabajar?
-Con 75 años ya tocaba.
¿Desde los 65 a los 75 años en qué trabajó?
-Estuve cuidando de una señora mayor hasta que murió. Sus últimos años estuve interna en su casa. Después de ese trabajo, que además fue tan sufrido, decidí dejar de trabajar.
En 50 años trabajando solo ha cotizado nueve, ¿por qué nadie quiso hacerle un contrato?
-En aquella época prácticamente nadie estaba asegurada en este sector. Después, cuando me quedé viuda, tuve muchos trabajos cuidando ancianos, algunos por horas, otros a jornada completa, y en otro estuve interna. Pero ahí pasó lo mismo, nadie me aseguró. Me pagaban por las horas trabajadas y listo.
¿Cómo sería ahora su vida si hubiera podido cotizar?
-Mi vida sería estupenda. Si hubiera cotizado llevaría ya 13 años jubilada, pero la realidad es que hasta hace tres estaba trabajando.
Ahora se garantiza el derecho a paro, pero muchas trabajadoras siguen trabajando sin contrato…
-Todas deberían estar aseguradas. Las que trabajan por horas también tienen derecho a vivir con la protección que un Estado debe proporcionar. Es una cuestión de dignidad, y aquí nosotras somos las grandes olvidadas.
¿Qué es lo más importante en la lucha de estas trabajadoras?
-Cotizar para poder tener una pensión digna. Además del derecho a unas vacaciones, o que si te pones mala puedas pedir la baja. Yo no podía permitirme estar enferma, y si lo hacía a nadie le importaba, tenía que ir a trabajar.
¿Cree que es un sector precario?
-Sin duda. Cuando yo trabajaba se nos maltrataba como trabajadoras. Me alegro de que esta ley ofrezca el derecho a paro. Aunque creo que muchas de estas trabajadoras siguen sin tener contrato, por lo que seguirán sin esos derechos.
Además, como trabajadora me han tratado fatal. En aquella época estaba muy mal visto ser la ‘chacha’, ni siquiera entrábamos por la puerta principal a las casas.
¿Qué le pide a las instituciones?
-Les diría que muchas trabajadoras del sector que ya tenemos una edad no tenemos las pensiones que necesitamos. Sobrevivimos con las pensiones de viudez, que son mínimas.
Yo he tenido que trabajar hasta los 75 años para tener una vida un poquito mejor. Le pido a los políticos que piensen un poco en las viudas que hemos trabajado desde niñas toda nuestra vida en estas condiciones tan pésimas para poder salir adelante. Y como yo hay muchas.