Estatuto de Gernika: : el Estado retiene 27 traspasos y surgen dos conflictos 42 años desde el referéndum

donostia – El Estatuto de Gernika cumple 42 años sin que el Estado levante el pie del freno que le impide desplegar todo su potencial. Hoy lunes habrán pasado más de cuatro décadas desde que la ciudadanía vasca respaldó el texto en referéndum. Con el paso de los años, se ha abierto una brecha entre el nivel de autogobierno que recoge sobre el papel, y las materias que realmente se han transferido y son gestionadas por la comunidad autónoma. Hay 27 aún pendientes en una interminable negociación que incluye el Ingreso Mínimo Vital, una prestación social de nueva creación en el Estado.

En paralelo, no ha sido posible desactivar al cien por cien los conflictos competenciales con el Estado ante el Tribunal Constitucional sobre materias ya transferidas, a pesar de que existía un compromiso expreso de Pedro Sánchez en ese sentido. Con el actual Gobierno español de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se ha producido una sentencia desfavorable a la capacidad de organización de Euskadi para realizar pruebas de acceso diferenciadas en el caso de los interinos de la administración pública, la consejera Olatz Garamendi ha llevado ante el tribunal un decreto digital que obliga a la administración vasca a pedir permiso al Estado para activar sistemas de contraseña electrónica, y se acaba de abrir una negociación para evitar el recurso contra la Ley Antipandemia vasca.

Las dificultades para hacer cumplir el Estatuto han quedado patentes incluso con Sánchez, a pesar de que el presidente español ha contribuido a algunos hitos como la aprobación de un calendario que de manera inédita recoge todas las transferencias pendientes, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social; y también la firma del acuerdo histórico sobre las prisiones, que ya gestiona Euskadi desde este mes.

En cualquier caso, ha sido difícil dar la vuelta a las inercias del Estado, y queda un regusto de indefensión por carecer de un sistema que garantice que se cumpla lo pactado, más allá de un Tribunal Constitucional que tampoco tiene una sala específica o una cuota vasca o catalana asegurada.

Los avances parecen estar sujetos a la capacidad de presión que tenga el PNV en el Congreso de los Diputados y la necesidad de apoyos del Gobierno español de turno. Así sucede ahora con el ultimátum que han lanzado los jeltzales en plena negociación de los presupuestos estatales, en vista de los retrasos que acumula este calendario y del bloqueo que ha sufrido la gestión del Ingreso Mínimo Vital. La fotografía parece difícil de explicar solo como una mera consecuencia de la pandemia del coronavirus, que ralentizó los relojes de la política, y apunta más hacia las dificultades políticas y técnicas que han esgrimido los ministerios implicados.

desde el referéndum

El Estatuto de Gernika fue aprobado el 25 de octubre de 1979 en un referéndum donde la izquierda abertzale llamó a la abstención. En la votación participó el 58,85%, y el voto a favor ganó de manera abrumadora con un 90,27%. Se venía de sufrir una larga dictadura y la supresión del Concierto Económico en Gipuzkoa y Bizkaia, de manera que recuperar las instituciones propias y sentar las bases de la Ertzaintza, Osakidetza o la radiotelevisión pública EITB era por entonces algo incuestionable para una amplia mayoría política y social vasca, a pesar de que no se cumplieran todas las demandas del nacionalismo vasco ni hubiera un Estatuto conjunto con Nafarroa.

En una primera fase, hasta 1982, se produjeron unos 40 traspasos, pero el proceso sufrió una ralentización evidente con el intento de golpe de Estado y el debate sobre la Loapa que quería colocar al mismo nivel a todas las autonomías. Con ese caldo de cultivo, comenzaron las primeras quejas del Gobierno Vasco y se aprobó el Informe Zubia en 1993 para reclamar los traspasos pendientes de llegar a Euskadi.

los traspasos La negociación con Sánchez, necesitado de apoyos en el Congreso, parece llamada a tener recorrido. Durante su mandato, se han transferido a Euskadi dos líneas de tren de cercanías, un tramo de la AP-1 y la autopista AP-68, el seguro escolar, la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos, ayudas previas a la jubilación en las empresas en ERE, las prisiones, el código bibliográfico ISSN, el transporte por carretera y el edificio sede del Distrito Marítimo de Ondarroa. A estas alturas del año tendrían que estar negociándose otras muchas como los puertos y aeropuertos.

También quedan pendientes la ordenación del litoral, servicios meteorológicos, seguros agrarios, servicios privados de seguridad, el fondo de protección a la cinematografía, mercados de productos de la pesca, paradores de turismo, seguros, crédito y banca, crédito oficial, mercado de valores, centros de investigación y asistencia técnica, hidrocarburos, salvamento marítimo, sector público estatal, administración institucional e innovación tecnológica, las líneas restantes de tren de cercanías, inmigración, títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, permisos de circulación y matriculación de vehículos, régimen electoral municipal, inspección pesquera, experimentación de obras públicas y varias materias vinculadas a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La negociación se centra en el IMV y las restantes líneas de tren de cercanías, y la consejera Garamendi ha tratado de adelantar otras materias como la inmigración para darle más ritmo. El Gobierno español plantea cerrar al menos las dos citadas este año. Quedan 27 materias, o 31 si se cuentan por separado las vinculadas a la Seguridad Social, como el Fogasa o la inspección.

El calendario siempre ha sido orientativo y a nadie se le escapan las dificultades del proceso, pero la sensación general es que tendría que haber llevado otro ritmo. En principio, debería quedar cerrado en mayo del año que viene con los estudios para transferir la Seguridad Social, y esa previsión está muy lejos de la realidad.

los tribunales

En el caso de las materias ya transferidas, los conflictos entre los gobiernos vasco y español a la hora de interpretar hasta dónde llega la competencia de cada uno alcanzaron su punto álgido durante el mandato del expresidente español Mariano Rajoy, del PP, en plena etapa de recortes económicos por la crisis de 2008. Las medidas sobre el copago farmacéutico y los horarios comerciales, entre otras, pusieron a prueba la relación y desembocaron en una elevada litigiosidad. Sin llegar a ese extremo, esta dinámica tampoco se ha desactivado del todo con la llegada de Pedro Sánchez, aunque se comprometió en su acuerdo de investidura con el PNV, en el punto número dos, a mantener una comunicación fluida con el Gobierno Vasco "en aras de evitar la judicialización de las discrepancias, que debe ser sustituida por el acuerdo político". En algunas leyes concretas, sí han fructificado acuerdos políticos que han evitado que la sangre llegue al río de los tribunales, pero el Ejecutivo vasco no se desprende de esa sensación de alerta y amenaza latente y constante cuestionamiento.

Desde la moción de censura que aupó a Sánchez, se ha alcanzado un acuerdo para evitar que la ley que regula los centros comerciales en Euskadi sea recurrida ante el Tribunal Constitucional, e incluso se desactivó durante los primeros compases de su mandato un conflicto con una importante carga simbólica: el presidente español retiró el recurso que interpuso Rajoy contra la ley vasca que busca reparar los abusos policiales entre 1978 y 1999. Sin embargo, no hubo apretón de manos en todos los casos.

En esta etapa llegó la sentencia contra un apartado de la Ley vasca de Policía (el Constitucional tumbó el turno diferenciado de acceso para los interinos con ocho años de experiencia y en áreas con un 40% de interinidad, que iba a consistir en una prueba práctica). En parte, se ha atenuado el conflicto con la apuesta por fijar tasas de reposición de al menos el 100% en varias ofertas públicas de empleo para 2022, aunque es una apuesta coyuntural del Estado.

'LEY ANTIPANDEMIA' Y DIGITAL También han surgido tensiones en áreas con menor repercusión en la gestión o la relación política entre ambos gobiernos, como el decreto digital. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ha formalizado ante el Tribunal Constitucional un conflicto positivo de competencia contra el decreto 203/2021 que desarrolla el reglamento de funcionamiento del sector público por medios electrónicos. El Estado exige que se le pida autorización previa para activar sistemas de clave electrónica, como si hubiera una brecha de seguridad en las comunidades autónomas.

Por último, se ha abierto una negociación para evitar el recurso del Estado contra la Ley Antipandemia vasca. El Gobierno español cuestiona que se puedan prever medidas de control de la movilidad nocturna o entre territorios y otro tipo de actuaciones sin la cobertura de una Ley Orgánica. La propia ley vasca se remite al marco que establezcan el estado de alarma y la ratificación judicial, así que existe la posibilidad de que todo quede en una tormenta en un vaso de agua.

En este contexto, la consejera de Autogobierno ha presentado un informe de vulneraciones competenciales, La erosión silenciosa, y plantea una relación bilateral, con garantías, para que se cumpla lo pactado.

LA APROBACIÓN El 90,27% lo avala en referéndum

El Estatuto de Gernika fue aprobado en referéndum por los vascos el 25 de octubre de 1979. La izquierda abertzale había llamado a la abstención activa. En el plebiscito, participaron casi seis de cada diez vascos, el 58,85%. El 90,27% votó a favor. Alianza Popular, la precursora del PP, había mostrado su rechazo al texto por el nivel de autonomía que concedía. En la foto que acompaña este texto a la derecha, aparecen algunos padres del Estatuto, como los jeltzales Mitxel Unzueta y Xabier Arzalluz, con el entonces presidente español Adolfo Suárez. Txiki Benegas y Juan María Bandrés, entre otros, tuvieron un papel destacado.

de la ilusión al frenazo primeros traspasos

El Estatuto abría una ventana de oportunidad con un amplio autogobierno reconocido sobre el papel, y permitía recuperar las instituciones propias tras cuatro décadas de dictadura franquista. En los primeros años, el proceso marchó sobre ruedas, con 43 traspasos efectuados desde la aprobación de la ley hasta 1982. Entre ellos, destacaban la industria, la enseñanza, o la agricultura y la pesca. El proceso comenzó a verse afectado tras el intento de golpe de Estado fallido, y el posterior debate de la Loapa que trató de servir un café para todos en materia de autogobierno. Todavía en 1985 se pudieron salvar una veintena de competencias, pero en 1987 comenzó a experimentarse un notorio frenazo.

INFORME ZUBIA Reacción del Parlamento Vasco

En este contexto, el Parlamento Vasco aprobó en 1993 el Informe Zubia, conocido con este nombre porque su autor fue el consejero de Presidencia Joseba Zubia. En él se recogían 54 materias, y experimentó actualizaciones posteriores. Incluso el PP respaldó con su voto este informe.

NECESIDAD DE VOTOS El PNV, Zapatero y Sánchez

La negociación de las transferencias pendientes para cumplir el Estatuto de Gernika ha estado sujeta a la necesidad de apoyos que tuviera el Gobierno español de turno. Con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el PNV llegó a apalabrar un paquete de varios traspasos, aunque el adelanto electoral frustró que todos se materializaran. Sí se pudieron cerrar las políticas activas de empleo e I+D+i, acuerdos facilitados por la necesidad de votos de Zapatero para aprobar las cuentas. Se da la circunstancia de que, en la época del acuerdo de las políticas activas, otro socialista, Patxi López, era lehendakari, pero el pacto se produjo con el PNV en el Congreso. Con Pedro Sánchez, aupado por una moción de censura y con mayorías ajustadas, se ha alumbrado el hito del calendario de transferencias, que por primera vez las recoge todas, incluyendo dos tabúes: las prisiones (ya se ejerce desde el 1 de octubre) y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

EROSIÓN El informe de Olatz Garamendi

Tras el informe Zubia de 1993, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, presentó su propio análisis. Esta vez, sobre la erosión de competencias que ya se ejercen, por la acción de leyes básicas estatales y sentencias del TC que afectan a catorce áreas. La erosión silenciosa lo analiza en 700 páginas.