Este domingo vence el mandato de cuatro magistrados del Constitucional con un escenario incierto para su renovación. El CGPJ debe nombrar a dos pero su interinidad lo impide y el Gobierno a otros dos, aunque todo apunta a que no lo hará ante el previsible bloqueo de la mayoría conservadora del tribunal.
Esto es así porque una mayoría de magistrados entiende que la Constitución es "clara" y "explícita" cuando establece en su artículo 159 que "los miembros del Tribunal serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes", es decir, por tercios, de manera que no pueden tomar posesión solo dos de cuatro, según fuentes jurídicas.
"La renovación por tercios es un tema que no admite discusión" porque así lo recoge la Carta Magna, destacan las fuentes, que subrayan que "este es un asunto político" que "deben resolver los políticos" y que "no se puede lanzar contra el tribunal".
Hasta la fecha el TC se ha limitado a enviar hace cuatro meses, como marca la normativa, un recordatorio a Gobierno y CGPJ de que les corresponde designar a su cupo para el tribunal, nada más.
Dos grandes cuestiones por resolver
En este embrollo jurídico hay dos grandes preguntas a resolver. Con un CGPJ maniatado para hacer nombramientos por la reforma impulsada por PSOE y Unidas Podemos, ¿puede el Ejecutivo nombrar a los dos magistrados que por turno le corresponden?. Y más importante, ¿pueden estos dos magistrados tomar posesión en el TC?.
Con la primera hay consenso. Las fuentes aseguran que nada impide al Gobierno nombrar a los dos magistrados, es más, está obligado por la Carta Magna recordando que "la renovación de los magistrados nombrados por el Gobierno se han hecho siempre en plazo".
El problema viene después porque la discusión gira en torno a si estos magistrados se pueden incorporar al tribunal. Hay dos posiciones. Una considera que la Constitución es tajante en cuanto a la renovación por tercios, no se puede partir en dos.
Mientras que otra interpretación sostiene que si uno de los dos órganos que tienen que nombrar está impedido, como el CGPJ, eso no debe frenar ni bloquear los nombramientos de un órgano que sí puede, como corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez.
El Constitucional puede bloquear los nombramientos
La clave aquí reside en el papel del Constitucional. Se abren dos opciones. El presidente, Pedro González-Trevijano, (uno de los que tiene que salir) se puede negar a convocar el pleno que da el plácet a los candidatos argumentado que no está completo el tercio. O puede convocarlo y que los conservadores digan que no cumplen los requisitos, que es de lo que trata el pleno.
Porque según el artículo 10.1 i) de la Ley Orgánica del TC una de las funciones del tribunal es "la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrado", es decir, en valorar los criterios técnico jurídicos de los candidatos (jurista de reconocido prestigio, 15 años de experiencia..etc).
Pero, según las fuentes, lo que no puede hacer porque no tiene competencias para ello es avalar o no dichos nombramientos. Es más, las fuentes recuerdan que nunca ha pasado que se bloquee un nombramiento, todos fueron ratificados, solo hubo problemas con el de Enrique López, pero por uno de los requisitos (antigüedad).
Lo que ocurre es que en el pleno el voto es secreto y no motivado y su decisión no es recurrible, por tanto no se sabrían las razones de la negativa al nombramiento, en caso de que ese fuera el resultado, de manera que los candidatos quedarían en el aire sine die o descalificados para el futuro.
El Gobierno esperará porque no quiere un choque con el TC
Con todo, fuentes del Gobierno explican que la apuesta del Ejecutivo es una renovación con normalidad, con los cuatro magistrados a la vez porque, aunque creen que no estaría incumpliendo la Constitución si designara a sus dos magistrados, lo consideran muy arriesgado ya que asumen que podría ser vetado por el TC.
Por eso tienen claro que hasta después de las elecciones andaluzas es imposible un acuerdo con el PP para desbloquear el CGPJ y el TC. La consecuencia a corto y medio plazo es que se prorrogaría la mayoría conservadora del tribunal hasta dicho acuerdo.
El precedente de UCD
Desde el Consejo, sus vocales recuerdan que existe un precedente cuando se formó el primer Tribunal Constitucional que el Gobierno de UCD nombró a sus dos magistrados, quienes se incorporaron al tribunal, mientras que los dos del CGPJ lo hicieron meses después porque en su momento no estaba aun en funcionamiento.