Es la imagen de la impotencia. Una lección de realidad para un pequeño municipio que solo quería hacer las cosas bien y levantar unas instalaciones sociales de primera categoría para sus habitantes. A día de hoy, a punto de su culminación e inauguración, la realidad ha explotado y ahora la situación es complicada: obras paradas, cuando estaban a punto de culminarse; retirada inminente de la subcontrata que está a punto de culminar la urbanización Ugartondo de Usurbil, donde se han construido 46 viviendas de VPO, 46 de precio tasado y 56 libres (faltan unas pocas por entregar), por el dinero que le adeudan; y conflicto y trabajos sin rematar en el centro cívico Txirikorda, un edificio de viviendas sociales integrado en esa misma urbanización y que pretende ser punto de encuentro intergeneracional. Ha costado casi dos millones de euros.
Txirikorda es la imagen que lo dice todo, el exponente de la falta de control en las obras públicas, según el sindicato ELA. Está prácticamente terminado, pero se enfrenta a importantes problemas para poder inaugurarlo y tiene sobre sí la espada de Damocles de trabajadores que no han cobrado por su trabajo y advierten de que podían ir a retirar lo que han montado.
La situación es difícil, porque la constructora que se adjudicó los trabajos de Txirikorda, Murias, ya ha cobrado prácticamente todo el dinero por parte del Ayuntamiento, según habría reconocido la propia alcaldesa al sindicato ELA. Pero el propio contratista no ha pagado la mayoría de los trabajos que había subcontratado a otras empresas y “ha dejado deudas a un montón de subcontratas. No me he encontrado a nadie que le hayan pagado su trabajo”, asegura Igor San José, el responsable de la Construcción de este sindicato en Gipuzkoa.
En cifras redondas, explica San José: se deben 300.000 euros a la empresa que ha instalado la calefacción y fontanería, que si no cobra, ya ha alertado de que no emitirá la documentación necesaria para poder certificar la apertura del centro. 120.000 euros a una pyme guipuzcoana de la construcción, a la que Murias y otra empresa del mismo grupo (Urbas) adeudan al menos 400.000 euros de varias obras; otros 15.000 euros a la empresa que ha gestionado los residuos del propio Txirikorda, también deudas de mayor cuantía con el proveedor de hormigón y otras empresas.
El sindicalista asegura que el Ayuntamiento tiene este lunes una reunión con el contratista del grupo Urbas. De ella podría esperarse una solución, pero el sindicato ELA es pesimista. Asegura que el catálogo de empresas que tienen impagos por parte de las filiales del grupo Urbas es de “varias decenas y cada vez son más las que me llaman para decírnoslo, a raíz de que saltó la noticia de la paralización de las obras de Ikerbasque en Donostia”.
La paralización de las obras del centro de investigación de Ibaeta no se puede entender sin todas estas deudas que arrastran las empresas del grupo Urbas en otras obras”, reconoce Igor San José. Y el caso de Usurbil es un buen ejemplo. Se le “debe dinero” a pequeñas empresas cuya continuidad pende de un hilo y también a medianas y grandes, que “seguramente ya están apuntando en el cielo esas cantidades”, explica el sindicalista.
Es más, “si una constructora importante de Gipuzkoa ya se ha retirado de la obra de una urbanización que está a punto de terminar para un Ayuntamiento (Ugartondo en Usurbil), no es porque sí. Eso es significativo”, alerta San José.
Esta urbanización se la adjudicó a Jaureguizar, otra filial vizcaina del grupo Urbas. Y en este caso, la constructora guipuzcoana que había sido subcontratada para ejecutar las obras también ha dicho basta. Según ha podido saber este periódico, faltan unos 40.000 o 50.000 euros para culminar esta urbanización, pero la firma subcontratada se ha retirado porque, entre deuda vencida y pendiente, el riesgo de impago en esta obra de Usurbil superaba los 250.000 euros, a lo que habría que sumar más impagos que vienen de otras obras.
Ahora mismo, en el sector de la construcción de Gipuzkoa, la realidad percibida es que cualquier trabajo hecho para estas empresas del grupo Urbas, es trabajo de dudoso cobro. “Nadie quiere trabajar para ellos”, alerta San José. El ejemplo de Usurbil, según este sindicalista, expone bien a las claras la situación que se vive en muchas obras públicas.
ELA señala además que un importante Ayuntamiento de Gipuzkoa ha tenido que pagar directamente a las subcontratas para que se culminen los trabajos de una infraestructura esencial dentro del municipio por el mismo motivo.
“Vigilancia exhaustiva
Todo esto tiene una moraleja. San José tiene claro que este caso de las empresas del grupo Urbas, que “siguen adjudicándose” trabajos en Gipuzkoa, tiene que “marcar un antes y un después en las obras públicas”. Un futuro con “mayor control de lo que sucede en sus obras” por parte de los promotores.
“Se tiene que hacer una vigilancia exhaustiva. No me puede decir el Ayuntamiento que solo le faltan 12.000 euros para pagar una obra de dos millones y que no sepa que están sin cobrar todas las subcontratas. Entendemos su situación, pero tenemos que buscar una solución con el Ayuntamiento. Vemos el pasotismo total que tiene el grupo Urbas y si no hay una solución, las empresas no descartan ir a recuperar su material. Saben que es una obra social y pionera, pero ante esa desesperación, no les queda otra”, añade.
San José asegura que los promotores públicos “se tienen que poner las pilas, y que no se puede adjudicar las obras solo puntuando el precio (en un concurso público). Tienen que estar muy encima, y verificar que la subcontratación cobra en el plazo que marca la ley, 60 días, y que realmente se está pagando. Una obra ejemplar se mide en esos términos. Todos queremos que se inaugure Txirikorda, pero no con materiales y trabajos que no se han pagado”, dice.