La Ley de Bienestar Animal entrará en vigor este viernes 29 de septiembre. A partir de este día se prohíbe, entre otros aspectos, exhibir animales en escaparates, comprarlos en tiendas físicas o a través de Internet, los circos con animales, las peleas de perros o eutanasiar a un animal a no ser que sea por extrema necesidad.
Algunos aspectos de la nueva ley, como el seguro obligatorio para perros o el cursillo de formación para dueños, se han aplazado ya que necesitan de un reglamento para su aplicación. Aunque dicho reglamento ya está preparado, no puede ser elevado al Consejo de Ministros para su aprobación dada la interinidad del Gobierno español.
Sin embargo, una de las novedades no tan conocidas de la nueva Ley de Bienestar Animal es la prohibición de determinados collares para perros. Según la norma aprobada el pasado marzo, queda prohibido “el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal”, y en especial “collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo”.
Las multas por infringir alguno de los aspectos de la nueva norma van desde los 500 hasta los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
La Ley de Bienestar Animal entra en vigor medio año después de su aprobación
La entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra, de Podemos, se produce medio año después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Su tramitación parlamentaria no ha estado exenta de polémica con continuos tira y afloja en el seno del Gobierno de coalición a cuenta de los perros de caza, que finalmente han quedado fuera de la ley al igual que los de otras actividades específicas.
Las medidas incorporadas han suscitado fricciones no solo en el seno del Gobierno español sino asimismo de sectores como el científico y veterinario al considerar complejas algunas de las obligaciones o incluso perjudiciales para los animales en algunos casos, y también ha recibido críticas jurídicas y desde el ámbito social y político.
Para unos, las exigencias normativas traspasan los limites de lo que podría llamarse protección animal y consideran sobredimensionados los derechos de los animales, mientras que para otros las medidas se quedan cortas y critican especialmente que no beneficien a animales tan castigados como los perros de caza.