Estrasburgo sonroja a España. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le emplaza a demostrar que no se vulneraron derechos fundamentales durante el procés y revisará la sentencia a los condenados por el 1-O, dando de plazo al Estado español casi cuatro meses para presentar sus alegaciones. No son los primeros recursos sobre la causa del proceso soberanista que Europa admite a trámite pero sí supone una novedad respecto al dictamen que emitió el Tribunal Supremo en octubre de 2019, cuando estableció penas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación para los líderes independentistas por delitos de sedición y malversación.
En la resolución del TEDH consta que los condenados alegaron haber visto vulnerado –entre otros– el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que fija que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional” y que contempla que tampoco podrá ser impuesta “una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”. Las defensas se mostraron en contra de la interpretación del Supremo del delito de sedición y del delito de malversación de caudales públicos. También se refieren a los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo –en referencia a los derechos de libertad de expresión y de reunión– al haber sido condenados por sedición cuando “simplemente habían alentado a la gente a participar en manifestaciones en defensa del proceso de independencia y a participar en un referéndum sobre la independencia de Catalunya”. El expresidente de la ANC. Jordi Sànchez, y el de Òmnium, Jordi Cuixart, reclaman que fueron condenados como representantes de entidades sociales y culturales, sin que formaran parte del Govern de la Generalitat. Algunos de los dirigentes castigados se han amparado además en el artículo 5 del Convenio –relativo a la libertad y a la seguridad– al considerar que el tiempo que pasaron en prisión fue “desproporcionado”; y hacen referencia, entre otros, al artículo 6, que contempla el derecho a un proceso equitativo. Sus quejas llegaron al TEDH después de que agotarán la vía en España cuando el Tribunal Constitucional les denegó el amparo.
Así pues, el TEDH traslada al Estado español media docena de preguntas que, en otra situación, obtendrían una réplica negativa pero que, tras las últimas reformas legislativas, incluida la derogación de la sedición, pueden propiciar otra respuesta distinta por parte de la Abogacía del Estado. Principalmente, porque el Supremo hizo “una interpretación imprevisible o expansiva del delito de sedición y/o de la malversación de fondos”. La sentencia tuvo que ser adaptada a la reforma del Código Penal pactada entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Esquerra, motivo por el que los condenados por sedición vieron cómo su condena se transformaba en desobediencia, aunque la malversación de caudales seguía intacta, lo que impidió verse también liberados del cumplimiento de la pena de inhabilitación.
Justicia e imparcialidad
Tras conocer la postura de Estrasburgo, el secretario general de Junts, Jordi Turull, señaló: “Nos vemos donde hay justicia e imparcialidad, y no venganza y persecución del independentismo”. Por su parte, el exconseller Josep Rull ironizó y aseveró que “los indultos no llegan por azar cósmico”. El president Pere Aragonès recalcó que poner las urnas el 1-O “nunca ha sido ni será un delito, sino pura democracia, y Europa solo lo puede avalar”. En un tuit se felicitó de estar ante “un nuevo paso para alcanzar la justicia que el Estado nos ha negado”. “Lucharemos por nuestros derechos y libertades, siempre y en todas partes. Por la resolución del conflicto, amnistía y autodeterminación”, zanjó el Jefe del Govern. Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras , centró su mensaje en que “la justicia centra el foco, una vez más, en las vulneraciones de derechos fundamentales ejercidas por el Estado”. Y añadió: “¡seguiremos luchando en todos los frentes para conseguir justicia!”. En términos similares se pronunció la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell: “Sabemos que no fue justicia, fue venganza. El TEDH ha pedido explicaciones al Estado español sobre aquella farsa”. El actual presidente de Òmnium, Xavier Antich, ve este paso como “una lucha por todos los represaliados, por los derechos humanos y por el derecho de Catalunya a su libertad”.
España debe contestar a este requerimiento del TEDH con un plazo establecido hasta el 12 de enero, aunque si prefiere puede hacerlo en español –eso sí, con traducción a inglés o francés– para el 9 de febrero.
Preguntas clave
Pendientes de la amnistía. Las preguntas más relevantes del TEDH a España son: ¿Hizo el Tribunal Supremo una interpretación expansiva de la sedición y la malversación? ¿Los recurrentes han sido condenados por el ejercicio del derecho de libertad de asociación y expresión? ¿Ha habido una privación de libertad que vulnera los derechos de los demandantes? ¿Hubo vulneración del derecho de defensa? Ahora bien, si se extingue la responsabilidad penal derivada del 1-O, la causa de Estrasburgo podría quedar extinguida.