Este viernes ha quedado visto para sentencia el juicio contra el exalcalde de Egüés, Alfonso Etxeberria (ahora concejal de Geroa Bai), por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos en el que también está implicado un vecino del valle, informático, por recuperar los datos de un ordenador propiedad de la Sociedad Pública Andacelay y que utilizó la ya exedil de UPN, Carolina Potau, hasta su dimisión en 2011. Ejercen la acusación particular Josetxo Andía, exalcalde y expresidente de la Sociedad Andacelay; Carolina Potau, secretaria, consejera y apoderada de la misma; y Estefanía Clavero, concejala de UPN, que piden para Etxeberria 4 años y 3 meses de prisión y 8 años de inhabilitación absoluta, y para el informático 2 años y 6 meses de prisión y 5.400 euros de multa.
En su última palabra, Etxeberría ha defendido que "han ido a por mí y se han querido cargar al mensajero". Ha indicado que trabaja en una fábrica a tres turnos, "no sabía de legalidades, ni de informática, lo hice lo mejor que supe y pude y con toda la prudencia. Todos los pasos que se han dado han sido para proteger la intimidad de las personas que aparecen en esas fotos y documentos, nunca para vulnerarla o revelar secretos. Prueba de ello son la firma del documento de confidencialidad, la clasificación de las fotos en diferentes carpetas, la exigencia al secretario de que nadie puede visualizar el dosssier y su traslado al juzgado y Fiscalía. Si nuestra intención hubiera sido otra no hubiéramos hecho nada de esto, y si durante este proceso alguien ha sentido eso, como según parece le pido disculpas", ha declarado.
Desde la Defensa han negado que estuviera la contabilidad en el ordenador –algo que la fiscal ha dicho que quedaba "plenamente acreditado"– y han explicado que "nadie solicitó ver las fotografías que habían sido catalogadas como personales y el sr. Etxeberria no las enseñó a nadie". Por otra parte, los partidos políticos, no el señor Etxeberria, "deciden de manera conjunta convocar una rueda de prensa para informar a la cuidadanía de lo que habían encontrado, dado que todos los partidos políticos consensúan un texto que se lee en la rueda de prensa, en la que no se entrega documentación gráfica alguna".
Han alegado una "clarísima falta de dolo" o intencionalidad porque Etxeberria "buscaba la documentación de la sociedad. Cuando el informático ejecutó el programa de recuperación de datos tenía dos opciones, recuperar fotos o todo. Ellos no buscaban fotos, y por eso, tal y como aseguró el informático en su declaración de manera espontánea, le dio a recuperar todo".Han señalado que las penas que pretenden imponerse por la causa son "totalmente desproporcionadas" y han aclarado que, respecto a los daños causados que esgrimen desde la acusación particular, "Carolina Potau fue expulsada de UPN por irregularidades y dimitió más de un año antes de esta situación relacionada con el ordenador; el señor Andia también dimitió por el tema de las preferentes; y la señora Clavero no sabemos qué daño moral ha recibido cuando sigue como concejala del Ayuntamiento de Egüés".
Por su parte, desde Fiscalía han señalado que ha quedado "plenamente acreditado" el acceso a principios de 2013 al citado ordenador "y la divulgación a terceros" de los datos recuperados. Ha dicho la fiscal que quedan claros "el apoderamiento y posterior difusión a terceros" de esos archivos y que entiende que "hubo una finalidad concreta de descubrir los secretos que la señora Potau podía tener en el ordenador y vulnerar su intimidad". El modo de recuperación utilizado –a su juicio "de forma indiscriminada, masiva e inconsistida para acceder a información que había borrado porque era reservada y privada"– revela "su ánimo doloso y antijurídico". Ha señalado que Etxeberria actuó en calidad de funcionario público "y abusó además de su cargo" y citó una sentencia que "legitima el uso para fines personales el ordenador puesto a disposición por el empleado".
Destrucción del ordenador
También desde la acusación particular han señalado que "el fin no justifica los medios" y han corroborado las conclusiones de la fiscal, además de valorar que "la finalidad era hacer un enorme daño al señor Andía". Eso sí, pidieron –además– el "decomiso y la destrucción" de los tres discos duros y del propio disco duro con el contenido del ordenador "y cualquier copia que se hubiera podido realizar".
Se trata de información que se llevó a Fiscalía y al Juzgado de Aoiz, donde por aquél entonces, durante esos años, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 mantenía abierta una causa contra Potau, Clavero y Andía por presuntas "irregularidades", causa que actualmente se encuentra archivada.
Chivite reconoce que hubo que requerir documentación "en reiteradas ocasiones"
En la vista, que se celebra desde el miércoles en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, han participado también concejales y concejalas que fueron consejeros de la Sociedad Pública Andacelay (destinada a la promoción de vivienda en el valle), en calidad de testigos, y miembros de la Cámara de Comptos que atestiguaron, con sus informes durante esos años, que se trataba de una entidad "opaca, poco transparente, que contaba con muy poca documentación y escaso control público".
Este viernes ha declarado la presidenta del Gobierno de Navarra María Chivite, también como testigo y tras haber sucedido como secretaria de Andacelay a Carolina Potau durante seis meses en 2012. Fue concejala del PSN en el Valle de Egüés de 2011 a 2013. Ha asegurado que, tras el intercambio de poderes –tanto Josetxo Andía, anterior alcalde, como Potau, ambos de UPN, dimitieron y la presidencia de la Sociedad pasó después a manos de Alfonso Etxeberria, que también fue elegido alcalde– "las peticiones de documentación eran constantes".
Había abierta una comisión de investigación para destapar presuntas irregularidades en torno a la gestión de la sociedad urbanística y "no siempre era fácil encontrar la documentación, hubo que requerirla en reiteradas ocasiones aunque había cantidad de documentos que se podían consultar, mayoritariamente en papel".
Al asumir la presidencia, Etxeberria buscó en el ordenador que utilizaba Potau la información contable de Andacelay, al parecer sin éxito. Tras proceder a recuperar archivos que habían sido eliminados por la propia Potau en ese ordenador, "que era un ordenador público y estaba completamente vacío", insistió Etxeberria en su declaración del miércoles, encontró fotografías que demostraban la relación de varios políticos con representantes de empresas adjudicatarias de proyectos de vivienda en el valle, además de documentación relativa a las empresas Nasipa, Laranzor y Gesport. Esta información se dio a conocer en el consejo de administración de Andacelay y se celebró posteriormente un pleno, en 2013, en el que se decidió llevar esos archivos a los juzgados (había una causa abierta con la que guardaban relación). Se hizo firmar a los consejeros de la sociedad que quisieron acceder a la información "un documento de confidencialidad" y todos los partidos de la oposición convocaron una rueda de prensa "para trasladar a la opinión pública lo sucedido".
Sobre el contenido del ordenador, Chivite ha señalado que ella nunca llegó a verlo, y que su compañero de partido, Mikel Bezunartea (que declaró el jueves como testigo) le dijo que no podía explicarle lo que había visto (él si visualizó el contenido) porque había firmado el citado documento de confidencialidad. "No tengo un recuerdo de que hubiera un dossier en ese pleno y nunca vi ninguna foto", ha dicho la presidenta. En la sesión de este viernes se ha visualizado la rueda de prensa de 2013 y también han declarado dos peritos de la Guardia Civil, que analizaron en su día los 3 discos duros y el contenido del ordenador y han confirmado que se habían borrado 122.900 archivos en una carpeta con el nombre de "Andacelay".