Los días 5 y 6 de mayo tendrá lugar en Bilbao un workshop en el que el Gobierno vasco sumará la perspectiva estatal e internacional al plan sobre justicia reparadora dirigido a las víctimas y a todo el colectivo de presos, sin distinción.
¿Cómo definiría la justicia restaurativa en pocas palabras?
—La justicia restaurativa pone el foco en reparar las consecuencias del delito más que en el castigo. Facilita a las víctimas y a los victimarios participar activamente en la reparación con la ayuda de un tercero, un facilitador independiente y cualificado. De esta forma, la víctima puede expresar sus necesidades y participar en el modo en que el victimario puede reparar el daño, y sirve al victimario para tomar conciencia de las consecuencias del delito cometido y responsabilizarse.
Hasta la fecha, su uso se ha limitado prácticamente a la fase penal, no a la penitenciaria.
—Contribuye a humanizar la justicia no solo en la fase de instrucción y enjuiciamiento penal sino cuando ya hay una condena firme y se está cumpliendo prisión. No es algo alternativo al sistema de justicia penal pero sí que puede complementarlo. Muchas veces, la sentencia no llega a satisfacer las consecuencias que para las víctimas tiene el delito a nivel de una reparación moral.
El reto es, por tanto, incorporar esta herramienta a la política penitenciaria, una vez la competencia se ejerce desde Euskadi.
—En el documento de bases del modelo penitenciario vasco hay seis principios ordenadores y uno de ellos es precisamente la perspectiva restaurativa. Consideramos que en prisión existen oportunidades para la justicia reparadora que no se dan antes de la sentencia.
¿A qué oportunidades se refiere?
—Cuando hay una sentencia, hay unos hechos que están probados y que sirven de base para unos posibles encuentros restaurativos. Para que víctima y victimario puedan llegar a sentarse tiene que haber un suelo porque si no aceptas el delito, no hay posible reparación. La instrucción y el enjuiciamiento también permiten que pase un tiempo prudencial desde los hechos, lo que puede ser suficiente para que el victimario reflexione sobre el daño que ha producido y para que la víctima mitigue los deseos de venganza.
¿Cuáles son las motivaciones que pueden llevar a víctima y victimario a querer participar?
—Muchas veces la víctima lo único que quiere es saber por qué le ha pasado eso, por qué ha llegado a ser víctima. Otras veces no solo quiere una explicación, sino comprender también por qué ha pasado. A veces, el victimario es el que necesita ponerse en contacto con la víctima para expresarle su arrepentimiento o pedirle perdón. Todos los estudios que se conocen dicen que suele tener un efecto beneficioso para ambas partes. Tanto la víctima como el victimario tienen que dar su libre consentimiento informado para entrar en un programa de justicia restaurativa. Y en un momento determinado, ambos pueden desistir del mismo. Porque son procesos exigentes, sobre todo para el victimario.
Este proceso también es beneficioso para la sociedad porque recupera al victimario.
—Queremos focalizar todos los programas terapéuticos que se llevan a cabo en prisión teniendo en cuenta la perspectiva reparadora. Orientando las medidas de reinserción a la reparación de la víctima o de la sociedad, e incidiendo aún más en los trabajos en beneficio de la comunidad para que también el victimario haga una restitución social.
¿Cuándo se producirán las primeras experiencias restaurativas en las cárceles de Euskadi?
—Durante el segundo semestre de este año no nos vamos a centrar en que haya encuentros entre víctimas y victimarios, vamos a trabajar sobre todo en la fase previa de hacer talleres restaurativos con los victimarios que quieran presentarse.
¿Son talleres a nivel informativo?
—La justicia restaurativa es un proceso, empieza preparando, concienciando a los internos mientras se trabaja con las víctimas por separado. Esos talleres están estructurados en varias sesiones en las que se profundiza con los internos sobre conceptos como el daño y la reparación. Después se trabaja en la medida en que vayan avanzando en ese proceso de responsabilización del daño, primero grupalmente y después individualmente. El encuentro con las víctimas tiene que ser posterior, cada proceso lleva su propio tiempo, no hay que forzar la situación ni para la víctima ni para el victimario.
¿Pero tienen constancia de que ya hay presos interesados en tomar parte en este proceso?
—Hay internos que sí han manifestado que estarían dispuestos a participar. No puedo cuantificar cuántos pero en unas sesiones informativas de Berriztu hubo bastantes que quisieron oír de qué va esto. Sí parece que hay interés pero a ver en qué se materializa.
¿Entre los que han mostrado ese interés hay presos de ETA?
—Algunos de los que han sido trasladados a Euskadi en los últimos meses han participado en procesos de justicia restaurativa. Incluso tenemos constancia, por sus escritos, de presos de ETA que manifiestan estar dispuestos a participar en procesos de justicia restaurativa.
Escritos recientes, de ahora.
—Sí, sí.
¿Entre ellos están algunos de los ocho a los que el Gobierno vasco les ha concedido el tercer grado?
—Creo que alguno sí lo ha dicho expresamente. Ahora mismo dentro de la población penitenciaria hay una expectativa porque va a haber programas de justicia restaurativa. También es cierto que la participación en los mismos no supone ningún beneficio penitenciario.
Aparte de esos ocho presos de ETA (solo un caso, el de 'Fiti', recurrido por la Fiscalía), ¿hay nuevos casos de arrepentimiento de reclusos mediante este tipo de cartas?
—La palabra arrepentimiento no la suele emplear prácticamente ningún preso. Son escritos, normalmente manuscritos, en los que los internos asumen los delitos cometidos y se responsabilizan de sus consecuencias. Y son valorados por las juntas de tratamiento a la hora de proponer una progresión de grado.
¿Pero están apareciendo nuevos escritos de presos de la banda?
—Escritos de ese tipo, de asunción del delito y de rechazo de las vías violentas, ya se venían produciendo desde hace unos años. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional entendía que en algunos casos eran muy estereotipados y exigía escritos más personalizados y que incluso hicieran expresa referencia a la petición de perdón a las víctimas, etc. En los casos en los que se ha accedido a la progresión de grado, de su lectura se desprende que hay un proceso de reflexión personal de empatía hacia las víctimas, y por eso la Fiscalía ha entendido que la progresión era correcta.
¿Hasta qué punto esta posición de la Fiscalía supuso un espaldarazo a la actuación del Gobierno vasco?
—Está bien que entiendan que lo que hemos acordado es lo correcto, que nuestras resoluciones estaban bien fundamentadas. Pero que se recurra o que se revoque un concreto acto de clasificación tampoco lo entenderíamos como un desdoro al trabajo de nuestros profesionales. Cada institución tiene un cometido distinto, el fiscal puede verlo de otra forma y recurrir, lo mismo que el juez puede no darle la razón. De hecho, de las progresiones que planteamos había una que el fiscal recurrió, ya veremos qué dice el juez de vigilancia penitenciaria.
En el último mes han sometido su estrategia a contraste con los actores del sistema penal y penitenciario. ¿Qué balance realiza?
—Hemos recibido aportaciones escritas, esperamos recibir más en las próximas dos semanas y estamos pendientes de las conclusiones del workshop, que creo que van a ser bastante significativas. Con todo eso refacturaremos el documento, lo aprobaremos y lo vamos a presentar en el Parlamento Vasco.
¿Cómo perciben este proceso las asociaciones de víctimas?
—En su momento les anticipamos las líneas generales a la AVT y a Covite. Trabajamos muy de la mano de la viceconsejería de Derechos Humanos, que tiene un mayor contacto directo con las asociaciones y con muchísimas víctimas concretas. Y hemos facilitado el documento a todas las asociaciones del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.
¿Están abriendo camino en el Estado con esta labor?
—Nuestra novedad es incorporar una estrategia que sirva con independencia de la edad de los victimarios, la tipología delictiva y la fase del proceso penal, con un enfoque global que podamos evaluar.