Euskadi terminó el año 2022 con el menor número de perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) desde que en 2012 Lanbide comenzase a gestionar esta prestación. Por aquel entonces, la RGI cubría las necesidades básicas de 55.000 personas vulnerables. Por primera vez en una década, el pasado mes de junio se logró bajar de 50.000 perceptores y al cierre de diciembre un total de 49.413 personas eran titulares de la Renta de Garantía de Ingresos, 3.310 menos que un año antes (-6,28 %) tras encadenar siete meses consecutivos de descenso.
Según el Departamento de Trabajo y Empleo, la reducción paulatina desde febrero de 2021 responde a la consolidación de la fase de recuperación del empleo, que en el año recién terminado ha superado los máximos de afiliación a la Seguridad Social y cuya cifra definitiva se conocerá hoy. Si se observa el cuadro de monitorización de la RGI, el grueso de las personas que perciben esta ayuda son parados (26.649 personas, 2.469 más que noviembre), les siguen los pensionistas (12.686 personas, 244 menos) y los trabajadores en precario (7.701 personas, 676 menos). Por último se encuentran las 2.277 personas que se hayan en exención del mercado laboral.
En la actualidad, las cuantías máximas que reciben las personas perceptoras de RGI son de 727 euros para una persona, de 934 para dos personas y para unidades convivenciales con tres o más personas de 1.033 euros. En el caso de los pensionistas, una persona recibe 834 euros al mes, con una unidad convivencial de dos personas 1.043 euros y con tres o más 1.126 euros.
Lanbide también ofrece cobertura a 9.866 personas más que tienen derecho al Ingreso Mínimo Vital pero no a la RGI, gracias a la ventanilla única creada con éxito desde que Euskadi asumió la transferencia. De esta forma, 2022 terminó con 19.794 expedientes que reconocen el derecho al IMV, de los cuales 9.928 pueden complementarla con la RGI. El pasado mes de marzo, los gobiernos vasco y español firmaron el traspaso definitivo del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el último colchón social de 491,63 euros para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión de las personas que viven solas o carecen de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas.
Dos meses después, el Consejo de Gobierno Vasco dio luz verde al proyecto de Ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión, más conocida como la Ley de la RGI que, además de integrar el IMV y complementar su cobro con la RGI o las Ayudas de Emergencia Social (AES), se amplían las coberturas. Además, se mejoran las cuantías para las personas más vulnerables (hasta un 40% a familias con menores a cargo y hasta un 17% a pensionistas).
El servicio público tiene reconocido este complemento a 8.488 familias vascas, de las cuales 646 serían APIs puras, esto es, que no acceden al IMV por no cumplir con los requisitos para esta prestación. Al cierre provisional del año, los pagos en estas prestaciones han sumado un total de 467.121.576 euros, de los cuales 302 millones corresponden a RGI (43 menos de los 345 millones presupuestados), 87,5 millones al IMV (de los cuales 6 corresponden a APIs) y 77,6 millones a PCVs (10 menos de lo previsto para 2022).
Con la entrada del año la cuantía base de la RGI se incrementará un 8,5%, hasta que dentro de tres meses entre en vigor la nueva Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobada el pasado 22 de diciembre prevé que se incorporen personas que ahora no pueden acceder a esta prestación, y el presupuesto para ello es de 565 millones de euros, un 20% más de lo ejecutado este año.