El espionaje practicado mediante el sistema Pegasus, principalmente contra el mundo independentista, aún trae cola, sobre todo en Europa, desde donde presionan a España para que investigue a fondo y compense a las víctimas, hasta el punto de que la Eurocámara enviará en marzo una delegación para abordar el asunto. La ponente del comité del Parlamento Europeo que indaga sobre uso de este tipo de softwares en la Unión Europea (UE), Sophie In’t Veld, apremió ayer al Estado a “clarificar del todo” este tema, según apunta la dirigente liberal neerlandesa en el borrador que presentó ayer, y donde se recogen “infracciones” en la implementación de la ley europea, así como la “falta de acción” de la Comisión Europea y los Estados miembros para abordar “la amenaza a la democracia” que supone el espionaje.
Según el texto de la ponente, el espionaje en España tiene dos vertientes: la dirigida a líderes del Gobierno como el presidente Pedro Sánchez, y la del Catalangate , que afecta a líderes y personas relacionadas con el independentismo. Ante la demanda de más información a las autoridades españolas, Sophie In’t Veld censura que no hayan dado explicaciones alegando motivos de seguridad nacional. De hecho, el documento critica que los Estados utilicen esto como “pretexto” para evitar dar explicaciones porque ello “no les exime de su obligación de cumplir la ley”, de ahí que la ponente pida a Bruselas fijar una “definición legal común” de seguridad nacional. “Hay que definir qué reglas aplican y que estén en base a estándares europeos, ya que esto se ha convertido en el salvaje oeste”, recalcó.
Falta de voluntad
Este borrador reprocha la “reticencia” de los Estados a investigar los ataques y el “lento progreso” y “falta de transparencia” en las investigaciones judiciales. “Ningún Estado, ni el Consejo de Europa, ni la Comisión Europea, tienen la voluntad de poner luz en el escándalo de espionaje”, subraya la política liberal. Recientemente, el abogado del expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, acusaba a los juzgados españoles que instruyen distintas causas del espionaje a través del sistema Pegasus de dilatar voluntariamente sus investigaciones: “Solamente se darán pasos importantes cuando aparezca un juez espiado”.
Aparte de medidas concretas a Polonia, Hungría, Grecia, Chipre y España, en términos generales la resolución de In’t Veld pide una moratoria sobre el uso de estos programas, estudiando posibles excepciones para Estados miembros que hayan demostrado un uso responsable y de acuerdo a los derechos fundamentales. La neerlandesa propone eximir a periodistas, abogados y políticos de poder ser espiados y que haya un “acceso retroactivo ilimitado” a los mensajes, entre otras cuestiones. Ahora, el resto de eurodiputados pueden presentar enmiendas a este borrador, que se votará después en el comité, así como la recomendación final. El texto se votará finalmente en el pleno.
Entre tanto, la comisión de investigación del Parlamento Europeo acordó mandar una misión a Madrid para poner la lupa en el uso de este programa de cibervigilancia, visita que tendrá lugar los días 20 y 21 de marzo. Aún sin agenda definida, estas delegaciones parlamentarias suelen acudir a los países para mantener reuniones con miembros del Gobierno, la sociedad civil o periodistas. Tampoco se conoce su composición, si bien habitualmente está integrada, como mínimo, por un diputado por partido político hasta un máximo de doce miembros. De esta comisión forma parte el propio Puigdemont, que no está adscrito a ningún grupo parlamentario europeo. A priori, los miembros no inscritos no acuden a estas misiones pero el presidente y coordinadores de la comisión pueden decidir lo contrario. Otros componentes de esta comisión son el socialista Juan Fernando López Aguilar y el popular Juan Ignacio Zoido.