Euskadi aplaude la fórmula tasada para el reparto de menores migrantes pero pide financiación

Tras varios meses a salto de mata y sin un criterio definido de obligado cumplimiento, el Estado español tiene al fin un plan para distribuir por las comunidades autónomas a los menores migrantes que llegan sin la compañía de un adulto y que se han acumulado en las islas Canarias hasta alcanzar los 5.800. Se trata de poner fin al reparto desequilibrado que ha tensionado a determinados territorios que han sido más solidarios, como los vascos, y evitar el hacinamiento de esos niños y niñas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con Junts una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para reubicar a los menores que desbordan los recursos de las islas Canarias, y el Ejecutivo vasco de Imanol Pradales lo ha celebrado por tres razones: finalmente hay una fórmula clara, tasada y medible para el reparto, con fuerza legal para que todos se hagan corresponsables; se han “tomado como base” los baremos que han defendido durante meses el presidente canario y el lehendakari, lo que incluye valorar el esfuerzo realizado por cada comunidad; y se ha activado un fondo extraordinario de 100 millones para las más afectadas.

Aunque no se diga en público, también es motivo de satisfacción que las comunidades que menos han contribuido, como la de Madrid, tengan que realizar ahora un esfuerzo adicional. O, al menos, eso se pide. El Gobierno vasco no minusvalora este avance, que es música para sus oídos tras haber denunciado la situación límite de los recursos en Bizkaia. Pradales llevaba meses buscando un acuerdo sin éxito, e incluso se alió con el canario Fernando Clavijo en la conferencia de presidentes que tuvo lugar el año pasado en Santander, pero la utilización de este debate como arma política del PP contra el PSOE impidió cualquier avance. Sin embargo, la satisfacción no es plena, y el Gobierno vasco quiere que se reconozca a Euskadi como frontera norte y que lleve aparejada una mayor financiación. 

De manera oficiosa, se baraja que la comunidad autónoma tenga que recibir a unos 90 menores más, del total de 5.800 que se encuentran en Canarias. Pero esta no es una cifra oficial ni ha salido por boca del departamento de Nerea Melgosa. Este dato contrastaría con los 700 o más que se perfila que tenga que atender adicionalmente la Comunidad de Madrid. Catalunya podría recibir a 20 o 30.

¿A cuántos atienden ahora mismo las instituciones vascas? Fuentes de la Diputación de Bizkaia consultadas por Grupo Noticias aseguran que la cifra de menores acogidos en este momento sigue rondando los 600 en el territorio. Desde Araba, las fuentes consultadas contabilizaron 80 en su herrialde. Gipuzkoa especifica que atiende a unos 175. En total, la comunidad autónoma estaría atendiendo ya a 855, y a ellos habría que sumar esos 90 que llegarían en virtud del decreto, pero este cálculo es absolutamente oficioso. Fuentes del Ministerio de Política Territorial consultadas por este periódico también insistieron en que no hay ninguna tabla con las cifras de reparto, sino únicamente unos criterios que se aplicarán en cuanto las comunidades remitan las cifras de los menores que acogen en la actualidad, algo que todavía no han hecho y podrán hacer hasta el 31 de marzo como plazo final.

La fórmula

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el decreto aprobado, que recoge una reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, y una consignación económica de 100 millones para los traslados y para gestionar la sobreocupación. En el punto 35.2 se prevé que una comunidad entre en estado de “contingencia migratoria” si la presencia de menores no acompañados multiplica por tres su “capacidad ordinaria”. En ese caso, podrá solicitar al Estado que active las previsiones de este decreto para reubicar a los niños.

Pero, ¿cuál es la capacidad ordinaria? Se obtendría dividiendo la población del Estado español (en cifras redondas, el ministro habló de 50 millones), entre el número de menores en todo el Estado (en cifras también redondas, habló de 20.000); y, a continuación, habría que tomar la población de la comunidad autónoma y dividirla por ese número. En el caso vasco, la cifra no llegaría a 900. Está muy cerca (o directamente da en la diana) de las cifras actuales de acogida, en consonancia con la situación de tensionamiento de la que alertaba el lehendakari. Pero este cálculo de la capacidad ordinaria parte de unas cifras estatales que puso el ministro como mero ejercicio de redondeo para entender la fórmula, sin intención de ser exhaustivo. Las cifras oficiales se conocerán en abril, porque los gobiernos autonómicos tendrán que enviar el recuento de los menores que están atendiendo hasta el 31 de marzo.

En el caso de que se triplicara esa capacidad ordinaria, la comunidad afectada podría pedir al Estado que pusiera en marcha las previsiones de este decreto para repartir a los menores en otros territorios. Es el caso de Canarias y Ceuta. En el reparto tendrán peso los siguientes baremos y en la siguiente proporción: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo realizado (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). ¿Qué sucedería si una comunidad autónoma (por ejemplo, las del PP) no enviara sus cifras? El Ministerio recurriría a su propia base de datos. Torres dio por hecho, de todos modos, que con el aval de Junts la fórmula tendría los respaldos necesarios para su convalidación en el Congreso.

La reacción vasca

La portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, celebró en general el acuerdo como un paso “positivo”. Pero añadió que la reforma tendrá en cuenta de manera genérica a los territorios fronterizos, mientras que la comunidad autónoma vasca “echa en falta” una alusión expresa a la frontera norte. El propio ministro Ángel Víctor Torres reconoció que “el País Vasco y Catalunya son de los territorios más acogedores, aunque los niños no les llegaron en cayuco”. La comunidad autónoma es un territorio de tránsito hacia otros lugares de Europa, por la muga con el Estado francés.

En la mañana de este martes, el lehendakari Pradales habló por teléfono con Clavijo, y este miércoles tendrá lugar una reunión técnica entre los equipos de trabajo de Melgosa y las autoridades canarias. En un tono diplomático, Ubarretxena puso en valor que exista un acuerdo y, aunque hay “margen de mejora”, prefirió poner el foco en lo positivo. Tampoco quiso dar una cifra oficial o siquiera una estimación sobre los menores migrantes no acompañados a los que tendrá que acoger adicionalmente la comunidad autónoma. La principal reivindicación ahora mismo es la categoría de frontera norte, que llevaría aparejada una mayor financiación y, hasta la fecha, Canarias lo ha respaldado.