Euskadi aplicará un canon de 20 euros por tonelada de residuos no peligrosos en vertederos

Quien contamina paga se hace extensible a la gestión de los residuos. A partir del 1 de enero de 2023 entra en vigor el canon estatal de vertido para los materiales no peligrosos, fijado en diez euros por tonelada. Euskadi tiene previsto ir incluso más allá. El Gobierno Vasco plantea subir esa tasa de un modo progresivo hasta llegar a los 20 euros por tonelada en 2025, según ha dado a conocer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia.

Se trata de una de las medidas contempladas en la hoja de ruta que ha presentado este miércoles el Gobierno Vasco, cuyo fin para los próximos años persigue minimizar el vertido de los residuos -diez millones de toneladas menos entre este año y 2030-, reforzar el control de los vertederos, y garantizar para 2024 la autosuficiencia de las instalaciones. De tal manera, que tengan capacidad suficiente para recibir el vertido generado en Euskadi y no sea necesario llevarlo fuera del territorio.

Tapia ha presentado en la sede del Gobierno Vasco en Donostia el paquete de actuaciones con el que se quiere dar "un giro completo" al modelo de tratamiento de los residuos no peligrosos. "No hablamos solo de vertidos sino de economía circular, de ecodiseño. Se abren grandes oportunidades para una economía distinta, que luche contra el cambio climático", ha señalado la consejera, que ha detallado las futuras necesidades de vertido de la economía vasca en la próxima década y la manera de hacerles frente.

El horizonte marcado es 2030. Ocho años por delante en los que será determinante la apertura de instalaciones de revalorización, sin dejar de responder a las urgencias actuales. Tras el siniestro de Zaldibar y el cierre de los vertederos de Mutiloa y Larrabetzu, existe actualmente un déficit de capacidad de vertido, que está afectando al depósito de residuos no peligrosos. Se estima que durante este año ese déficit puede ser cercano a las 400.000 toneladas.

Ocho vertederos activos

Uno de los objetivos "clave" de la hoja de ruta es dejar de verter diez millones de toneladas entre este año y 2030. Entretanto, son ocho los vertederos llamados a dar una respuesta temporal, dos de ellos en Gipuzkoa. Se trata de Epele (cierre previsto en 2025) y Aizmendi (San Marcos), a los que se suma Gardelegi (Araba), y los vertederos de Igorre, Bistibieta, Betearte, Zalla y la futura restauración ambiental de Artxanda, en Bizkaia.

El Gobierno Vasco estima que con estas instalaciones se incrementará la capacidad de vertido en 4,7 toneladas, cantidad que se entiende "suficiente" para hacer frente a las necesidades que fija el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Euskadi 2030 aprobado el año pasado. El objetivo, entretanto, es la "reducción drástica" de los residuos.

Las previsiones sitúan la necesidad de 1.500.000 toneladas anuales hasta el año 2024, un total de 825.000 toneladas por año entre 2025 y 2026, para bajar posteriormente hasta las 450.000 toneladas anuales en los dos siguientes años. La idea es terminar por situarse en 300.000 toneladas por año en 2029 y 2030. Un objetivo ambicioso que exige implantar una batería de medidas.

A este respecto, Tapia ha señalado que Euskadi fijará el nuevo canon de vertido a partir del 1 de enero de 2024. En realidad, esta medida entrará en vigor este próximo año, fijada en diez euros por tonelada, tal y como contempla el canon estatal. En Euskadi, tomando como base estudios realizados en diversos países europeos, se ha elaborado una propuesta técnica que plantea subir progresivamente esa tasa hasta los 20 euros por tonelada en 2025. Ese mismo año, "se revisaría esa cifra en función de los resultados obtenidos", señala la consejera.

La apuesta por una economía cada vez "cada vez más circular" pasa por la construcción de plantas de valorización. "Necesitamos nuevas instalaciones para la reutilización de residuos que hoy por hoy no existen", ha indicado la consejera, que ha dado cuenta de un total de 54 proyectos en los que están inmersas 36 empresas, "la mayoría del sector privado". A las ayudas destinadas al sector para fomentar el reciclaje y la valorización, se suma la aprobación en los próximos años de hasta diez decretos "que abren nuevos usos a los materiales secundarios y prohíben su vertido".

Dejar de exportar residuos

Las medidas previstas para solventar el déficit de capacidad de vertido permitirán que, según cálculos del Gobierno Vasco, a partir del año 2024 se pueda cumplir "el principio de autosuficiencia y proximidad". De este modo, Euskadi dejará de llevar fuera del territorio las 100.000 toneladas anuales de residuos no peligrosos, como viene ocurriendo desde 2020.

Además, en los próximos años se adecuará la capacidad existente en los vertederos públicos o con participación pública hasta alcanzar un máximo de 12 millones de toneladas que garanticen la capacidad de vertido hasta 2040. "Esto permitirá compensar el déficit actual y asegurar la autosuficiencia del territorio", ha indicado Tapia.

El plan contempla que a partir de 2024 se pueda iniciar una clausura progresiva de un total de 13 vertederos; cuatro de ellos son de residuos no peligrosos, cuyo cierre está previsto en 2024 (Lapatx, Urteta, San Marcos y Mutiloa). "Las clausuras irán acompañadas de trabajos de restauración y regeneración ambiental de esos espacios", ha apuntado Tapia que ha recordado que, en la actualidad, "todos los vertederos tienen un control por parte de la Administración ambiental para un periodo de 30 años". Durante ese periodo de tiempo "se vigilan las emisiones de gases, los lixiviados, las aguas subterráneas y superficiales, así como el asentamiento y desplazamiento del terreno", ha precisado.

Todos los vertederos clausurados tienen un sistema de recuperación de gases y sus promotores deben adaptar el espacio para un adecuado uso posterior, según marca la Ley 4/2015 para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.