Euskadi avanza en la gestión del IMV a la espera de que Escrivá desbloquee el traspaso

El Gobierno vasco está realizando movimientos para sentar las bases del modelo de gestión del Ingreso Mínimo Vital. Supone tener los deberes hechos a falta únicamente de que el ministro Escrivá pulse el botón, deje atrás sus objeciones y desbloquee la transferencia para que esta ayuda se pueda gestionar en su integridad desde Euskadi. El objetivo es integrar esta prestación al cien por cien en una sola ventanilla con la Renta de Garantía de Ingresos vasca que ya funciona desde hace décadas, para que los trámites sean más sencillos para la ciudadanía. El diseño del sistema corresponde a la vicelehendakari segunda y responsable de la cartera de Trabajo y Empleo, la socialista Idoia Mendia.

Hasta que se produzca la transferencia, funciona una encomienda de gestión provisional, donde la Seguridad Social se reserva la tutela y la última palabra para pagar el IMV, que es una ayuda estatal de reciente creación. Y Mendia ha anunciado este viernes un acuerdo con el Ministerio de la Seguridad Social para simplificar las tareas, que no sean los ayuntamientos vascos los que se encarguen del cumplimiento de los requisitos para cobrar la ayuda, y que esta tarea pase a Lanbide.

A efectos de la negociación de la transferencia, este movimiento no sería relevante, porque la gestión de los requisitos pasa de unas instituciones vascas (los ayuntamientos) a otra (Lanbide), y no significa que hayan pasado más funciones del Estado a Euskadi. Por ahí no se ha desencallado nada. Pero sí se produce un movimiento que se aproxima al modelo de ventanilla única con Lanbide como epicentro, y es una señal de la reordenación de funciones. En la actualidad, un total de 16.000 vascos que reciben la Renta de Garantía de Ingresos han visto reconocido de manera automática su derecho a percibir el IMV y, con este convenio, según las fuentes consultadas, podrían agilizarse las gestiones de varios miles más.

OCTUBRE, CASI EN EL ECUADOR DE LA NEGOCIACIÓN

Mendia presentó hace meses un borrador sobre la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión que solo trabaja con el escenario de integrar la RGI y el IMV y, por tanto, da por hecho que Escrivá tendrá que dar su brazo a torcer en lugar de seguir planteando la tutela de la Seguridad Social y abocar a los ciudadanos a iniciar una peregrinación de ventanilla a ventanilla. Si el ministro no cumpliera, obligaría a Mendia a cambiar la redacción de su proyecto. Este planteamiento llega desde una dirigente del socialismo, el mismo partido del gobierno en el que trabaja Escrivá.

En paralelo, la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi ha arrancado al Gobierno español el compromiso de enviar este mes una nueva oferta para un traspaso sin regateos. La ministra Isabel Rodríguez confirmó que, antes de que acabe el año, debería reunirse la Comisión Mixta de Transferencias para firmar este traspaso y las líneas de tren de cercanías. El departamento de Garamendi constata que el mes se acerca ya a su ecuador y quiere que Madrid dé señales. El Estatuto de Gernika respalda que Euskadi tiene la competencia exclusiva en asistencia social y, además, el Gobierno español incluyó la previsión de la transferencia en su decreto 20/2020. Debería haber llegado el 31 de octubre de 2020 como pactó con el PNV.

Al mismo tiempo, el PNV presiona con este traspaso en el marco de la negociación de los Presupuestos con el Gobierno español de Pedro Sánchez, y avisa de que tendrá que cerrarse en dos o tres semanas. Coincide con el plazo estimado para debatir las enmiendas a la totalidad de las Cuentas en el Congreso de los Diputados, el 27 o 28 de octubre, de ahí que al Gobierno español se le complique la opción de apurar hasta el final del mes.

MONTERO ESPERA UN ACUERDO CON EL PNV

En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió a deshacerse en elogios con el PNV, confió en alcanzar pronto un acuerdo y repitió que el proyecto presupuestario incluye de saque algunas de sus exigencias, pero siguió sin concretarlas. La única comunicación que hizo el PNV se limitó a anunciar que el Gobierno español ha publicado la convocatoria de los 50 millones de euros en ayudas para la máquina herramienta que pactaron en las Cuentas de 2021.

La vicelehendakari ha comunicado el nuevo movimiento sobre el IMV al presidente de Eudel, Gorka Urtaran. En concreto, el departamento explica que el real decreto dice que el certificado acreditativo debe ser expedido por los servicios sociales competentes en materia de empadronamiento, residencia, convivientes o situación de exclusión social. "Sin embargo, la situación específica de Euskadi nos ha llevado a valorar y negociar una propuesta alternativa", explicó Mendia, quien esgrimió los servicios de interoperabilidad de Lanbide para contactar con otras administraciones, que permiten acceder a información como el empadronamiento. Además, la propia Eudel habría planteado en sus alegaciones al anteproyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos sus dificultades para llevar a cabo las certificaciones.

Mendia invoca el objetivo de "facilitar y simplificar a la ciudadanía el proceso" con una ventanilla que ya gestiona la RGI. De ahí el convenio con el Instituto de la Seguridad Social. El departamento tiene por delante cierta tarea de pedagogía porque, al ser el IMV la base y completarse con una RGI que por lo general es más garantista, los ciudadanos que no soliciten la prestación estatal perderán la vasca.

GESTOS SIN CONCRETAR

La ministra Montero volvió a dejar patente que quiere contar con los votos del PNV, un socio de investidura al que se refirió como un partido "muy serio, que cumple con lo que promete y, cuando llega a acuerdos, estos persisten hasta el final, al igual que hace el Gobierno", según dijo en La Sexta. Respondía así a los recelos de Andoni Ortuzar, que quiere ver el proyecto y cotejar si recoge las inversiones plurianuales en pasos a nivel y el TAV; y hacer cumplir cuestiones como el traspaso del Ingreso Mínimo Vital. Montero volvió a decir que el proyecto recoge "muchas de las cuestiones" que piden PNV y ERC, aunque vio "lógico" que las formaciones "prioritarias" busquen protagonismo. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, guiñó a ERC y EH Bildu en Televisión Española, y opinó que las aportaciones de Podemos acercan su apoyo.