donostia – El Gobierno Vasco no renuncia a congregar en una misma mesa a sensibilidades distintas para asentar la convivencia tras décadas de violencia. La consejería de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Beatriz Artolazabal ve una ventana de oportunidad en los dos próximos años sin elecciones que distorsionen el debate, y quiere plantear en el segundo semestre de este año o el primero de 2022 ese espacio de encuentro. La Ponencia de Memoria en el Parlamento Vasco colapsó por las tensiones entre los partidos y en esta legislatura se ha decidido no constituirla, pero ahora persigue una nueva dinámica que podría ir más allá de los partidos y abarcar a distintos agentes. El formato se deja abierto para que no sea un impedimento. Busca trasladar a un ámbito "macro" iniciativas exitosas a nivel "micro", como los foros por la convivencia municipales que arrancaron en Errenteria.
Esta apuesta se incluye en el Plan de Convivencia, Derechos Humanos y Diversidad 2021-2024, Udaberri, presentado ayer en Gasteiz por la consejera; el viceconsejero de Derechos Humanos, José Antonio Rodriguez Ranz; y la directora Monika Hernando. El documento es un borrador abierto a las aportaciones de los distintos agentes y partidos, y se va a trabajar en verano para aprobarlo en Consejo de Gobierno en septiembre. Su objetivo se resume en una mayor y mejor convivencia teniendo en cuenta que la sociedad vasca ha avanzado en su diversidad. Se articula en tres agendas: la de convivencia (memoria, reconocimiento de víctimas y política penitenciaria), los derechos humanos, y la diversidad.
El combustible que mueve las intenciones de este plan es el esperanzador consenso unánime que se forjó en diciembre en el Consejo Vasco de Participación de Víctimas (con el Ejecutivo, la asociación de municipios Eudel y colectivos de víctimas como la AVT y Covite, que se dejaron pelos en la gatera): concluyó que todas las violencias fueron injustas, ya fueran de ETA, los GAL o los espacios de impunidad del Estado.
En septiembre u octubre podría concretarse algo más la metodología de los encuentros sociales "macro" que busca el Gobierno Vasco, aunque el formato no será un impedimento que haga que encalle el diálogo. En paralelo a esta iniciativa más de tipo social y de encuentro por la convivencia, el Instituto Gogora busca una base común en materia de memoria y trabaja en tres exposiciones con las víctimas en el centro. Gogora tendría que liderar el debate para alumbrar el documento de memoria compartida sobre el pasado que no fue posible en la Ponencia parlamentaria. En cualquier caso, la filosofía del foro de encuentro social y la del debate que quiere impulsar Gogora es similar. En este Instituto de la Memoria, también se tratará de desarrollar el proceso después del verano.
El documento apuesta por propiciar espacios de encuentro. Cita como ejemplo a seguir los encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios, los diálogos entre afectados por diferentes violencias, los testimonios de damnificados en las aulas, y las experiencias de foros para la convivencia en diversas localidades: "Procede seguir transitando por esta vía, impulsando y reforzando los programas, tratando de escalarlos para amplificar su resonancia y su indudable potencial transformador en aras de favorecer la cultura de la convivencia en la diversidad".
Ranz se fija en el ramillete de experiencias en más de una decena de ayuntamientos guipuzcoanos con el impulso de la Diputación, o también en Bilbao, e incluso piensa en otras dinámicas sociales entre grupos étnicos diferentes. La espita la abrió en 2013 el entonces alcalde de EH Bildu en Errenteria, Julen Mendoza, pidiendo un acercamiento a las víctimas del terrorismo e impulsando durante tres años y medio y lejos de los focos una dinámica de encuentros entre 18 vecinos de distintas sensibilidades, entre los que se encontraba el exalcalde socialista Juan Carlos Merino. Errenteria, una de las localidades más golpeadas por el terrorismo, sirvió de laboratorio de pruebas para una iniciativa que impulsó también un ciclo de cine y teatro con apoyo del PP.
El plan del Gobierno incorpora una segunda idea novedosa: que los episodios de exaltación pública de los presos de ETA a su salida de la cárcel, los ongietorris, deberían cesar cuando se normalice la política penitenciaria con una visión más humana desde las instituciones vascas tras haber acordado la transferencia de la competencia. Desde la izquierda abertzale se ha justificado esta demostración de respaldo en que estos presos vienen de padecer años de alejamiento o de régimen muy riguroso en prisión, en primer grado y sin permisos de salida. Si la estancia en las prisiones no se caracterizara por un régimen de excepción o más duro que para los presos comunes, esos ongietorris perderían el sentido que se les ha dado. El plan del Gobierno aboga por deconstruir la excepcionalidad, que los presos sean internados cerca de su hogar, y que se apliquen criterios humanitarios a aquellos con enfermedades graves, menores a cargo o mayores de 70 años.
Sobre los ongietorris, el debate es ético y no se plantea en clave penal. "Normalizar la política penitenciaria debe conllevar también la no realización de ongietorris públicos, ya que, más allá de su dimensión humana, afectiva, personal y familiar, de facto suponen una exaltación simbólica de la cultura política de la violencia y una revictimización de las víctimas", explican. Se aboga por el reconocimiento del daño causado, un enfoque restaurativo y el régimen abierto.
memoria El plan apuesta por dar continuidad a las políticas aplicadas hasta la fecha y profundizar en ellas. Tras la disolución de ETA en 2018, se apuesta por el reconocimiento institucional y social de todas las víctimas pero "sin equiparaciones, sin compensaciones y sin exclusiones". El Gobierno se prepara para reconocer a una primera tanda de víctimas al amparo de la ley que busca reparar los abusos policiales entre 1978 y 1999. Se plantea una memoria que incluya "todos los hechos", una "mirada no selectiva" que acoja el sufrimiento "de los míos y también de los otros". Y que sea crítica: "Podemos no compartir el diagnóstico, pero podemos y debemos compartir una valoración crítica de la sinrazón de la violencia".
Se reivindica un "suelo compartido", deslegitimar la "sinrazón de la violencia, porque ninguna causa política ni ninguna razón de Estado están por encima de la dignidad de la persona; una mirada crítica que concluya: fue injusto". Pide un documento de bases para una memoria compartida. El Gobierno tiene la mirada puesta en el espacio expositivo de Gogora, el memorial del 3 de marzo en Gasteiz y el Museo de Gernika. Aunque no se cita, no se descarta darle una vuelta al Palacio de Aiete para que Donostia tenga un espacio similar por su simbolismo en el fin de ETA.
El plan recoge también objetivos sobre los derechos humanos y sobre la diversidad sexual, religiosa o de procedencia. Se apuntan otros objetivos por desarrollar sobre las personas mayores, o sobre las necesidades de las personas discapacitadas. El Gobierno reivindica su trayectoria de planes de convivencia con el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe y el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.