Euskadi, con 106 eutanasias en tres años, entre las comunidades que más respetan la ley

Padecer enfermedades incurables, o un sufrimiento insoportable e irreversible suelen ser los principales motivos para que algunas personas tomen la decisión más drástica y no quieran continuar con sus vidas. A tres años de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia, en junio de 2021, un total de 106 personas con una enfermedad terminal o invalidante han recibido en Euskadi ayuda médica para morir. Hasta el 31 de diciembre de 2023, eran 85 los procedimientos de eutanasia que se habían practicado, prácticamente tres al mes.

Con estos datos se constata, según reveló ayer martes Loren Arseguet, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que la CAV se encuentra en “el grupo de cabeza” del Estado español en número de muertes asistidas por habitante, y que es una de las comunidades donde más se respeta la ley.

Por ello, la asociación denuncia la “enorme desigualdad” entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta diez veces más bajas en Murcia, Extremadura o Galicia.

El perfil mayoritario de los solicitantes vascos de eutanasia corresponde a pacientes con enfermedades neurológicas, en un 42%, seguido muy de cerca de los pacientes oncológicos, un 31%. La edad media de la persona que ha recibido ayuda médica para morir es de 71 años, aunque en los pacientes con cáncer, baja hasta los 67 años. Y también ha recibido la prestación una persona muy joven, de solo 37 años.

Por lo que se refiere a la estadística del Estado español, unas 750 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30% más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según los datos que hizo públicos ayer la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Fuentes del Ministerio de Sanidad, por su parte, los rebajaron ligeramente con 727 solicitudes y 323 eutanasias realizadas.

Tramitación farragosa

Aunque la aprobación de la eutanasia supuso un hito, y avanza progresivamente, aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, los datos son mucho menores de los que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia, estimaba para estos tres primeros años. En concreto, la tasa de muertes asistidas registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de fallecimientos en España.

“No sabemos si estas cifras tan bajas se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación”, lamenta el vicepresidente de DMD, Fernando Marín. Y es que a tenor de las últimas cifras oficiales casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir.

Además, DMD critica la “excesiva duración” del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20% del total.

En este sentido, Marín critica que “existe un maltrato institucional cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla... cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión”.

Así, pone el ejemplo de una mujer de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella “y ahí se acabó todo”. Finalmente murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.

“Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el médico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca”, se queja Marín.