Euskadi critica la parálisis del Ministerio y le exige remediar la escasez de médicos

“No hacen, ni nos dejan hacer”. El Gobierno vasco aumenta la presión sobre el Ejecutivo español para que actúe dentro de sus competencias y tome decisiones que permitan paliar la escasez de médicos, sobre todo, en la medicina de familia, en los ambulatorios. El Gobierno vasco había tratado de ampliar sus capacidades para ponerse manos a la obra y no tener que depender del Estado: pactó con el Gobierno español que las instituciones vascas asumieran la competencia para convalidar los títulos de educación superior que se obtienen en el extranjero, con el objetivo de agilizar así las colas existentes para ejercer distintas profesiones, pero el Tribunal Supremo ha lanzado un torpedo y ha tumbado esta transferencia. De ahí que el consejero de Salud, Alberto Martínez, redoblara este lunes su marcaje porque la situación es “crítica”. Dejando a un lado la diplomacia, pasó a recriminar de manera abierta al Ministerio de Sanidad, dirigido por Sumar, que no responda a una sola de sus propuestas. Desliza así que hay una falta de implicación.

¿Y qué fue lo que propuso este lunes Martínez? Quiere que el Ministerio de Sanidad reduzca desde los cuatro años vigentes hasta tres años el MIR para ejercer la medicina de familia. En la medicina de familia existe un problema crítico de falta de personal y, además, los plazos ni siquiera se homologan a otros estados del entorno como el francés, sino que son más largos en el Estado español. El consejero propuso que, al cabo de cinco años, esos profesionales puedan completar su formación, reciclarse o especializarse durante un año. Es decir, la propuesta del consejero supone tres años de formación, más uno posterior, pero dando la oportunidad a esos profesionales de incorporarse al trabajo al de tres años. Hay que tener en cuenta que el periodo de residencia es una formación con tutela, sin la cual no pueden atender pacientes por sí mismos. Antes de ese MIR, completan una larga carrera de seis años.

La medida está pensada para la medicina de familia, donde Osakidetza está con el agua al cuello, y sería voluntaria. El consejero añadió que tendría que acordarse con la comisión estatal. Según sus cálculos, en cuatro años se lograría duplicar el número de médicos disponibles. Sobre todo, su propuesta interpela al Ministerio de Sanidad y, en menor medida, al de Educación. “La situación requiere medidas extraordinarias. Me gustaría que el Ministerio diera alguna idea, porque hasta ahora no hemos recibido ninguna”, lamentó.

¿Cuál fue la respuesta del Ministerio? De nuevo, el rechazo. Desde el equipo de Mónica García descartaron que se vaya a poner en marcha esta medida porque el año pasado todas las comunidades aprobaron el programa formativo de esta especialidad. ¿No se puede cambiar? Parece más una cuestión de voluntad política, porque desde el Ministerio han filtrado ya a varios medios de comunicación que reducir la formación a tres años “sería un retroceso que comprometería la calidad asistencial”, y creen que se generaría un sistema a dos velocidades o dos niveles, donde algunos profesionales estarían mejor formados, y otros menos.

Martínez había puesto en evidencia que en los estados del entorno se aplica la propuesta que él defiende. “Cualquier médico que se forma en Francia, cuando acaba su carrera, sin tener que estudiar un año el MIR, en tres años es especialista en medicina de familia. En Italia, sin tener que estudiar un año el MIR, lo es en dos años. En Euskadi, necesita cuatro años para formarse después de estar un año entero estudiando el MIR. Planteamos unas medidas que van a ser arriesgadas y voy a ser criticado por ellas, pero planteamos, aunque sea de manera transitoria, que el MIR de familia en los próximos cinco años reduzca su duración a tres años como se hace en Francia. Y que en cuatro o cinco años puedan recuperar un año de formación. Es decir, que al cabo de cinco años puedan tener un año financiado para reciclarse en un proceso posterior”, defendió el consejero. Mientras tanto, el Gobierno vasco sigue estudiando la posibilidad de recurrir la decisión del Supremo ante el Constitucional o, incluso, emprender alguna acción conjunta con el Gobierno español. Al Estado le pide también una reforma jurídica para que las transferencias solo puedan ser juzgadas por los tribunales competentes, no por el Supremo; y también se espera algún plan B para salvar esta transferencia en concreto.

"No nos dejan hacer, ni hacen"

Pero, mientras tanto, el Gobierno vasco pide al Estado que actúe para solucionar esta escasez de médicos, porque la competencia es suya por ahora. También tiene la competencia para convalidar los títulos de especialidades médicas necesarios para ejercer. Aquí cabe matizar que el Ministerio de Sanidad es de Sumar y no del PSOE, con quien ha existido sintonía para acordar transferencias hasta la fecha. Por el contrario, no hay respuesta del Ministerio a otras cuestiones como las que propuso el lehendakari Pradales en la conferencia de presidentes de diciembre del año pasado, cuando propuso retrasar de manera voluntaria la edad de jubilación de los 70 años actuales a los 72 en atención primaria. El consejero vasco y la ministra Mónica García son ambos anestesistas, pero hasta ahí llegan las coincidencias.

Este lunes, el consejero ha alertado del “grave problema de déficit de profesionales”, un problema “crítico” que es el principal escollo que afronta ahora Osakidetza. “Y está generando un malestar profundo en la ciudadanía”, dijo, para mencionar casos concretos como la falta de pediatras en Gasteiz, o de psiquiatras infantiles en Bidasoa.

“Hacemos nuestro ese malestar. Esta situación crítica obliga a tomar decisiones. Con el fin de abordarlo, estuvimos el 6 de marzo con la ministra. El Ministerio no tenía ninguna idea. Fuimos con propuestas y, a fecha de hoy, no tenemos ninguna respuesta. Fue decepcionante, como la sentencia del Supremo. No nos dejan hacer, ni hacen. Nuestro objetivo es seguir tomando decisiones. Esta semana se reúne la mesa sectorial para acordar las plazas de difícil cobertura , la convocatoria que intentaremos hacer en abril. En abril también se adjudicarán las 11.000 plazas para ver qué ubicaciones quedan y pueden cubrirse con la OPE de difícil cobertura. Urge tomar decisiones, porque los problemas van a ir a más”, alertó.