El Gobierno vasco va a dar la batalla legal, pero la sensación generalizada es de calma. El Consejo de Gobierno ha decidido este martes solicitar su comparecencia en el Tribunal Constitucional para defender el "sólido soporte legal" de la transferencia del Ingreso Mínimo Vital, ante los recursos del PP y de Vox. El Ejecutivo autorizó a la consejería de Autogobierno de Olatz Garamendi a personarse ante este cuestionamiento del autogobierno por parte de PP y Vox. Ponen en duda que las comunidades con haciendas forales, la CAV y Nafarroa, puedan gestionar y pagar esta prestación.
Fuentes de la consejería de Garamendi adelantan a este periódico que el Gobierno vasco va a defender que el traspaso tiene soporte legal y constitucional, y que aplica la regulación constitucional y estatutaria del Concierto Económico. Además, las condiciones de la percepción de la prestación del IMV están reguladas por una única ley estatal, de manera que no hay ruptura de ninguna caja.
¿En qué se traduce todo esto y qué es lo que plantean PP y Vox? El Gobierno vasco recuerda que la Ley del IMV y los Presupuestos estatales defienden que las comunidades de régimen foral asumirán la gestión de esta ayuda, así como el pago de la prestación. Estos preceptos los recurren PP y Vox. Vox ha presentado en paralelo otro recurso ante el Supremo y ya ha dejado ver cuál es su argumentario: reconoce que, a diferencia de otras materias de la Seguridad Social, el IMV no se paga con las cotizaciones y, al restarle este hecho capacidad para presionar con el argumento de la ruptura de la caja única de la Seguridad Social, desvía el debate a los impuestos.
Lo que critica es que los vascos van a dejar de pagar 188 millones de euros del Cupo al Estado y, por tanto, van a dejar de aportar a los Presupuestos españoles en concepto de IMV. Pero este sistema del Cupo se aplica a todas las transferencias, va en la raíz del sistema foral y el Concierto, y oponerse sería tanto como cuestionar que los impuestos vascos vayan a Osakidetza en lugar de la sanidad de otras comunidades.
IGUALDAD
En cualquier caso, parte del Cupo se paga en solidaridad con otros territorios. Tampoco se va a romper la igualdad entre los ciudadanos del Estado en la percepción de esta ayuda porque, como defenderá la consejería de Autogobierno, las condiciones para recibirla se fijan en una ley estatal. En Euskadi funciona también la RGI, pero esa realidad era preexistente al traspaso. Será en junio cuando Lanbide comience a pagar el IMV que hasta la fecha paga la Seguridad Social.
El convenio firmado por los gobiernos vasco y español deja claro que Euskadi pagará esta ayuda, pero también menciona que el traspaso se hace respetando la unidad de caja de la Seguridad Social, los principios de solidaridad e igualdad, y que la legislación sigue correspondiendo al Estado. Este es el primer convenio sobre una materia del régimen económico de la Seguridad Social, de ahí que tenga tantas miradas y suspicacias, porque se ve como un preludio del traspaso de las pensiones y es materia sacrosanta en muchos sectores. Se ha realizado con arreglo a la disposición transitoria quinta del Estatuto.
TRABAJAR SIN CAMBIOS
El Ejecutivo de Urkullu no baraja que se suspenda el traspaso y, de hecho, sigue trabajando en los expedientes y ha aprobado el refuerzo de la plantilla de Lanbide para asumir la carga de trabajo que hasta la fecha gestionaba la Seguridad Social. También trabaja en la inminente aprobación de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión, tal y como explican a este periódico desde la consejería de Empleo y Trabajo que dirige la vicelehendakari segunda, Idoia Mendia.
El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, anunció la decisión de personarse y el refuerzo de Lanbide. Serán 51 personas que entrarán en dos tandas. La primera llegará en mayo, con 27 trabajadores (20 de ellos son administrativos, cuatro son técnicos de Empleo, y tres son asesores jurídicos). A finales de junio llegará una segunda tanda, con 24 (20 administrativos y cuatro de formación para el empleo). Se trata de que gestionen 20.000 expedientes. El refuerzo está concebido para un periodo de dos años, con opción de prorrogarlo otro más. Se ha iniciado el proceso para aumentar la plantilla estructural.
Es importante para el Gobierno vasco que el recurso no prospere, en la medida en que cualquier sentencia contraria termina sentando jurisprudencia y restando ámbitos al autogobierno, pero en este caso está convencido de su éxito.