El Ejecutivo autonómico ha dado luz verde este martes a los créditos de pago y de compromiso para financiar las ayudas plurianuales dirigidas al alquiler social y a la rehabilitación de viviendas que ascienden a 71,6 millones de euros.
La orden firmada por el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, contempla 38 millones para el impulso de la rehabilitación de edificios residenciales y viviendas mediante reformas estructurales (cubiertas y fachadas), accesibilidad (instalación ascensores, fundamentalmente) y eficiencia energética.
Del total, 9 millones se devengarán en el presente ejercicio, mientras que 24 son gastos de 2023., que para 2024 y 2025 ascienden a 2,9 y 2 millones, respectivamente. Se estima en más de 250 millones de euros las inversiones privadas (básicamente por cuenta de las comunidades de propietarios) que se movilizarán con las citadas subvenciones.
A la promoción del arrendamiento protegido se destinarán un total de 19 millones de euros: 1,7 millones en el presente ejercicio, 5,5 millones para 2023 y 11,8 millones para 2024.
Fundamentalmente estas partidas se emplearán en el fomento de operaciones de nueva promoción o de rehabilitación de viviendas en alquiler social, así como en la promoción de alojamientos dotaciones, en el fomento de viviendas colaborativas por parte de la iniciativa social, en el programa Alokairu (nuevo mecanismo de colaboración público-privada) y en el fomento de actuaciones en alquiler en zonas despobladas.
Por último, 14,1 millones se asignarán para subsidiar durante los próximos 20 años los puntos de interés de los créditos que concedan las entidades financieras para la promoción de viviendas de alquiler protegido y rehabilitación integral a promotores públicos y privados, a hogares y comunidades de vecinos y a asociaciones sin ánimo de lucro y cooperativas en cesión de uso.