La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha presentado este viernes los presupuestos que su departamento gestionará a lo largo de 2023. La partida se eleva un 22% y pasará de 523 a 638 millones de euros. La mayor cantidad de este presupuesto se destinará al cuidado y atención de personas.
Artolazabal ha explicado en comisión parlamentaria que estos presupuestos responden a las necesidades generadas por la “incertidumbre” que ha provocado la invasión rusa de Ucrania tras la “difícil situación motivada por la pandemia” y ha recordado que “ocho de cada 10 euros de las cuentas de 2023 están dedicadas a gasto social”.
De los 262,5 millones asignados a Políticas Sociales, 257,4 se destinarán a programas e iniciativas dirigidas al cuidado y atención de las personas. La Dirección de Servicios Sociales dispondrá de 91,5 millones (24,5 más que en 2022), de los que 8 millones serán de financiación europea, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR).
La nueva ayuda de 200 euros mensuales a las familias con hijos e hijas de 0 a 3 años supondrá que se destinen a la Dirección de Familias e Infancia 150,3 millones de euros, 71 millones más que este año. Además, se activará el proyecto Barnahus, las ayudas a las empresas para desarrollar planes de conciliación, la futura Estrategia de Garantía Infantil y el programa Aukerak Suspertzen, entre otras iniciativas.
La Dirección de Migración y Asilo contará con un montante que supera los 15,4 millones de euros, con los que impulsará programas como Trapezistak, Loturak, Urretxindorra (mentoría social), Aholku Sarea, Harrera, Patrocinio Comunitario y las ayudas del Fondo Isuri a las personas afectadas por la guerra de Ucrania.
Justicia, Gestión Penitenciaria y Aukerak
La cantidad destinada a Justicia se incrementa hasta alcanzar los 224,9 millones de euros, entre los que se incluyen los cinco procedentes de los fondos MRR. “Para lograr una Justicia que reconozca a sus profesionales, digitalizada y en sedes sostenibles, nuestros presupuestos prevén acciones como hacer adaptaciones para acoger los tribunales de Primera Instancia y las oficinas de Justicia en los municipios; nuevos convenios para la formación de jueces, fiscales y el resto del personal; fomentar el uso del euskera en la Justicia; becar a opositores y modernizar el IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal)”, ha expuesto Artolazabal.
También se incrementará el presupuesto de Justicia Juvenil, consolidará el Servicio de Atención a la Víctima e incrementará el apoyo a personas con discapacidad.
Para seguir desarrollando el modelo penitenciario vasco se incluye una partida de 71 millones. “Seguimos dando pasos en nuestra hoja de ruta para hacer realidad el modelo penitenciario vasco”, ha señalado Artolazabal. La consejera ha explicado en este punto que se dará continuidad a la “red de viviendas comunitarias para regímenes en semilibertad”, ampliando un 28% las subvenciones y permitiendo pasar de 42 a 100 el número de plazas disponibles.
Aukerak, la Agencia Vasca de Reinserción Social, dispondrá de 16 millones para formación, orientación y fomento de la empleabilidad, aumentando los talleres y las horas trabajadas.
Derechos humanos y memoria histórica
Este apartado contará con 63 millones de euros para proseguir, entre otras acciones, con la implementación del Plan de Convivencia Udaberri 2024. Las partidas se distribuyen entre la Dirección de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, que dispondrá de 7,5 millones; el Instituto Vasco de la Memoria - Gogora, con 5,2 millones, y la Agencia Vasca de la Cooperación - e-Lankidetza, con 50,4 millones de euros.
En el apartado de memoria histórica, Artolazabal ha recordado algunas acciones de Gogora que se llevarán a cabo en 2023 como la posible adquisición del palacio La Puente en Turtzioz; el refuerzo del Banco de ADN, teniendo en cuenta el alto número de exhumaciones de los últimos meses, o la dotación de 290.000 euros a la futura Fundación 3 de Marzo y su proyecto de espacio memorial.
Socialización del Pacto para la Igualdad
En el plano de la igualdad, el presupuesto incide en la socialización del Pacto para la Igualdad, surgido de la mano de la iniciativa Generation Equality, de la ONU. “Este es el primer presupuesto tras la aprobación de la segunda modificación de la Ley para la Igualdad y Vidas Libres de Violencia; esta consensuada ley es nuestra herramienta para la implantación de políticas de igualdad y para la puesta en marcha de la Agenda Feminista Vasca”, ha apuntado Artolzabal.
La consejera ha cifrado el presupuesto de Emakunde para el próximo año en 7,8 millones de euros para seguir desarrollando programas como Ireki Lehioak o Jabetuz. Además, se destinarán 9 millones para prevenir y combatir la violencia machista a través de iniciativas desarrolladas de manera transversal por Emakunde y las diferentes direcciones a su cargo; programas y servicios como Satevi-900 840 111, Beldur Barik, Servicio de Atención a la Víctima (SAV) o las ayudas a huérfanos y huérfanas a causa de la violencia de género.
La consejera ha concluido su exposición asegurando que estos presupuestos “responden a necesidades presentes de las personas” y ha hecho hincapié en que los programas surgidos en plena pandemia “se han demostrado como herramientas muy útiles para luchar contra las desigualdades”.