Euskadi gestiona desde este martes su litoral "con cercanía" y con la mirada puesta en el impulso de la "economía azul"

Desde martes Euskadi ostenta la competencia de costas, que incluye la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. En el día de la entrada en vigor de este traspaso, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca se ha felicitado por la asunción de dicha transferencia al ser "una competencia muy anhelada desde hace 40 años".

Amaia Barredo ha reivindicado el valor que la costa y la mar tienen para Euskadi, más aun teniendo en cuenta que históricamente han sido "fuentes de prosperidad" y "definitorias de la identidad vasca". Por otro lado, ha ensalzado que el traspaso de esta competencia supone un avance en materia de autogobierno y se traducirá, en definitiva, en la gestión de 240 kilómetros de aguas y costas. La consejera de Pesca y Alimentación se ha comprometido a responder “con cercanía y con el conocimiento que tenemos de nuestros litoral” a los desafíos actuales. Entre ellos, Amaia Barredo ha citado los principales problemas que planean sobre el sector pesquero: la sobrepesca, la sostenibilidad y las regulaciones internacionales.

"El desarrollo del litoral vasco ha de generar nuevas alternativas sostenibles, impulsar una nueva economía azul y apoyar el desarrollo de esa Euskadi global. El sector litoral ha de suponer, al igual que el rural, una oportunidad para nuestra juventud", ha remarcado. En este punto, ha defendido que el Gobierno vasco asume esta responsabilidad con la “cercanía” y “el conocimiento que tenemos de nuestro litoral”. Fue el pasado 23 de diciembre de 2024, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, cuando el Gobierno español aprobó el Real Decreto de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la CAV en materia de ordenación y gestión del litoral. La fecha efectiva del traspaso se estableció para este miércoles, 1 de abril de 2025.

Cumplimiento del Estatuto

En línea con el mensaje lanzado desde el Gobierno vasco en el momento de la firma del acuerdo, Amaia Barredo ha señalado que la gestión del Litoral responde al cumplimiento, por parte del Estado, del Estatuto de Gernika. "Euskadi vive un nuevo tiempo, tenemos un nuevo departamento, un nuevo gobierno y estamos generando un nuevo y necesario impulso al país", ha manifestado la consejera. Y ha asegurado que su compromiso será que dicho traspaso sirva para fortalecer y mejorar nuestros servicios públicos, en este caso los relacionados con la actividad económica costera y el desarrollo litoral”.

El desarrollo del litoral vasco, ha reflexionado, ha de generar nuevas industrias sostenibles, impulsar una “nueva economía azul” y avanzar en el desarrollo de esa Euskadi global. "El sector litoral ha de suponer, al igual que el rural, una oportunidad para nuestra juventud: en él se pueden generar actividades como las previstas en la Economía Azul de la Unión Europea, respetuosas con el entorno y que generen riqueza social", ha proclamado.

El texto rubricado por el Ejecutivo vasco y el Gobierno español incluye la creación de una ‘Comisión de Seguimiento del Traspaso’ compuesta por 6 miembros, a partes iguales. Esta se reunirá una vez al año y cuando lo demande cualquiera de las Administraciones.

En el apartado destinado a los bienes y personal que se transfieren del Estado a Euskadi se establece que son tres vehículos y 14 puestos de trabajo, 10 de personal funcionario y 4 de personal laboral. Todos ellos se incorporarán a las dependencias del Gobierno vasco en Bilbao y Donostia.

La costa, en cifras

De los 240 de aguas y costas, Bizkaia cuenta con 27 municipios litorales y Gipuzkoa con 10. En cuanto a los puertos, además de los de Pasaia y Bilbao, destacan otros menores como son los de Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Zumaia, Deba, Mutriku, Ondarroa, Lekeitio, Ea, Elantxobe, Mundaka, Bermeo, Armintza, Santurtzi, Getxo y Plentzia.

Por otro lado, los puertos y dársenas deportivas de Moia-Hondarribia, Hondarribia, Donostia, Orio, Getaria, Deba, Mutriku, Mundaka, Bermeo, Armintza y Plentzia suman un total de 3.757 amarres para embarcaciones con esloras de 6 a 16 metros y una superficie total aproximada de 30.000 m2 de áreas técnicas para reparaciones e hibernada.

A estas cifras se suman las relativas a la flota pesquera vasca, compuesta por un total de 187 embarcaciones: 145 buques de bajura, 16 de altura al fresco, 24 atuneros congeladores, y 2 Bacaladeros, que suman un total de 1.885 personas embarcadas.

Imagen de un barco atunero. EP

Competencias

Euskadi asume desde este martes, también, las autorizaciones en el Dominio Público Marítimo Terrestre para los usos de temporada en las playas del litoral vasco. Unos permisos que van desde la instalación de toldos, sillas y hamacas, la opción de ofrecer pedalós o permitir las prácticas de tenis, carreras atléticas, competiciones de fútbol playa, rugby o incluso las carreras de caballos.

A estas actividades se añaden las relativas al mar territorial hasta las 12 millas náuticas donde se encuentran las zonas de fondeo, pantalanes flotantes, y zonas de natación, entre otras. Así las cosas, la consejera ha explicado que a partir de ahora las autorizaciones de explotación de servicios de temporada en playas podrán ser delegadas mediante convenios a los Ayuntamientos que las soliciten, siempre que justifiquen, garanticen y se responsabilicen de los medios necesarios.

Embarcaciones para realizar piragüismo en la playa de Laida. Óscar Ramos

El Gobierno vasco también gestionará aquellas actividades en las que concurran circunstancias especiales de intensidad, peligrosidad o rentabilidad como, por ejemplo, la extracción de áridos y dragados. Por otra parte, también se hará cargo de las labores de control de la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, con instalaciones desmontables o bienes muebles como: cafeterías, puestos de helados o bares ubicados en los arenales.

De este modo, el departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca es quien se encargará de la gestión y otorgamiento de autorizaciones y las correspondientes sanciones, en caso de que se produzcan incumplimientos. En cuanto a las autorizaciones en zonas de “servidumbre de tránsito y acceso al mar”, esta tramitación, si así lo estima el Ejecutivo, recaerá en URA- Agencia Vasca de Agua.

Vertidos y explotación

El Ejecutivo vasco también prevé realizar las “concesiones demaniales”, previstas en el artículo 64 de la Ley de Costas. Son aquellas necesarias para efectuar vertidos al mar, así como las exigidas para la ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre, en el caso de explotaciones de Acuicultura.

También gestionará las concesiones que amparan usos “especialmente intensos, rentables, peligrosos o privativos”, con obras o instalaciones desmontables, que requieran un plazo de ocupación superior a los cuatro años; con obras o instalación no desmontable; las amparadas por otra concesión de explotación de recursos mineros o energéticos; las que posibiliten la ejecución de obras fijas en el mar; las que amparen instalaciones marítimas menores como embarcaderos, pantalanes, varaderos, etc. que no formen parte de un puerto ni estén adscritas al mismo.

Igualmente, Lakua emitirá el informe previo al rescate de las Concesiones por parte de la Administración General del Estado. En las Obras y actuaciones que no sean de interés general, corresponde al Ejecutivo la planificación, elaboración y aprobación de Proyecto, y su gestión y ejecución. La Administración General del Estado, por la utilización o aprovechamiento del Dominio Público Marítimo Terrestre, será quien establezca el importe de los cánones, ejercerá la titularidad sobre los derechos económicos devengados y recaudará el importe de los cánones. No obstante, Euskadi podrá fijar cánones adicionales al determinado por el Estado, gravando el aprovechamiento obtenido por la concesión. El Estado podrá ejercer el rescate de las concesiones demaniales cuando “el interés general lo exija” y tendrá la potestad sancionadora que no esté referida a infracciones en el incumplimiento de las competencias de la CAPV, subrayan desde el Ejecutivo vasco. En cuanto a la gestión de los Faros, corresponde a Puertos del Estado y a la Direccion General de la Marina Mercante.

Funciones comunes

En el caso de nuevos Puertos, vías de transporte, o ampliación o modificación de los existentes, la CAPV deberá informar a la AGE del interés y objeto de adscripción. El Estado, en 2 meses, realizará el informe de adscripción vinculante con delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre adscrito, usos previstos y medidas de protección del dominio público. En caso de que el Estado no emita dicho informe se proseguirá con la tramitación, mientras que si muestra un resultado “discrepante”, se abrirá un periodo de consultas para llegar a un acuerdo.

En el caso de los Planes y Normas de Ordenación territorial, Planeamiento urbanístico -incluso modificación y revisión-, Planes Especiales de ordenación de la fachada marítima y Planes especiales Portuarios, la AGE emitirá un informe sobre el cumplimiento del régimen general. Si el Informe es “negativo”, también se prevé la apertura de un nuevo periodo de consultas para llegar a un acuerdo. Sobre las Concesiones demaniales, recogidas en el articulo 64 y competencia exclusiva de la CAPV, ésta notificará a AGE cada solicitud en tramitación y en dos meses emitirá un criterio sobre garantía de integridad física y uso público del DPMT. Si es “discrepante”, se abrirá un periodo de consultas de un mes como plazo máximo.

En este sentido, ambas Administraciones buscarán fórmulas de colaboración, en ejercicio de las potestades sancionadoras. Para las Inversiones en obras de interés General, se contempla la creación de una Comisión Bipartita para proponer o informar la planificación y programación de obras ya declaradas de Interés general y otra Comisión Bipartita para proponer o informar de la incorporación al Anexo de inversiones del anteproyecto de PGE de obras de Interés general. En cuanto a la inversiones en obras de interés general del articulo 111, ligadas a la creación, regeneración, y recuperación de playas, así como acceso público al mar no previsto en planeamiento urbanístico, la CAPV deberá emitir un informe en el plazo de un mes. Para las inversiones en Obras que sean competencia de ambas Administraciones se plantean mecanismos como: convenios de estudio, ejecución y gestión.