Días después de que las movilizaciones de los agricultores europeos llegaran a Euskadi, el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales mostraron ayer su “apoyo incondicional” al primer sector y presentaron un decálogo de compromisos, que incluye, entre otras medidas, solicitar una reducción de la protección del lobo para aliviar la situación de los ganaderos, la aplicación de un plan de inspecciones para verificar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria y la solicitud de una aplicación “flexible y justa” de la normativa agroalimentaria europea.
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“Queremos manifestar nuestro apoyo institucional al sector primario”, señaló la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, acompañada de los titulares de los diputados de Agricultura de Araba, Amaia Barredo; de Bizkaia, Arantxa Atutxa, y de Gipuzkoa, Xabier Arruti. “No estamos dispuestos a dejarles solos ante las dificultades”, sentenció. El documento, sin dotación económica concreta por el momento, recoge medidas “que ya se están llevado a cabo”, según Tapia. En este sentido, destacó que el texto no es un “catálogo de ayudas” sino un plan de largo recorrido que da continuidad al trabajo ya realizado y que plantea soluciones “estructurales” desde la “unión institucional”.
El primero de los objetivos que plantea el decálogo es una reducción de la carga burocrática y asegurarse de que las producciones extracomunitarias cumplan con los mismos estándares europeos. Para ello, se comprometen a trabajar con las administraciones competentes para lograr una aplicación de la normativa “que sea justa, flexible y adaptada a las realidades específicas de Euskadi”.
En el ámbito de los precios, se comprometen a trabajar ante las autoridades competentes en una aplicación “efectiva” de la Ley de Cadena Alimentaria en Euskadi, “promoviendo la equidad, transparencia y sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria”. Con ese fin, y según un decreto sobre esta materia que se aprobará en abril, se creará una comisión de seguimiento en relación a las medidas recogidas en la ley. En este sentido, se considera necesario “dar paso a un plan oficial de inspecciones junto con la aplicación de un régimen sancionador adecuado”.
Las instituciones vascas también se comprometen a “armonizar” las políticas ambientales con la actividad agraria, “promoviendo un entendimiento mutuo que reconozca el papel vital de la agricultura en la conservación del medio ambiente y su convivencia con la fauna silvestre”. En este apartado, Tapia anunció que solicitarán al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático la solicitud para la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Al respecto, la consejera recordó que en Euskadi ya se está trabajando en la elaboración de un plan de gestión del lobo pero que, a pesar de ello, han realizado un análisis “con una persona experta reconocida en el tema del lobo”. Su diagnóstico ha sido que el nivel de protección que tiene en estos momentos el lobo es “exagerado”, según Tapia.
Otro de los puntos del decálogo es el compromiso de las instituciones vascas con el relevo generacional, promoviendo la entrada de jóvenes agricultores y ganaderos mediante el apoyo integral en su formación, asesoramiento y acceso a recursos. “Consideración específica tendrá el género en este punto impulsando su presencia y liderazgo de manera transversal en todos los compromisos planteados”, subrayó Tapia. El Gobierno y los ejecutivos forales asumen la necesidad de “fortalecer” el sector primario, “asegurando que tenga una voz potente y decisiva dentro de la estructura administrativa de Euskadi”. Para ello, se comprometen a establecer “un marco de gobernanza permanente y dinámico” entre las administraciones y las organizaciones representativas del sector, utilizando como foro la Comisión de Política Agraria y Alimentaria y de Desarrollo Rural.
Al detalle
“Flexible”
Carga burocrática. El primero de los objetivos que plantea el decálogo es una reducción de la carga burocrática y asegurarse de que las producciones extracomunitarias cumplan con los mismos estándares europeos. Para ello, se comprometen a trabajar con las administraciones competentes para lograr una aplicación de la normativa “que sea justa, flexible y adaptada a las realidades específicas de Euskadi”.
“Equidad”
Cadena alimentaria. En abril se aprobará un decreto sobre la cadena alimentaria y se creará una comisión de seguimiento en relación a las medidas recogidas en la Ley de Cadena Alimentaria, “promoviendo la equidad, transparencia y sostenibilidad en cada uno de los eslabones de la cadena de valor alimentaria”.