El Gobierno español ha provocado otro conflicto con el vasco en la negociación de las transferencias, un proceso que ya de por sí estaba generando malestar en la parte autonómica por la falta de respuesta del Estado a sus ofertas y el retraso que acumula el calendario de trabajo. El nuevo motivo para el desencuentro radica en que el Gobierno español está realizando un análisis por su cuenta sobre la viabilidad y el contenido de cada transferencia, con lo que parece situarse en una posición de superioridad sobre el vasco, como si fuera el intérprete del Estatuto de Gernika.
Mientras la consejera Olatz Garamendi esperaba una respuesta por los canales oficiales, fuentes del Ministerio de Política Territorial adelantaban a este periódico hace unos días que la tardanza se debe a que el Estado aún analiza la "viabilidad" de las transferencias. Ese término, la "viabilidad", volvió a aparecer por escrito en una respuesta parlamentaria a Unidas Podemos, donde además se añade que, cuando acabe ese análisis, será cuando comience una negociación de común acuerdo.
Fuentes de la consejería de Autogobierno y Gobernanza Pública que dirige Garamendi aseguran a este periódico que no están de acuerdo con este planteamiento y no lo van a permitir. Y lo dicen por dos razones. "El Gobierno español se arroga la interpretación unilateral de lo que son las competencias, cuando el Estatuto de Gernika dice lo que dice. Un Estatuto, además, incumplido durante más de cuatro décadas", avisan por un lado.
EL CALENDARIO LO PROPUSO EL ESTADO
Por otra parte, de las palabras del Gobierno español parece desprenderse que queda todo abierto, como si se cuestionara la existencia de un fondo competencial suficiente, o se fuera a producir una lectura a la baja del alcance de alguna competencia. El Gobierno español, en concreto, aseguraba a Unidas Podemos que está analizando la "viabilidad y contenido de cada traspaso en función de la existencia de base competencial suficiente".
A este respecto, el Gobierno vasco recuerda que no solo el Estatuto de Gernika respalda sus tesis, sino que también existe un calendario de transferencias propuesto por el propio Gobierno español que recoge esas materias. Es decir, que el artífice del cronograma de trabajo es el propio Ejecutivo de Sánchez, mientras que el Gobierno vasco se limitó en ese caso a aceptarlo. El calendario ha visto superados todos sus plazos y, de manera muy ilustrativa, recoge como último punto el estudio sobre la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un estudio que debería haberse producido el pasado mes de mayo. El bloque de traspasos inmediatamente anterior caducó en octubre de 2021.
UN MARCO IMPUESTO DE ANTEMANO
Es habitual que ambos gobiernos mantengan intensas discusiones sobre el alcance de las competencias, pero lo que extraña en este caso es que el Estado lance el mensaje de que está realizando un estudio sobre la viabilidad por su cuenta, mientras no da señales de vida ni proporciona ningún feedback ni cruces de documentos con el Gobierno vasco. Puede ser que todo se reduzca a un malentendido y que el diálogo se reactive ahora, una vez pasadas las elecciones andaluzas, como también ha sucedido entre el Gobierno español y el Govern. La necesidad de apoyos de Sánchez tras la debacle andaluza alienta la posibilidad de que el diálogo se retome.
Pero la ausencia de respuesta da pábulo a toda clase de especulaciones, como que pretende fijar un marco unilateral para el diálogo, fijar los límites, y que el Gobierno vasco se siente en la mesa asumiendo ese marco que le vendrá dado de antemano. Garamendi pone pie en pared ante esa posibilidad, y en la propia respuesta del Gobierno español a Podemos parece dejarse un resquicio a que se module desde el diálogo, ya entre ambas partes, el alcance de los traspasos.
LOS MINISTERIOS Y ESCRIVÁ
Pero también existe otra posible explicación: que haya un atasco en los ministerios implicados. Voces socialistas han asegurado que los ministerios implicados están estudiando las ofertas. De ahí que la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, no tenga aún informes que enviar a Garamendi.
La situación puede ser especialmente peliaguda en el caso la transferencia de inmigración en relación con las autorizaciones iniciales de los permisos de trabajo, porque hay dos factores que complican el escenario: la reforma de Extranjería en la que trabaja el Gobierno español, y el polvorín en el que se ha convertido el Ministerio de Escrivá, con la dimisión de sus dos secretarios de Estado. Esta situación de crisis en el Ministerio empeora las perspectivas ya de por sí oscuras con un departamento que llevó al límite la negociación del IMV.
Queda un año y medio de legislatura para Sánchez, y una treintena de traspasos. Las más relevantes en el paquete que se dirime ahora son la de inmigración, y la de cercanías, aunque también la de costas ocupa un lugar destacado por la ordenación del litoral.