Euskadi pacta con el Estado salvar una ley vasca del Constitucional pero siguen vivos el resto de conflictos

En las últimas semanas, se ha evitado una nueva grieta dentro del proceso de “erosión silenciosa” del autogobierno que la consejera Olatz Garamendi denuncia que se produce desde hace décadas, a través de leyes básicas del Estado o de sentencias del Tribunal Constitucional. La negociación entre los gobiernos vasco y español ha evitado que se sustancie un nuevo recurso ante el tribunal contra una ley vasca, la Ley 8/2022 sobre el acceso y ejercicio de profesiones de la actividad física y del deporte, que regula el trabajo de los monitores y profesores de educación física. La sangre no ha llegado al río y, además, la ley seguirá intacta, tal y como la aprobó el Parlamento Vasco, porque el acuerdo alcanzado no implica cambiar la letra de su articulado.

Se ha resuelto a través de un pacto de interpretación de su contenido, que además tiene como guía un artículo de la propia ley vasca, el 3.4, sobre la acreditación de cualificación profesional. El Estado no consumará su recurso al Constitucional, tal y como han explicado las fuentes consultadas por este periódico tanto en la consejería de Autogobierno como en la de Cultura y Política Lingüística de Bingen Zupiria, que gestiona las políticas relacionadas con esta ley sectorial.

Las negociaciones comenzaron en octubre del año pasado, cuando el Estado llevó este asunto a la Comisión Bilateral de Cooperación, un paso previo obligatorio antes de materializar el recurso al TC, para explorar la posibilidad de alcanzar un acuerdo que evitara el conflicto judicial. La ley la aprobó el Parlamento Vasco con los votos de PNV, PSE y EH Bildu, y tiene como objetivo ordenar la cualificación profesional y la acreditación de esas competencias por parte de monitores, etc. Pero el Estado puso pegas. La mayor parte de sus objeciones tenía que ver con un problema de interpretación sobre la “cualificación profesional” y la “acreditación” de esa cualificación. Este conflicto parece ser un claro ejemplo de tormenta en un vaso de agua porque, finalmente, se ha acordado una interpretación en base a la propia definición de la ley vasca sobre esa cualificación.

Es decir, se ha alcanzado un acuerdo en base al contenido del artículo 3.4, lo que supone que “la cualificación profesional es la capacidad para el acceso a una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un título de formación, por un certificado de cualificación o por una experiencia profesional formalmente reconocida”. Implica, según detallan desde la consejería de Zupiria, que la acreditación de las cualificaciones necesarias para ejercer profesiones del deporte “puede obtenerse tanto mediante títulos oficiales competencia exclusiva del Estado, como por medio de diplomas, certificados o títulos homologados, reconocidos profesionalmente o declarados equivalentes”.

Una vez despejadas las discrepancias, no habrá recurso de inconstitucionalidad y la ley “se mantiene en los términos aprobados por el Parlamento Vasco”. El consejero Bingen Zupiria había anunciado en uno de los últimos plenos de control la existencia de un acuerdo, cuyos detalles explican desde su equipo, que lo valora como una “buena noticia” y un buen pacto.

Hipervigilancia

Este episodio tiene un reverso negativo, en la medida en que añade una muesca más en la hipervigilancia que para la consejera Garamendi se mantiene sobre las leyes vascas, ya sea desde el propio Gobierno español o desde los partidos que tienen al menos 50 diputados en el Congreso, que pueden hacer uso del recurso al Tribunal Constitucional. Vox se ha mostrado especialmente activo desde que ha conseguido superar esa cifra de escaños.

Esta dinámica consume tiempo y esfuerzo en el Gobierno vasco y, si no se consigue parar el choque, los recursos en el Tribunal Constitucional son algo similar a jugar a la ruleta rusa con el tambor lleno de balas, con un probable fallo que siente jurisprudencia y recorte el terreno para legislar en el futuro. El recurso al TC también lo utiliza el Gobierno vasco para defender sus competencias ante las leyes estatales que entiende que se internan en el terreno reservado para el Estatuto de Gernika y el autogobierno vasco. Pero lo hace en inferioridad de condiciones porque, al contrario que el Gobierno español, los preceptos que recurre no quedan suspendidos de manera automática mientras se resuelve el fondo del asunto.

Este último acuerdo se ha resuelto con relativa facilidad porque el nivel de controversia era mínimo. Por el contrario, todavía se mantienen vivos recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que afectan hasta a seis áreas temáticas en normativa tanto vasca como del Estado, según la lista con la que trabaja Garamendi y que todavía el mes pasado sumaba su último capítulo.

Pedro Sánchez asumió la presidencia española con la intención de desinflamar la relación con Catalunya y de mantener otro tono más respetuoso con los estatutos de autonomía, una intención que, en principio, iba a plasmar rebajando el nivel de litigios en el Tribunal Constitucional. El compromiso de reducir el nivel de judicialización lo reflejó por escrito en el pacto de investidura con el PNV, que también apuesta expresamente por modificar los decretos pensados para controlar la administración digital catalana, uno de los cuales fue lanzado por el propio Sánchez unos meses antes de ese acuerdo.

En los primeros compases de su etapa, tras la moción de censura contra Rajoy, Sánchez sí realizó algunos gestos simbólicos, como la retirada del recurso del Gobierno del PP contra la ley vasca que busca reparar las vulneraciones de derechos cometidas por fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999. También hubo acuerdo sobre la ley vasca que regula la expansión de los centros comerciales. Pero se han mantenido en paralelo otros conflictos y, a día de hoy, el contador sigue registrando nuevas denuncias de invasiones competenciales por parte vasca y nuevos choques legales. Esta realidad es la que ha dado munición al PNV para exigir una relación bilateral Euskadi-Estado y un sistema de garantías para que se cumpla lo pactado y se respeten las competencias.

Los conflictos vivos

El martes pasado, el Consejo de Ministros derivó a la Comisión Bilateral un nuevo conflicto competencial denunciado por la parte vasca y que acabará en el TC si no hay acuerdo. El conflicto lo ha desatado la orden HFP/55/2023, confirmada en los Presupuestos españoles, sobre una herramienta informática que ha impuesto el Estado para repartir los fondos europeos. Tras recibir un requerimiento de la consejera Garamendi para derogarla o cambiarla, el Ministerio de Política Territorial de Isabel Rodríguez ha remitido a Euskadi a la Comisión Bilateral. La consejera denuncia la imposición del programa Minerva y que los comités antifraude del Estado se tomen atribuciones.

Siguen en pie en el TC los conflictos sobre el reglamento del Estado que controla con carácter previo los sistemas de contraseña electrónica autonómicos, y otro decreto estatal que controla los fines perseguidos por la administración digital. En otro ámbito competencial distinto y con otros protagonistas, el Tribunal Constitucional estudia los recursos del PP y de Vox contra la transferencia del IMV a la comunidad autónoma vasca y Nafarroa, y el traspaso a Euskadi de la competencia para nombrar a los secretarios e interventores municipales, así como una cuestión de inconstitucionalidad del Tribunal Superior vasco, a petición de Vox, sobre el uso del euskera regulado en la Ley de Instituciones Locales. El TC, por su parte, suspendió a petición del Estado el artículo sobre la vacunación del covid que recoge la Ley Antipandemia vasca, aunque la intención de Euskadi no era fijar su obligatoriedad.