El Gobierno vasco pedirá personarse en la causa abierta en el Tribunal Constitucional por los recursos de Vox y PP contra la cesión de la competencia a Euskadi del cuerpo de funcionarios de administración local con habilitación estatal, es decir, los secretarios, interventores y los tesoreros de los consistorios.
Esta cesión, incluida en una disposición final de los presupuestos generales del Estado de 2022, modifica la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, para que Euskadi tenga facultades de selección y ofertas públicas de empleo para estos puestos.
Estas potestades eran del Estado pero ahora las instituciones vascas tienen "facultad de selección, aprobación de la oferta pública de empleo para cubrir las vacantes" dentro de Euskadi, así como "la facultad de nombramiento del personal funcionario en dichos procesos de provisión, la asignación del primer destino y las situaciones administrativas".
PP y Vox han recurrido en el TC la citada disposición adicional de los presupuestos y el Consejo del Gobierno Vasco ha acordado este martes pedir en el Constitucional poder personarse porque los recursos "ponen en cuestión" el "margen de gestión" que esa disposición da a las instituciones vascas, ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Bingen Zupiria, en rueda de prensa.