El Gobierno vasco obligará a registrar todos los contratos de la cadena alimentaria y vigilará que cumplan la ley, por lo que hará inspecciones y castigará los contratos irregulares, abusivos y con precios inferiores a los costes de producción de los agricultores y ganaderos.
La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha presentado este martes el decreto que desarrolla la Ley estatal de la Cadena Alimentaria de 2021.
El decreto busca "establecer un reequilibrio" entre los eslabones de esta cadena. Así, se introducen instrumentos para dar "transparencia" a los contratos ya que ahora los "primeros eslabones", es decir los productores, sufren una "debilidad estructural" en las relaciones comerciales.
Las principales irregularidades detectadas hasta la fecha se refieren sobre todo a la ausencia de los mismos, ha explicado la consejera, y por ello se creará un registro público en el que será obligatorio depositar todos los contratos, lo que favorecerá que cumplan la ley y permitirá su control.
Deberán registrarse todos los contratos que se firmen durante toda la cadena, desde la producción hasta la venta al consumidor final, de manera que se pueda verificar cuál debe ser el precio mínimo al que se debe comprar un producto en cada paso del proceso.
De esta manera, se confía en evitar prácticas abusivas y compras por debajo de los costes de producción, una cuestión que formaba parte de las demandas que los agricultores y ganaderos vascos visualizaron con varias tractoradas y movilizaciones a principios de marzo.
También se controlará que se cumpla la ley de morosidad y que no se produzcan márgenes de ganancia "excesivos", es decir que uno de los eslabones incremente los precios de forma importante sin que haya una justificación aparente.
Plan anual de inspecciones
Para ello habrá un plan anual de inspecciones y muestreos aleatorios, además de actuaciones cuando se reciban denuncias de irregularidades.
Las sanciones las marca la ley estatal y se dividen en leves, que están castigadas con entre 250 y 3.000 euros; graves, de 3.001 a 100.000 euros, y muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros. Dentro de cada grupo de sanciones hay tres grados diferentes.
Entre las herramientas recogidas en el decreto la consejera ha destacado dos: el 'Código de Buenas Prácticas Mercantiles de la Contratación Alimentaria en Euskadi' y el 'Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi', que ya existía pero que ahora "se fortalece".
El primero busca favorecer la sostenibilidad de la cadena alimentaria, poner en valor los productos agroalimentarios de calidad, mejorar la información a los consumidores, la transparencia en las relaciones comerciales y promover contratos alimentarios "ajustados a la ley".
Por su parte el Observatorio promoverá las adhesiones al Código de Buenas Prácticas, hará recomendaciones y vigilará las prácticas comerciales de las operadoras de la cadena alimentaria, entre otras funciones.
El decreto recoge también la creación de una Autoridad de Ejecución que será la que se encargue de la inspección y posibles sanciones durante toda la cadena.