El Gobierno vasco ha aprobado este martes el proyecto de Ley de la actividad física y del deporte que tiene entre sus objetivos conseguir una sociedad "más activa" y transmitir hábitos de respeto, tolerancia y juego limpio.
Esta nueva ley, cuando sea aprobada por el Parlamento vasco, dará un nuevo marco jurídico a la actividad física y al deporte después de más de dos décadas en vigor de la vigente, aprobada en junio de 1998.
En el texto adquieren un protagonismo especial la promoción de la actividad física y del deporte, el objetivo de un deporte más inclusivo, la erradicación de las desigualdades, el fomento del deporte femenino y la clarificación del papel de las administraciones públicas en la lucha contra la obesidad y el sedentarismo y en la tarea de crear hábitos saludables de vida, entre otros.
Prioriza la práctica de actividad física de la ciudadanía con el objetivo de conseguir una sociedad más activa. Para ello se creará la Agencia Vasca de Actividad Física cuyo objetivo será, entre otros, planificar y coordinar las políticas de fomento de la actividad física, e impulsar la tarjeta deportiva única para acceder a los servicios deportivos públicos de Euskadi.
El proyecto de ley entiende por actividad física "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía".
Considera deporte "todo tipo de actividades físicas, que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles".
Simplificará el sistema electoral federativo y tanto los procesos electorales de las federaciones vascas como los de las territoriales serán independientes, ya que hasta ahora pivotaban en los previos procesos de las territoriales.
Las asambleas generales solo estarán compuestas por representantes de entidades deportivas. Actualmente las asambleas generales de las federaciones vascas se formaban a partir de las asambleas generales de las federaciones territoriales.
Así, con la nueva ley, los clubes y las agrupaciones deportivas se convertirán en el centro de decisión del deporte federado.
Cuando la nueva ley entre en vigor también se reconocerá a las federaciones deportivas la titularidad de los derechos de explotación económica de sus propias competiciones.
La nueva ley también sentará las bases para la creación de una ventanilla única de eventos deportivos como punto de información y tramitación de las comunicaciones, declaraciones, autorizaciones y licencias que precisan las entidades organizadoras de estas curas, y que tiene como objetivo facilitar la organización de eventos.
La actividad física y del deporte en edad escolar también cuenta con una novedad significativa en la futura ley, al incorporar el tramo entre 0 y 6 años. Hoy en día este segmento del deporte se concreta en menores en periodo de escolarización obligatoria, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años.
Además, el nuevo texto también pone un acento especial en los aspectos educativos de los menores, con particular mención a la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
Incluye infracciones relacionadas con la violencia y la intolerancia en el deporte como el racismo, la xenofobia, la discriminación por orientación sexual, por identidad de género o por razones religiosas, entre otros. Estas infracciones podrán conllevar sanciones como la suspensión definitiva de la licencia, multas de entre 6.000 y 60.000 euros, clausuras de recintos deportivos e inhabilitaciones, entre otros.
También se tipifican las infracciones relacionadas con la corrupción en el deporte, amaños de partidos e infracciones análogas para preservar la integridad.
La ley regulará la asistencia y protección de los deportistas y la novedad más significativa es que la asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva de la ciudadanía en las competiciones deportivas de ámbito autonómico o inferior será prestada por Osakidetza con cargo al sistema público.
El proyecto de ley ofrece una mejor protección a las mujeres deportistas de alto nivel con ocasión del embarazo y la maternidad, proscribiendo efectos negativos como la pérdida de ayudas y subvenciones por no haber competido.