Las comunidades autónomas y el Gobierno español buscarán este miércoles una solución a un tema espinoso y delicado como pocos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha convocado la Conferencia Sectorial de la infancia para abordar el monumental problema al que se enfrentan las Islas Canarias y los miles de menores extranjeros no acompañados que han llegado al territorio huyendo de la pobreza y los conflictos, pero que ahora se encuentran con unos servicios colapsados en las islas que son incapaces de darles atención. Son un total de 6.000 niños y adolescentes que, sin la compañía de sus familias, están ejerciendo una presión asistencial que Canarias ya no puede absorber tras un largo tiempo experimentando las tensiones por su vecindad con África. La conferencia, que tendrá lugar en Tenerife, servirá para que el Gobierno español aborde la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, con el objetivo de fijar un reparto obligatorio de menores por todo el Estado, por todas las comunidades. Se desconoce aún si se fijará un criterio por población, por PIB o por otros baremos. Lo que se afronta es el reparto de unas 2.500 personas.
El Gobierno vasco y las diputaciones, que son las que tienen realmente la competencia, acudirán a la cita con la mano tendida, pero con un llamamiento a la corresponsabilidad de todas las comunidades y a elaborar un "plan de contingencia" que sea conjunto, de todas y todos, porque el problema afecta a todos y esta no es una crisis humanitaria puntual, sino un fenómeno estructural. Por ello, Euskadi exige un plan con criterios medibles de reparto, para que no se deje al albur de las interpretaciones políticas o de la solidaridad de cada cual ni haya desequilibrios. Precisamente por la fiabilidad o el compromiso que habría mostrado Euskadi en estas lides, ahora tiene 723 plazas de acogida ocupadas por menores (511 en Bizkaia, 142 en Gipuzkoa y 70 en Araba), en contraste con las 9 de La Rioja. No se ha hecho pública la propuesta vasca, pero el porcentaje que acoge Euskadi sobre el total del Estado supera el 4%, un dato similar al peso de su población, que es un criterio que no se sigue en otros territorios. Además, pide que venga acompañado de una financiación, según las fuentes consultadas. La petición de fondos se ha escuchado por boca de otras comunidades y parece clave para que otros territorios se hagan corresponsables.
La presencia vasca en la cita tendrá lugar por vía telemática. "Toda nuestra ayuda y voluntad, pero tiene que ser una ayuda conjunta, que de verdad se haga", resume el Gobierno vasco. La gestión de este reto no se ha caracterizado por el orden y el concierto, ya que los menores van llegando muchas veces sin aviso y se van instalando en las infraestructuras del Estado hasta que las diputaciones se hacen cargo o ya están en las calles.
La previsión vasca
Euskadi, con el lehendakari Urkullu, ya defendió la propuesta Share de reparto a nivel europeo, y detectó que el flujo migratorio se había disparado tras la pandemia del coronavirus y que estaba afectando especialmente a las tres capitales de la comunidad autónoma vasca y a los municipios más grandes, como Getxo, Barakaldo e Irun. Las instituciones vascas realizaron en 2021 lo que consideraron un ejercicio de previsión con la estrategia Euskarri y el programa Trapezistak para su tránsito hacia la vida adulta y la inserción laboral. Un ejercicio que no todos han hecho.
En algunos ámbitos se ha tratado de equiparar la posición del PNV a la de Junts, que pide abiertamente la exclusión de Catalunya del cupo de repartos con el argumento de que Sánchez le tiene que delegar las competencias migratorias. Pero el planteamiento vasco no es ese. Ha causado cierta sorpresa que se siembre la duda sobre el compromiso de Euskadi con la acogida, cuando la derecha española y el PP vasco agitaron durante décadas el mensaje contrario, el mensaje del efecto llamada por la RGI.
Derechos y deberes
La portavoz del Gobierno vasco, Maria Ubarretxena, fue interrogada este martes por la posición de Euskadi. No ofreció concreciones a la espera del recorrido que pueda tener la conferencia sectorial, pero sí defendió, como criterio general, que "estamos ante una situación que ya no es coyuntural, que se ha convertido en estructural, que afecta a los derechos humanos y a la que hay que dar solución", y se necesita "un plan de contingencia que dé solución desde todas las comunidades, con derechos y deberes de cada una".
Puso como ejemplo que en Euskadi hay "723 plazas ocupadas, y La Rioja tiene 9". Preguntada por si le consta esa orden del Gobierno español a sus delegados en las comunidades para buscar equipamientos donde puedan ser alojados estos menores, repitió: "Vamos a llevar una postura de manos abiertas, de solidaridad como ha sido siempre, pero pedimos un plan de contingencia. Lo que pedimos es trabajar en ese plan conjuntamente. Nosotros ponemos todo el trabajo sobre la mesa. Gipuzkoa, Araba y Bizkaia tienen sus dotaciones realizadas, y nos ceñimos al trabajo realizado y que vamos a seguir haciendo".
El órdago de Vox y la posición del PP
En el Estado se entremezclan la inhibición de algunos territorios alegando falta de financiación, y también la ideología política, con la ultraderecha de Vox empeñada en vincular la inmigración "ilegal" con los "robos, machetazos y violaciones". Y ha amenazado con romper con el PP en los gobiernos autonómicos que colaboren con el reparto de menas, un acrónimo coloquial para referirse a los menores sin red familiar. La posición de Alberto Núñez Feijóo ha sido un tanto errática y, tras apostar por contener a los migrantes en los países de origen, se ha mostrado dispuesto a colaborar con el reparto y ha resistido el órdago de Vox. De Feijóo tiran en direcciones opuestas, porque, por ejemplo, a los presidentes de Ceuta y Melilla, del PP, sí les interesa el reparto por cuotas por razones similares a las de Canarias. En ese sentido, Borja Sémper puso el foco en que exista un fondo de contingencia con dinero suficiente.
La reforma legal
En el Gobierno vasco, este debate lo está gestionando el departamento de Bienestar de Nerea Melgosa. En la reunión, por parte del Estado, estarán presentes la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien además es canario. El propio Torres defendió este martes tras el Consejo de Ministros la reforma legal para la "solidaridad obligatoria" y el reparto de menores cuando los recursos de una comunidad estén superados y al 150% de su capacidad. Aseguró que este acuerdo se presentó a los partidos, y que el PP pidió llevarlo a la conferencia como paso previo al Congreso. El respaldo del PP es crucial porque ya se asume que Junts votará en contra. Alertó de que hay 6.000 menores en Canarias, sobre una población de 2.200.000 personas, y puso en evidencia que, si se extrapolase el dato al Estado, tendría que haber unos 240.000 menores en total y solo hay 14.000 o 15.000. La Rioja insistió en que tiene 135 plazas y un nivel de ocupación del 85 o 90%. Confirmó que acoge a 9 menores no acompañados de procesos previos.