Euskadi quiere pactar su déficit con el Estado en septiembre

El Gobierno español ha puesto en marcha la maquinaria para redactar los Presupuestos del próximo año. Ha presentado el techo de gasto, y ayer MIÉRCOLES se reunió con las comunidades autónomas para hablar de su margen para invertir y de los objetivos de déficit del 0,3% para 2023, que vuelven a ser orientativos y no de obligado cumplimiento por la crisis que ha desatado la guerra en Ucrania. En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, volvió a faltar Euskadi, que tiene su propio carril bilateral al margen de las comunidades de régimen común. Fuentes de la consejería de Hacienda de Pedro Azpiazu consultadas por este periódico prevén alcanzar en septiembre un acuerdo con el Estado sobre sus cifras de deuda y déficit, respetando así el marco singular de la CAV porque recauda sus propios impuestos.

Las mismas fuentes añaden que lo ideal sería celebrar la Comisión Mixta del Concierto Económico, pero también recuerdan momentos en que el consejero y la ministra han alcanzado un acuerdo que se ha ratificado más tarde, aprovechando una convocatoria posterior de la Comisión Mixta con más puntos en el orden del día. Sí recalcan que, con un formato u otro, las instituciones vascas deberían tener claras sus cifras en septiembre. Para comprender esa fecha límite, basta recordar que el Consejo Vasco de Finanzas se celebra el 15 de octubre y que, para entonces, las instituciones necesitan una foto bastante fija de su capacidad de gasto para redactar los Presupuestos. El Ejecutivo vasco prevé aprobar el proyecto en Consejo de Gobierno el 25 de octubre.

¿MÁS CAPACIDAD?

En anteriores negociaciones presupuestarias con Sánchez, el PNV ha dejado claro que, más que el techo de gasto estatal, le interesa que se pacte el marco de déficit y deuda con la CAV, algo que parece garantizado. Por su parte, algunas comunidades de régimen común lideradas por el PP exigieron ayer a Sánchez una mayor generosidad con las cifras de déficit porque no les parece suficiente que pase del 0,1% al 0,3%, aunque Galicia se desmarcó y consideró que la cifra entra en sus cálculos. Desde los territorios socialistas, se pide un fondo al Estado para afrontar la inflación. Se piden más recursos, pero Montero lo desactivó en cierto modo anunciando una financiación récord.

¿Qué plantea Euskadi? Las fuentes consultadas se limitan a decir que trabajarán para conseguir unos límites de deuda y déficit que “permitan desarrollar políticas públicas con suficiencia financiera”. No solo se trata de la capacidad de endeudamiento del Gobierno vasco, sino que también se puede negociar la capacidad de las diputaciones forales que, tras el acuerdo arrancado a Sánchez, cuentan con una capacidad propia y diferenciada de las entidades locales estatales. Para los ayuntamientos del Estado, Moncloa plantea un 0,1% de superávit.

EL CONTEXTO

El Gobierno vasco tiene en cuenta una multitud de factores. Por un lado, tiene en mente un Presupuesto inversor, que garantice también las políticas sociales. Al mismo tiempo, es consciente de que el crecimiento de la recaudación fiscal es un tanto artificial y se debe a factores coyunturales, a que los precios de los bienes han subido y, por lo tanto, la recaudación también crece. Y puede ser cada vez más caro devolver la deuda. Por lo tanto, esta mayor capacidad de gasto parece coyuntural y, al mismo tiempo, en un horizonte próximo está previsto que la Unión Europea retome la obligatoriedad de los objetivos de deuda y déficit. Pero el Gobierno vasco promete un esfuerzo inversor para 2023 y 2024, y pretende afianzar el gasto social, la reactivación económica y afrontar retos futuros como la transición ecológica y la digitalización.

Lo que parece claro es que, en esta ocasión, no habrá choque entre los gobiernos vasco y español a la hora de abordar estos límites de deuda y déficit, que sí se convirtieron en motivo de pugna en los dos años previos, precisamente a la altura de este mes de julio. Quedan pendientes otras tareas, eso sí, como la concertación de los impuestos a la banca y las energéticas que preparan el PSOE y Unidas Podemos y que podrían (o no) suponer la creación de nuevas figuras o un ajuste en las actuales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reunió ayer miércoles el Consejo Fiscal, y escuchó cómo gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha, Baleares o la Comunidad Valenciana aplaudían el aumento de los recursos pero insistían en la reforma de la financiación. Comunidades del PP como Madrid y Andalucía ven insuficiente el 0,3% de déficit y piden a Sánchez que sea él quien ponga coto a su “voracidad” en el gasto.