La Comisión de Valoración de violencia de motivación política, creada por la Ley 12/2016, conocida como de abusos policiales, ha presentado este miércoles en el Parlamento Vasco su informe anual que recoge el reconocimiento como víctimas de otras 93 personas, de las que 75 sufrieron malos tratos o tortura, dos de ellas con resultado de muerte. Además, ha denunciado que debido a que no hay equipos de forenses, la Comisión ha parado su actividad por primera vez en cuatro años, ya que sus dictámenes son necesarios para la resolución de cada expediente.
La letrada Juana Balmaseda y el profesor Jon Mirena Landa han presentado el informe anual de la Comisión de Valoración creada por la Ley 12/2016, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en contexto de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma vasca entre 1978 y 1999.
417 expedientes pendientes
Balmaseda ha explicado que están pendientes de analizar 417 expedientes y ha detallado que, en las 20 reuniones plenarias, se han resuelto 96 expedientes, de los que 93 han sido estimatorios, uno desestimatorio y dos se han dado por desistidos.
En este sentido, ha informado de que acaban de notificar al Gobierno vasco las primeras resoluciones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que ratifican la inadmisión de las solicitudes presentadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que solicitaban su reconocimiento como víctimas del terrorismo de ETA. Según ha explicado, se desestiman porque entiende que la comisión "no es el lugar natural para que esas víctimas puedan ser indemnizadas, únicamente al amparo de la ley 12/2016".
Torturas y muerte
De las 93 víctimas reconocidas en el informe, 75 sufrieron malos tratos o tortura, dos de ellas con resultado de muerte. Un total de nueve personas recibieron impactos de bala cuya autoría corresponde a miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a grupos parapoliciales; las seis primeras con resultado de muerte y las otras tres con lesiones graves.
Asimismo, seis personas han sufrido agresión policial en el transcurso de disturbios o manifestaciones, cuatro de ellas heridas por impacto de bote de humo o pelota de goma, con pérdida de visión y "perjuicios estéticos muy graves", y otra persona sufrió una agresión grave con intento de secuestro.
De las ocho personas que han fallecido, dos estaban bajo custodia policial, una de ellas encontrándose en el coche policial y otra en dependencias policiales; otras dos personas resultaron heridas graves como consecuencia del atentado con bomba de grupos parapoliciales. El total de personas víctimas de grupos parapoliciales han sido cuatro. Las dos primeras son las víctimas del atentado con bomba señalado, y las otras dos por disparos de armas de fuego.
Dos años de espera
"Somos conscientes de que la tramitación de algunos expedientes está siendo excesivamente larga. Algunas familias llevan más de dos años esperando que resolvamos los casos", ha reconocido.
Según ha explicado, "la demora se ha producido en algunos casos por causas ajenas a la Comisión, como la reapertura de diligencias judiciales, lo que obliga por ley a suspender la tramitación, o la tardanza en obtener informes médicos que sólo podían ser entregados a familiares directos", y cree que esto "incrementa el sufrimiento y la injusticia".
No obstante, ha señalado que "no todo depende de la Comisión", y ha recordado que el pasado mes de julio terminaron la redacción de este informe anual "y hasta la fecha, la Comisión de Valoración ha entrado en una fase de paralización en su capacidad de resolver nuevos expedientes".
Falta de forenses
"La razón de esta grave situación es la ausencia de médicos forenses que impide que podamos seguir resolviendo expedientes porque la ley obliga a que dichos profesionales emitan un informe y lo firmen para la resolución de cada petición", ha explicado.
Según ha resaltado, se trata de "una situación heredada del anterior Gobierno" que ya ha denunciado la Comisión en informes anteriores "de manera reiterada y que por desgracia ha acabado finalmente por materializarse". "La dirección actual de Derechos Humanos está intentando resolver el problema", ha asegurado antes de subrayar que "este grave asunto trastoca y compromete el futuro inmediato del trabajo" de la Comisión.
"No hay equipos de forense en este momento y la Comisión se ha parado por primera vez en cuatro años porque sus dictámenes son necesarios en cada uno de los expedientes", ha insistido.
Por otro lado, ha informado de que la Comisión ha solicitado información a diferentes organismos judiciales administrativos y sanitarios para comprobar y complementar los hechos alegados. Se han realizado un total de 136 solicitudes de colaboración e información a diferentes entidades.
"En la mayoría de los casos, la actitud de las entidades ha sido de apoyo, pero no siempre ha sido posible obtener la información solicitada, ya que en algunos casos ha pasado mucho tiempo y en otros la respuesta a la solicitud realizada no era clara", ha señalado.
Obstrucción del archivo militar de Ferrol
En este sentido, ha denunciado que la Comisión tiene "serias dificultades" para obtener información sobre los expedientes en el Archivo Militar de Ferrol, ya que "ha tenido comportamientos obstructivos porque ha establecido un nivel de exigencia superior al exigido por la propia ley, lo que ha obligado a reiterar las peticiones en más de una ocasión".
También ha explicado que a la Comisión le está "costando obtener expedientes judiciales de los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma del País Vasco". "El hecho de que no existan mecanismos de conexión dotados de recursos por el Departamento de Justicia dificulta el trabajo", ha indicado.
Los comparecientes han señalado que "un año más, los casos analizados por la Comisión de Valoración son muy diversos y graves" y ha señalado que los casos de "torturas y otras vulneraciones de los derechos no deberían hacer ver que no es algo que se haya quedado en el pasado, sino que son personas que viven entre nosotros". "Algunas víctimas están muertas, pero mucha gente de su entorno sigue viva y está esperando la respuesta y la reparación", han insistido.
Recomendaciones
Entre las recomendaciones que plantea el informe, la Comisión expresa su "satisfacción" con los distintos actos de reconocimiento del Gobierno vasco pero señala que el acto que propuso fue sugerido en un formato "al más alto nivel, como corresponde al tipo de violaciones de derechos humanos sobre las que se intenta reparar, hacer justicia, verdad y garantizar en un futuro su no repetición" y cree que "existe aún margen para que este acto se pueda realizar este año".
Respecto al control e impulso parlamentario, ha demandado una "mayor implicación del Parlamento para dar a conocer la sangrante realidad que representan las violaciones de derechos humanos objeto de esta ley".
La Comisión también ha subrayado que "después de cuatro años de desarrollo ordinario de su actividad, continúa constatando la conveniencia de revisar la Ley 12/2016". "Ahora, cuando se inicia el curso parlamentario, es el momento de tomar una decisión firme al respecto si se quiere impulsar esta reforma con efectividad y garantía de éxito", ha defendido.
Con el objetivo de difundir los trabajos de la Comisión, recomienda que sus informes se remitan "de forma sistemática y masiva a todo el arco institucional de la comunidad autónoma y también a las instituciones del Estado".
"También queremos hacer un seminario de alto nivel con el Parlamento, el Gobierno y con otros agentes, para que esta realidad se analice y también se socialice, porque no vale que se presente y se exponga aquí una vez; no llega a la sociedad", ha lamentado.