Euskadi recurre el veto a la homologación de títulos y alega que el TS no debió juzgarlo

El Gobierno vasco ha activado ya la primera medida de su plan de choque para afrontar el veto a la transferencia de la homologación de títulos universitarios extranjeros. El jarro de agua fría tiene consecuencias políticas, porque el Tribunal Supremo ha entrado de lleno a evaluar esta competencia aunque sea una atribución del Tribunal Constitucional; y tiene consecuencias sociales, porque ha dejado en el limbo a unas 200 personas que habían registrado ya su petición para convalidar los estudios cursados en otros estados. La portavoz del Ejecutivo y responsable del departamento de Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha anunciado este martes que el Consejo de Gobierno ha aprobado interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Supremo de anular el traspaso pactado con el Gobierno español.

La línea argumental que defiende el Ejecutivo vasco en este proceso es clara: por un lado, alega una situación de indefensión y que se ha vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva porque el Tribunal Supremo no tendría que haber juzgado nunca este asunto (Ubarretxena declaró que el Supremo se ha excedido en sus funciones porque delimitar las competencias le corresponde al TC); y, por otro, el Gobierno vasco argumenta que el Estatuto de Gernika le otorga en su artículo 16 la competencia de enseñanza en toda su extensión, y que, en esa línea, este acuerdo con el Gobierno español únicamente haría efectivas sus competencias de ejecución y no habilita a la comunidad autónoma para cambiar por vía normativa los requisitos, una atribución que sigue en manos del Estado.

Se da la circunstancia de que el Supremo había sostenido en su sentencia que su decisión no se contradice con el artículo 16 del Estatuto, que establece que la enseñanza es competencia vasca “en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía”. El Estatuto, por tanto, fija como límite el artículo 149.1.30 de la Constitución española, y ese punto solo dice que la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación” son una competencia del Estado, es decir, le corresponde al Estado fijar los requisitos para obtener la homologación, pero no dice que el Estado tenga que ser la ventanilla donde se ejecuta y se comprueba que una solicitud cumple los requisitos. Por tanto, el Gobierno vasco tiene argumentos para defender que su competencia únicamente ejecutiva no vulnera lo previsto en la Constitución.

A efectos prácticos, la CAV lleva ya todo el peso de la homologación

Es verdad que el Supremo esgrime una sentencia del TC sobre los procuradores en Catalunya, pero es como mínimo un debate controvertido. Esa sentencia del tribunal concluyó que no se podía descartar de manera absoluta que el Estado no tuviera competencias también ejecutivas. Ese tribunal era de mayoría conservadora, y su decisión contó con un voto particular, apoyado por otros cuatro magistrados como la vasca Adela Asua. Para más señas, el consejero de Universidades, Universidades, Ciencia e Innovación, Juan Ignacio Pérez, ponía en evidencia hace unos días que, en la práctica, ya es la comunidad autónoma quien lleva el peso de las gestiones para comprobar que un título es homologable, mientras que el Estado se limita a hacer una validación oficial que es puro trámite.

El Supremo se ha "excedido"

Ubarretxena denunció que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, y que el Supremo se ha excedido en sus funciones al delimitar el reparto competencial. “Estamos hablando de una decisión de especial trascendencia constitucional”, alertó. El Supremo actuó por el recurso de varios colectivos profesionales de Madrid y el Estado. Ubarretxena dijo que “el Estatuto a través de su artículo 16 confiere a Euskadi la competencia de la enseñanza en toda su extensión”, y que el acuerdo por el que se transfiere a Euskadi esta competencia no trata de establecer normativamente la regulación de las condiciones de homologación de títulos académicos, ni tampoco pretende incidir en las normas básicas para el desarrollo, sino que esta competencia anulada ahora por el Tribunal Supremo ejecuta una competencia ya reconocida en el Estatuto de Gernika.

Esta es una primera medida dentro de la batería de actuaciones que había planteado el Gobierno vasco, algunas de las cuales no dependen de él. Puso sobre la mesa medidas para actuar en el corto y largo plazo. Por ejemplo, anunció que exploraría una posible encomienda de gestión con el Gobierno español para ejercer de manera transitoria esta competencia a la espera de una solución definitiva, y solicitó una reforma legal para que las competencias no puedan ser juzgadas por tribunales que no tengan atribuciones, en alusión al TS. El Constitucional tampoco es la panacea para el PNV, que ha denunciado durante décadas sus erosiones competenciales. Sin embargo, en este momento, para abordar este caso, pide al menos una reforma que evite injerencias del Supremo. El PNV, el socio mayoritario dentro del Gobierno, mantiene su aspiración política de acordar con el Estado un mecanismo de arbitraje neutral que no sea el Constitucional.

Además, el departamento de Salud ha lanzado varias propuestas para aliviar la escasez de profesionales sanitarios, pero el Ministerio de Sumar ha dejado que caigan en saco roto.