Paso a paso, y con la aguja de la brújula orientada hacia el cumplimiento total del Estatuto de Gernika este mismo año, el Gobierno vasco sigue arrancando al Ejecutivo español las competencias que le corresponde gestionar a la comunidad autónoma vasca en virtud de esa ley orgánica. El cumplimiento viene favorecido por el acuerdo de investidura del presidente español con el PNV, un socio necesario para Pedro Sánchez. En estos ocho meses de legislatura de Imanol Pradales, el Gobierno vasco ha pactado con el Estado cuatro competencias: tras el compromiso suscrito el año pasado sobre la gestión del litoral y la cinematografía, este jueves han firmado en Madrid otro acuerdo que permitirá que la comunidad autónoma gestione las autorizaciones iniciales de trabajo para las personas extranjeras a partir del 1 de julio (aunque se asume que los efectos comenzarán a notarse a partir del último trimestre del año, tras un periodo de transición); y el servicio vasco de meteorología Euskalmet será el encargado de emitir las alertas climáticas, participará en organismos internacionales y recibirá la titularidad de la sede del servicio estatal en Etxaide Borda, en Donostia. Además, volverá a formar parte del observatorio histórico de Igeldo. De esta forma, la lista de competencias pendientes se reduce a 25. El pacto se escenificó en una Comisión Bilateral en Madrid presidida por la consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
Las cifras de las autorizaciones de trabajo
Entre los acuerdos alcanzados este jueves se encuentra uno con repercusión social, ya que se refiere a la integración de las personas extranjeras. La gestión de los permisos de trabajo por parte de las instituciones vascas va a permitir que los trámites se agilicen. Para hacerse una idea del potencial impacto que podría tener esta competencia, fuentes de la vicelehendakaritza segunda de Trabajo y Empleo que dirige el socialista Mikel Torres explican a Grupo Noticias que durante el pasado año 2024 se tramitaron unos 13.000 expedientes, aunque no fueron solo de trabajo, sino también de arraigo familiar y de otros tipos. De todos modos, este departamento, que será el encargado de gestionar la competencia, toma con mucha prudencia estos cálculos a la hora de extrapolarlos a lo que pueda ocurrir en suelo vasco, porque el 20 de mayo entrará en vigor el nuevo reglamento de extranjería redactado por el Estado, que introduce nuevas vías para la residencia temporal por arraigo laboral, social, familiar y formativo.
Pero, ¿por qué va a servir esta competencia para agilizar los permisos? El lehendakari Pradales puso sobre la mesa hace unos meses que hay unas 5.000 personas varadas en el servicio vasco de empleo, Lanbide, porque han recibido la formación necesaria para incorporarse al mercado laboral, pero no tienen la documentación que hace falta, es decir, carecen de los permisos para trabajar, ya que los concede el Estado español.
El Gobierno vasco ha puesto todo este tiempo en valor los beneficios de simplificar los trámites con una ventanilla vasca: las instituciones vascas, que están invirtiendo recursos económicos y de personal para dar formación a los extranjeros, verán un retorno al poder incorporarlos en el circuito laboral; las personas extranjeras, si el trámite se simplifica, no se verían abocadas a recurrir a la economía sumergida y a trabajar totalmente desprotegidas sin contrato; sectores como la construcción, la hostelería o el cuidado de mayores tendrían la mano de obra que les falta; y las cotizaciones de estas personas tendrían repercusión en el conjunto de la CAV.
El Gobierno vasco ofreció datos del Eustat de 2024, según los cuales hay un total de 217.489 personas de nacionalidad extranjera, un 9,9% del total de la población de la CAV, y el 14,7% está en paro. Según explicó Ubarretxena, la comunidad autónoma tramitará las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta ajena o propia, las que afecten a personas trabajadoras transfronterizas; las actividades de temporada y las autorizaciones de trabajo para estancias de larga duración por estudios, movilidad de alumnos, servicio de voluntariado o actividades formativas. La duración de los permisos será de un año y la relación laboral tendrá que desarrollarse en la comunidad autónoma. Además, las instituciones vascas podrán participar en las contrataciones en el país de origen. Y, para obtener el permiso de residencia que emite el Estado con los arraigos sociolaborales y formativos, el Gobierno vasco será el encargado de verificar que se cumplen los requisitos laborales y formativos.
Ubarretxena, flanqueada por Torres, Zupiria y D'Anjou, tras la reunión de la bilateral con el Gobierno español
Sin comparaciones con Junts
Ubarretxena recordó que uno de los “grandes retos” de Euskadi es el demográfico, en referencia al envejecimiento y la baja natalidad, y cree que la integración laboral de las personas extranjeras “es clave para el desarrollo económico de Euskadi”. Y quiso “poner en valor” este acuerdo en lugar de compararlo con el pacto entre el PSOE y Junts para la delegación de competencias migratorias a Catalunya. La consejera aseguró que algunas de las cuestiones que gestionará Catalunya ya las gestiona Euskadi, aunque estudiará al detalle lo que se ponga sobre la mesa por si las instituciones vascas pueden acogerse a ello. No lo citó, pero el acuerdo con Junts es una delegación y no una transferencia, lo que supone que Junts tiene que pasar por el Congreso y lograr una mayoría absoluta. El acuerdo del Gobierno vasco no necesita ese aval.
El acuerdo entrará en vigor el 1 de julio, pero la consejera matizó que hay muchos expedientes que intercambiar y también afecta a muchas personas, de manera que habrá “tres o cuatro meses de transición, y el último trimestre entraría en vigor”.
¿Hay una estimación sobre el impacto económico de esta transferencia o el acuerdo sobre meteorología en el descuento del Cupo que se paga al Estado? El ministro Torres aclaró que será en los próximos días cuando se baje al detalle sobre las cifras económicas y de personal, algo que se hará probablemente por vía telemática.
Meteorología
Por otro lado, sobre meteorología, Ubarretxena recordó que, tras las inundaciones de 1983, el Gobierno vasco puso en marcha Euskalmet aun sin tener la competencia, y ha funcionado en paralelo a la agencia estatal, Aemet. El acuerdo alcanzado “delimita las competencias” para una mayor coordinación. La materia la gestiona el departamento de Seguridad de Bingen Zupiria. Euskalmet emitirá las alertas meteorológicas, lo que supone que lo hará en función de criterios propios y del Plan General de Seguridad de Euskadi. Además, el Gobierno vasco tendrá acceso en tiempo real a todos los datos y avisos estatales e internacionales, y las instituciones vascas podrán participar en foros internacionales como la Organización Meteorológica Mundial; el Centro Europeo de Predicción a medio plazo, el foro de usuarios Copernicus o el Grupo de Observaciones de la tierra. Además, el Estado cederá al Gobierno vasco la Antigua Villa Etxaide Borda de Donostia, y la CAV participará en el observatorio histórico de Igeldo, que perteneció a la Diputación de Gipuzkoa y fue fundado por el jesuita Juan Miguel Orcolaga pero, con el franquismo, se integró en 1940 en el Servicio Meteorológico Español.