El Gobierno vasco ha registrado en 2022 el inicio de la promoción de un total de 2.243 viviendas de protección oficial, el mayor número de este tipo de hogares, tanto en régimen de compra como en régimen de alquiler, desde el año 2011, cuando la cifra ascendió a 3.151. Se trata de un 35,3% más que en 2021 y supone la recuperación del ritmo de inicios tras la crisis económica de la década pasada y que tuvo su epicentro en el sector inmobiliario y de la construcción de viviendas. El mayor número de inicios de 2022 se registró en Bizkaia, con 1.147 viviendas, seguida de Gipuzkoa, con 652 y Araba, con 444. Del total de viviendas cuyo comienzo tuvo lugar el pasado año, un 41,3% (926) estarán destinadas al alquiler cuando finalice su construcción, mientras que el 58,7% (1.317) se dirigirá a la venta.
En el caso de esta segunda modalidad, la venta, los hogares iniciados se distribuyen entre territorios con 821 unidades en Bizkaia, 277 en Gipuzkoa y 210 en Araba. Esta alternativa está delimitada desde 2020, tal y como recoge la Ley vasca de Vivienda, al sector privado, ya que las administraciones públicas deben centrarse en exclusiva en la ampliación del parque público en régimen de alquiler. Las viviendas de protección oficial en venta promovidas por el sector privado siguen los requisitos de acceso de las viviendas de protección pública y se atienen a los precios de la normativa de vivienda protegida. Estos últimos fueron actualizados en julio de 2022 tras doce años congelados, con el objetivo de adecuar los precios de VPO en venta y tasadas para que se acomodaran a los costes reales e incentivar así la promoción de esta tipología de hogares en el sector privado. Entre las distintas formas de vivienda protegida, las iniciadas por promotores privados ascienden a 1.171, una cifra que no se alcanzaba desde el año 2011, cuando se registraron 1.955.
Alquiler, las mejores cifras desde 2008
En el caso de las 926 viviendas protegidas para el alquiler iniciadas, el mayor número, 375, se concentra en Gipuzkoa, seguida de Bizkaia, con 326 hogares y Araba, con 225. Para encontrar un año con inicios más altos que en 2022 la estadística se retrotrae hasta 2008, cuando se registraron 1.125. En la serie histórica iniciada en 1990, tan solo superan a 2022 en materia de inicios de alquileres los años 2008, 2007 -con 1.842 inicios-, y 2005 -con 1.409 inicios-.
“El problema de la falta de oferta de viviendas en el mercado, tanto para su arrendamiento como para adquirirlas en propiedad, es una de las principales claves que explican los retos de acceso a la vivienda en Euskadi y de sus precios”, explica el viceconsejero de Vivienda, Pedro Jauregui. “Los datos de 2022 constatan la recuperación de un ritmo de inicios que son necesarios para dar respuesta a las necesidades de la sociedad vasca y demuestran que los cambios normativos realizados por el Gobierno Vasco en el desarrollo de la Ley de Vivienda, como la creación de la figura del alquiler asequible, o la actualización de precios de las viviendas protegidas, funcionan a la hora de incentivar al sector privado a construir para alquilar con precios razonables y, en definitiva, a la hora de avanzar en los compromisos que los principales agentes del sector adquirimos en el Pacto Social por la Vivienda, en el que uno de los principales objetivos es el de ampliar el parque de viviendas protegidas”.
En Euskadi existen en la actualidad alrededor de 69.000 VPO, públicas y privadas, de las cuales 55.500 cuentan con calificación permanente.
Entre los inicios se encuentran los primeros proyectos de la especialidad de alquiler asequible, cuya orden fue aprobada el pasado otoño. Esta establece un tramo de alquiler para unidades convivenciales con rentas anuales ponderadas entre 21.000 y 39.000 euros, e incorpora ayudas económicas de entre 18.000 y 45.000 euros por hogar para promotoras privadas que apuesten por construcción de viviendas para este colectivo (en torno a 7.000 familias registradas en Etxebide), mientras que las administraciones públicas prosiguen en su tarea de ampliar el parque para las rentas más bajas, principalmente quienes cuentan con ingresos inferiores a 12.000 euros (prácticamente seis de cada diez demandantes de alquiler en Etxebide).