Euskadi renuncia a OPE específica para interinos a la espera de la norma estatal

La Ley de Cuerpos y Escalas aprobada este jueves por el Parlamento Vasco no incluirá finamente la posibilidad de que las administraciones públicas de Euskadi puedan organizar convocatorias de empleo específicas para interinos con larga experiencia a la espera de que vea la luz la normativa estatal que legislará sobre esta materia.

La norma ha salido adelante con el único apoyo de PNV y PSE-EE, ya que toda la oposición ha votado en contra, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU por considerarla insuficiente para reducir las altas tasas de interinidad, y PP+Cs por no incluir una clasificación específica para los funcionarios de prisiones, recién transferidos.

Durante su tramitación parlamentaria se ha caído de la ley la redacción inicial de una de sus disposiciones en las que se recogía que cuando el porcentaje de interinidad existente supere el 40 % en los puestos que salgan a oposición la administraciones públicas podrían incorporar un "turno diferenciado de acceso" para el personal interino que acredite más de ocho años en ese puesto.

Una resolución del Tribunal Constitucional que considera "inconstitucional" un apartado similar de la quinta modificación de la Ley de Policía del País Vasco ha llevado a PNV y PSE-EE a pactar con PP+Cs una nueva redacción de esta disposición.

En esta se recoge la posibilidad de realizar "con carácter excepcional procesos especiales de consolidación de empleo" para el acceso a la función pública vasca y a través del sistema de concurso, pero siempre en el marco de lo que disponga la normativa estatal, actualmente en tramite en el Congreso.

La nueva ley sí que contempla que en los procesos selectivos el baremo de méritos contemple la valoración "de manera específica, diferenciada y complementaria a la valoración de la experiencia general de los servicios prestados en la administración convocante" por el desempeño de los puestos convocados.

La puntuación derivada de dicha valoración específica no podrá superar el 20 % de la puntuación total alcanzable en el conjunto del proceso selectivo, excluida la valoración como mérito del conocimiento del euskera.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha explicado que se ha eliminado el párrafo citado del proyecto inicial para poder afrontar los procesos de consolidación de empleo "con las debidas garantías jurídicas", al tiempo que ha defendido que se trata de una norma "estratégica y básica" en la que se regula la estructura del personal de la Administración general de Euskadi y de sus organismos autónomos y se actualizan varias cuestiones recogidas en la actual legislación que data de 2004 con el fin de adecuar los puestos a los perfiles profesionales.

Ha defendido que da un "salto cualitativo en la apuesta por fórmulas orientadas a consolidar el empleo", así como que reconoce al personal interino como un colectivo que "aporta una experiencia y conocimiento de gran valor para las administraciones".

Desde el PNV, Estíbaliz Larrauri ha reconocido que la ley está condicionada por decisiones judiciales, pero ha defendido que "no es una ley fallida, sino de gran utilidad", mientras que la socialista Miren Gallastegui ha incidido en que los niveles de interinidad son "difícilmente asumibles" y ha destacado también que ha sido necesario dotar de seguridad jurídica a la norma.

Pazis García (EH Bildu) ha lamentado que la norma "deja sin solución a la interinidad del empleo público" y "frustra las expectativas" que a su juicio creó el Gobierno Vasco para las 55.000 personas que, según han dicho, se encuentran en situación de interinidad en las distintas administraciones públicas vascas. "Es una ley fallida", ha zanjado.

En la misma línea, Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU) ha criticado que la norma no incluya la "obligatoriedad" de hacer procesos selectivos para resolver las altas tasas de interinidad por lo que ha insistido en que tal y como esta la ley no existe garantía de que haya procesos de consolidación de empleo. "Va a depender de la voluntad política", ha dicho.

Por su parte, José Luis Gordillo (PP+Cs) también ha opinado que la ley no resuelve el problema principal a la espera de la legislación básica, pero ha precisado que su voto contrario responde a que no se ha aceptado su enmienda para que los funcionarios de prisiones sean considerado un "cuerpo específico" dentro de la administración.

Tras la aprobación de la ley, el sindicato ELA ha denunciado durante una concentración frente al Parlamento que la norma no soluciona el problema de la temporalidad y pone en peligro los "miles de puestos de trabajo públicos" ya que no hay garantías reales de consolidación.

Ha reclamado que se consolide a los 55.000 empleados públicos temporales y ha pedido a los partidos políticos que condicionen "con su voto y apoyo" los cambios normativos necesarios para eliminar "los obstáculos que impone Madrid".

También LAB ha considerado que PNV y PSE han "desvirtuado" el que era el único instrumento legal del Gobierno Vasco para acabar con el "abuso de la contratación eventual al rechazar la puesta en marcha de un proceso excepcional de consolidación mediante concurso de méritos extraordinario para empleados públicos que tienen acreditado el acceso a la administración y para el personal laboral indefinido no fijo por sentencia.

"El tiempo se está agotando y el Gobierno Vasco continúa sin moverse, con propuestas que son papel mojado, esperando a lo que venga de Madrid sin dar salida a esta situación endémica de abuso", ha reprochado el sindicato abertzale.