El Gobierno español ha pulsado el botón. El Ministerio de Sanidad de Carolina Darias envió ayer a las comunidades autónomas la controvertida orden con las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud el pasado miércoles, medidas que Euskadi ve como una imposición y pretende ignorar. El Gobierno español avisa en ese documento de que son de obligado cumplimiento con independencia de lo que haya votado cada comunidad en esa reunión aunque, al mismo tiempo, parece dejar un margen para "adaptar" y "contextualizar" las medidas en los territorios en lo que se refiere a la hostelería. Este punto es difícil de interpretar y de casar con que las medidas sean obligatorias, y desde el Gobierno vasco rechazaban elucubrar con que sea un resquicio. Pase lo que pase, el lehendakari seguirá ciñéndose a su propio plan, a las medidas del LABI, aprobadas con una vigencia de veinte días, porque entiende que tiene la competencia en la crisis.
El miércoles se había hablado de que las comunidades con más de 150 casos de coronavirus de incidencia acumulada en las dos últimas semanas tendrían que cerrar el interior de los bares, como la CAV (204) y La Rioja, pero ahora no queda claro si hay margen para modularlo. El Gobierno español insiste en que las normas son obligatorias y, de viva voz, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró por la mañana que hará que se cumplan. El cierre del interior de los bares es la medida más peliaguda que afecta claramente a Euskadi. Se espera que la orden se publique hoy en el Boletín Oficial del Estado, pero se aclara que no habrá que esperar hasta entonces para que entre en vigor, sino que está operativa desde que se notifica a las comunidades, es decir, desde ayer a la tarde. El Gobierno vasco, que no acudió a la cita del miércoles, mantiene que la competencia es suya y no cerrará.
La orden de ayer añade que las comunidades pueden recurrir en reposición ante la ministra Darias o acudir a la sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional. Finalmente, no se ha esperado hasta el lunes para la entrada en vigor de la orden y para dar margen a que los contagios bajen en la CAV o La Rioja y el conflicto pierda razón de ser. Pero la orden no cita qué represalias o instrumentos podría tener el Estado para hacer cumplir las medidas. La ministra Darias dijo por la mañana en la cadena Ser que los servicios jurídicos están estudiándolo, y no se descarta llevar a las comunidades a los tribunales. La clave podría radicar en si se piden o no medidas cautelares que corten de raíz la acción de los territorios. La novedad que introduce la orden radica en que ya no estará en vigor hasta que la vacunación llegue al 70%, sino hasta que la ministra le ponga fin "previo acuerdo" del Consejo Interterritorial y previa audiencia "de todas las comunidades", lo que abre la puerta a que su duración sea más corta y se pueda reconducir. Las comunidades de Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía y Catalunya votaron en contra el miércoles y Euskadi se ausentó.