El lehendakari confirma que no cumplirá la "imposición" por Madrid del plan anticovid

La aprobación de medidas antipandemia para el conjunto del Estado en la interterritorial del pasado miércoles contra el criterio de Euskadi y otras cinco comunidades autónomas ha soliviantado al Gobierno vasco, que ha optado por ignorar lo que considera una "imposición" de Madrid y seguir adelante con su plan de desescalada y su propia hoja de ruta para el verano. Así, la CAV hará oídos sordos ante lo que considera un "desconcierto absoluto" y un "ejercicio de invasión de competencias" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

En el Consejo Interterritorial de Salud las nueve comunidades gobernadas por los socialistas impusieron su mayoría y refrendaron un plan que La Moncloa ha decidido que sea de cumplimiento obligatorio para todas las autonomías, incluso para las que tienen sus propios planes y rechazaron la hoja de ruta estatal. Se da además la circunstancia de que las regiones que votaron a favor de las medidas antipandemia suman poco más del 30% de la población, mientras las que se opusieron engloban casi al 70%.

En esta tesitura, Euskadi aprecia un criterio unificador y centralista por parte del Estado español y no planea moverse un ápice del Plan Biziberri, hoja de ruta que el Ejecutivo autonómico considera que se ha demostrado útil en los últimos meses. El lehendakari Iñigo Urkullu compareció ayer ante los medios a su llegada al pleno del Parlamento Vasco y dejó entrever que la CAV no va a obedecer los criterios marcados desde Madrid para el verano, que a su juicio no hacen más que crear "desconcierto" en el proceso de desescalada.

Urkullu se refirió así a las medidas adoptadas el pasado miércoles sin unanimidad y que el Gobierno español quiere que estén en vigor hasta que el 70% de la población esté vacunada, lo que se espera que ocurra a finales del verano. El lehendakari recordó que su gabinete no participó en el debate ni en la votación, y se mostró asombrado ante lo que ha calificado como "un ejercicio de invasión de competencias" que dinamita el consenso y la colaboración entre el Estado y las comunidades. "Estamos viviendo un desconcierto absoluto con respecto a las actitudes del Gobierno español. Esta no es una actitud de cogobernanza, ni de gobernanza compartida, ni de gobernanza colaborativa. Sin planteamientos previos para un consenso, plantear decisiones de manera unilateral a modo de imposición no es el resultado de una cogobernanza", denunció, antes de reclamar "un poco de orden" a la Administración estatal.

En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo vasco se mantiene firme en continuar obedeciendo únicamente al Plan Biziberri, "que se ha demostrado eficaz y está consensuado". Asimismo, preguntado por si su socio de Gobierno del PSE comparte los mismos postulados, Urkullu recordó que los consejeros socialistas respaldaron la hoja de ruta vasca: "No tengo nada que sospechar de la actitud del PSE como socio de coalición".

Los socialistas están en un brete al estar presentes tanto en el Ejecutivo vasco como en el español; sin embargo, todo apunta a que el PSE ha decidido cerrar filas con el lehendakari ante las imposiciones de Moncloa. En un comunicado, los de Idoia Mendia consideran que Moncloa "tiene que entender" las particularidades de cada comunidad autónoma en relación con la pandemia y "se deben respetar las casuísticas".

El PSE incide en esa línea y, aunque agradece sus esfuerzos en la lucha contra el virus al Gobierno de Pedro Sánchez, añade que se deben atender las diferentes situaciones que se dan en cada autonomía "y los mecanismos previstos en cada una de ellas para garantizar la salud y lograr la reactivación de la economía".

Por su parte, en el Ejecutivo español varias voces se pronunciaron para recordar a las autonomías que lo acordado en el Consejo Interterritorial es de "obligado cumplimiento". Así lo calificó la portavoz María Jesús Montero, que defendió que las decisiones tomadas en este órgano se basan en "criterios técnicos", por lo que ve "ficticio" el debate entre la defensa de la salud y la economía, y no entiende las quejas de las comunidades que votaron en contra. A su juicio, es necesario "hacer un esfuerzo entre todos", porque "de nada sirve que una ciudad o región haga esfuerzos extraordinarios para mantener a raya su incidencia si la ciudad o comunidad autónoma vecina no lo hace".

En términos similares se expresó el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, que, en visita a Bilbao para inaugurar el edificio de la antigua aduana, negó que las nuevas medidas sean una imposición, pero sí confirmó que son "de obligado cumplimiento" para todas las comunidades autónomas. "Pido encarecidamente que se cumplan porque la pandemia no conoce de fronteras administrativas y tiene que haber pautas comunes de actuación", argumentó.

Por último, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, trató de rebajar la tensión entre el Estado y las autonomías al asegurar que la "judicialización" de este conflicto no es una medida que el Gobierno español se plantee en este momento. En esa línea, Darias explicó que las medidas adoptadas el miércoles hay que "contextualizarlas en cada autonomía" e invitó a las comunidades a establecer "marcos de actuaciones comunes".