Euskadi es la segunda comunidad autónoma, tras Navarra, que más invirtió en políticas sociales en 2023, concretamente 4.079 euros por habitante, 955 euros más que la media estatal.
El porcentaje que destinan las comunidades autónomas en conjunto a políticas sociales ha pasado del 67,4 % de sus presupuestos en 2010 al 58,4 % en 2023, según un informe dado a conocer este jueves por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
En el caso de Euskadi, ese porcentaje de los presupuestos vascos fue del 63,26 % el pasado año.
El porcentaje del presupuesto vasco destinado a sanidad en 2023 fue del 32,7 %, con un gasto por habitante de 2.106 euros, muy por encima de los 1.635 euros de la media estatal.
En educación el porcentaje del presupuesto vasco fue del 23,6 %, el mayor de todas las comunidades, y el gasto por habitante de 1.522, también el más alto.
En cuanto a los servicios sociales Euskadi destinó el 7 % de su presupuesto a esta materia, lo que supuso 450 euros de gasto por habitante.
Descenso de la inversión en el Estado
El informe, que analiza 'La inversión social por comunidades', asegura que en 2023 las autonomías dedicaron casi 150.000 millones de euros (149.363) a sanidad, educación y servicios sociales, incluida dependencia, lo que supuso 3.124 euros por habitante.
Pese a que esa cifra fue la más alta de la historia, señala que sólo uno de cada diez euros de aumento de los presupuestos autonómicos en 2023 se destinó a políticas sociales.
En concreto, en 2023 los presupuestos de las comunidades aumentaron en 15.469,3 millones de euros, mientras que la inversión en políticas sociales sólo aumentó en 1.946,6 millones, lo que representó únicamente 12,58 de cada 100 euros más de gasto.
Año tras año, subraya, las comunidades autónomas destinan menos porcentaje de sus presupuestos a políticas sociales.
Haciendo un poco de historia, la asociación apunta que los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010, que califica como "especialmente drásticos" en 2013, condujeron a que en ese último año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en sanidad, educación y servicios sociales, con menos de 100.000 millones de euros (99.977,9).
Desde el año 2014 y hasta 2020 se fueron registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas y en los años siguientes, fruto de la gestión de la pandemia, fue aumentando en gran medida el gasto social.
Más inversión tras la pandemia
Llama la atención sobre el hecho de que aunque la crisis sanitaria y social provocada por la covid 19 demostró la importancia del gasto en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales, el incremento del gasto en estas políticas gestionadas por las comunidades sólo ha sido el 9,1 % entre 2020 y 2023.
Con más detalle indica que el aumento ha sido del 0,2 % en sanidad, del 16,8 % en educación y del 33,5 % en servicios sociales.
En cambio, afirma que el incremento del gasto en el resto de políticas fue el 55,7 % en ese mismo periodo, lo que significa seis veces más y "evidencia la pérdida de peso específico del gasto social en las comunidades autónomas".
El mayor incremento del gasto autonómico en los últimos años se registra en el coste la deuda pública, con más de 16 puntos entre 2019 y 2020.
Desde 2009, todas las comunidades han incrementado su inversión en el conjunto de áreas analizadas, en mayor medida Baleares, con un incremento por habitante del 47 %, seguida de la Comunidad Valenciana (41 %), Asturias (40 %) y Extremadura (casi un 40 %).
Estas cuatro comunidades autónomas han incrementado en más de 1.000 euros por habitante su inversión en políticas sociales.
Revela también el informe que la desigualdad en los servicios que las comunidades ofrecen a su ciudadanía queda patente al analizar su inversión en políticas sociales.
Las comunidades que menos invierten en este área son Madrid (2.464 euros por habitante), Catalunya (2.942) y Murcia (3.008) y las que más Navarra (4.161), País Vasco (4.079) y Extremadura (3.960).