El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, considera "necesario" que el Tribunal Supremo fije criterios para la revisión de condenas por la Ley de 'solo sí es sí' para "crear seguridad jurídica donde las disposiciones normativas han creado un marco de incertidumbre normativa". En Euskadi, se han revisado hasta mayo 62 condenas a la baja y se han producido ocho excarcelaciones en aplicación de esta ley.
El Tribunal Supremo inicia este martes pleno monográfico con la intención de fijar los criterios con los que deben revisarse las condenas firmes por delitos sexuales tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual.
Para el presidente del tribunal vasco, es "necesario" ante la "incertidumbre normativa" por la ausencia de disposiciones transitorias que ha dado lugar a "diferentes criterios de interpretación".
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Subijana ha eludido pronunciarse sobre cuál debería ser la vía elegida. A su entender, "la vía óptima es la que crea seguridad jurídica" y, por ello, "cualquiera que sea el criterio del Tribunal Supremo creará seguridad jurídica, permitirá a partir de ese momento conocer cuáles son los criterios de interpretación" para la aplicación de la ley.
De este modo, ha señalado que "lo importante es, por fin, crear un criterio único y que, por tanto, los penados y penadas, con independencia del tribunal que haya dictado la sentencia, cumplan sus penas conforme a criterios uniformes".
"La justicia va a crear seguridad jurídica donde las disposiciones normativas han creado un marco de incertidumbre normativa", ha manifestado.
Según ha recordado, hasta primeros de mayo, en Euskadi aproximadamente ha habido 144 procedimientos de revisión, de los cuales 62 han terminado con revisiones a la baja de condenas y ocho con excarcelaciones.
Subijana ha explicado que se han dado "dos criterios básicamente", de manera que, "en aquellos casos donde la ley fijaba una pena mínima inferior a la que anteriormente existía, eso es un criterio de revisión automática, la ley penal favorable" y, cuando no concurría esa circunstancia, "hacer una reevaluación de la pena impuesta a partir de los criterios que el tribunal tuvo en cuenta en su momento para fijar la pena".
Medidas de refuerzo tras las huelgas
Por otra parte, Iñaki Subijana se ha referido también al conflicto laboral en la Administración de Justicia. Así, ha afirmado que, tras cerrarse "el ciclo" de huelgas que ha supuesto suspender "muchos juicios" en los tribunales de Euskadi, se va a acometer durante los próximos dos meses un diagnóstico de esta incidencia para en el mes de septiembre proponer "a quien corresponda" medidas de refuerzo que permitan solventarla.
En este momento, ha explicado, "habrá que hacer un diagnóstico de nivel de incidencia que la huelga de letrados inicialmente y la de funcionarios posteriormente ha generado en el funcionamiento de la Justicia", que "tiene puntos de tensión muy claros" en los tiempos de respuesta.
"Ahora toca hacer el diagnóstico, este mes y el siguiente, y la propuesta de posibles soluciones", ha explicado Subijana, que ha admitido que "se han suspendido muchos juicios", sobre todo en el orden Civil, Penal y Social.
Tras el diagnóstico "lo más aproximado posible", ha avanzado que en septiembre se propondrá "a quien corresponda las medidas de apoyo o de refuerzo que son necesarias para poder solventar esta situación".
Según ha explicado, en este momento, los juzgados más congestionados en Euskadi, son los de Instancia de Bilbao y de San Sebastián, los de lo social de Bilbao, la sección primera de la audiencia provincial de Álava y el juzgado de ejecución penal de Bilbao.
A su entender, "la solución es la creación de unidades judiciales, es decir, nuevos juzgados en cada uno de esos ámbitos", una decisión que depende del Ministerio de Justicia.
Criterios para no acudir a las mesas electorales
Asimismo, ha considerado que es "importante" que, ante la celebración de las elecciones generales el próximo 23 de julio, la Junta Electoral fije unos criterios para resolver las solicitudes de ser eximido de formar parte de mesas electorales, dado que se trata de "una situación que no se ha vivido hasta ahora de una convocatoria anticipada en pleno periodo vacacional".
"Habiendo un criterio legal de excusa fundado en las circunstancias excepcionales que permitan justificar la exoneración del deber de formar parte de la mesa electoral, creo que es importante que se fijen criterios que permitan que las decisiones a los casos concretos sean homogéneas y uniformes y evitar la sensación de desconfianza que genera que, según el criterio más o menos restrictivo que tenga una junta, se pueda dar lugar a situaciones disímiles ante casos más o menos similares", ha manifestado.
El presidente del tribunal vasco ha explicado que le consta que "va a haber el esfuerzo de fijar esos criterios comunes" por parte de la Junta Electoral Central, que es la que "tiene la competencia en todo el territorio y la que puede permitir en cierta manera fijar unos criterios que luego sean seguidos y aplicados por las Juntas Electorales de zona". A su entender, esta decisión se producirá "en un plazo relativamente corto".
Por otro lado, Subijana ha rechazado las críticas que ha recibido la Justicia por determinadas sentencias en materia lingüística. Según ha subrayado, "los jueces deciden recursos conforme a la legislación vigente".
"La política lingüística es una competencia exclusiva y excluyente del ámbito parlamentario, y la ejecución y la gestión del ámbito ejecutivo, y a los tribunales lo que les toca es resolver los recursos que se plantean respecto a los criterios de aplicación de esa norma", ha explicado.
Asimismo, ha remarcado hay "una política de normalización lingüística en Justicia", las personas "pueden manifestarse oral y verbalmente en euskera ante los tribunales" y el número de jueces bilingües actual "no ha existido en ningún momento del desarrollo histórico", si bien ha admitido que hay que "mejorar las ratios de uso de euskera en los juicios".
No obstante ha precisado que no es algo que dependa "únicamente de los jueces", sino también de que "todos los actores presentes en un juicio, ministerio fiscal, abogados, abogados, ciudadanos y ciudadanos, peritos, testigos, también evidentemente tengan un dominio del euskera".
Perspectiva de género
En otro orden de cosas, se ha referido al crimen registrado el pasado 28 de mayo en Gasteiz, donde fue asesinada presuntamente a manos de su expareja una joven de 32 años, que había trasladado a la Ertzaintza su voluntad de eliminar la orden de alejamiento existente.
Tras subrayar que "la gestión del riesgo victimal es un tema complejo", ha apuntado, tras ser preguntado sobre un endurecimiento de los protocolos, que puede ser "razonable plantearse criterios de detención en estos contextos", pero "lo más importante desde el punto de vista del marco de protección" de la víctima es que "el marco de protección que judicialmente se ha fijado se respete" y, si no, "se plantee la posible reevaluación".
"Si se ha creado un contexto de prohibición de interacción, de acercamiento de comunicación y hay un contexto de incumplimiento de esa medida por parte del obligado, que es en este caso la persona investigada, la persona acusada, el tema a valorar es si ese es un elemento que conviene poner en conocimiento de la Fiscalía y de la Judicatura para que reevalúe, si la orden de protección que se ha fijado es suficiente o no. O hay que ir a un ámbito más restrictivo a través de controles telemáticos, controles policiales más exhaustivos o incluso en los casos más extremos y con respeto siempre al principio de proporcionalidad plantearse una posible prisión provisional", ha indicado.
En todo caso, ha señalado "la necesidad de diferenciar la tutela cautelar del desarrollo del procedimiento, que son dos ámbitos distintos".
Finalmente, ha remarcado que en el ámbito judicial "hay perspectiva de género" y, aunque "seguro que hay criterios evidentemente en algún momento discutibles", en líneas generales "la cuestión no está en la formación de juezas y jueces, sino más bien en cierta manera en la inversión en políticas públicas que permitan que los tribunales cuenten con los medios suficientes, por ejemplo, con unidades de valoración de forense integral que hagan valoraciones del riesgo victimal y que, desde ahí, puedan argumentadamente decidir si efectivamente la protección es factible o no y hasta dónde".