Euskadi tendrá la semana que viene su propia Ley de Memoria Democrática

Bilbao – Euskadi es una de las comunidades punteras en materia de memoria y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, con iniciativas que han sido después exportadas como el banco de ADN de personas desaparecidas durante la guerra y sus familiares, con el fin de posibilitar su identificación en futuras exhumaciones. Esta posición de vanguardia se verá reforzada de forma notable la semana que viene con la aprobación, en Consejo de Gobierno el 27 de julio, de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, que seguirá después la tramitación preceptiva en el Parlamento Vasco.

Así lo anunció ayer la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, durante la presentación del proyecto sobre los bombardeos de la Guerra Civil en Euskadi, impulsado por el instituto Gogora. En el transcurso del acto, la consejera explicó que la Ley de Memoria vasca se "inspira en los principios de verdad y restitución de la memoria de las víctimas", los mismos que han impulsado el trabajo del historiador y director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, Xabier Irujo, sobre los bombardeos.

"Que nadie busque en nuestro anteproyecto ánimo de venganza o revancha; que nadie busque en esta futura ley confrontación ni ánimo de resucitar políticas de bandos y trincheras; pero con la misma rotundidad quiero afirmar que olvidar y pasar página no es una opción", dijo Artolazabal en la sede del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos. Se refirió por tanto a los principios de verdad, restitución de la memoria y dignidad de las víctimas como "principales vectores de la acción en el área de políticas de memoria". "La memoria, la verdad y la dignidad de las víctimas, de todas las víctimas: ésta es nuestra opción", concluyó.

Precisamente el pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Memoria Democrática, que está llamada a sustituir la Ley de Memoria Histórica de 2007 que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero. Pese a suponer un avance respecto a dicho antecedente, asociaciones memorialistas como la Plataforma Vasca contra los Crímenes del Franquismo y la Asociación de Familiares de Fusilados, Asesinados y Desaparecidos en Navarra han denunciado carencias de la nueva ley española de memoria, por ejemplo por no contemplar la anulación de todas las sentencias del franquismo y por no dedicar espacio a víctimas específicas de la guerra y la dictadura como los muertos en prisiones, el colectivo LGTB y el pueblo gitano, en este último caso a través de la Ley de Vagos y Maleantes.

Estas asociaciones también reclamaron que la judicatura deje de poner trabas y se implique en los procesos de exhumación, y criticaron que la nueva Ley de Memoria cite en su preámbulo una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 2005 pero que después no refleje su contenido en su articulado. Recordaron que dicha resolución establece principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de vulneraciones a interponer recursos y obtener reparaciones. Naciones Unidas también implicó directamente a los Estados en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento y castigo de los culpables de estas "violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del derecho humanitario, que constituyen crímenes graves", según la literalidad del documento.

La propia consejera Beatriz Artolazabal valoró el mismo martes el aprobación de la Ley de Memoria Democrática por el gabinete de Pedro Sánchez, asegurando que "en todo aquello que se avance en verdad, memoria y reparación nos encontraremos". Subrayó, eso sí, que "en Euskadi llevamos mucho trabajo realizado, y en el Estado español hay mucho más trabajo por recorrer". Afirmó por último que estas modificaciones legislativas son "bienvenidas" pero que "el verdadero avance real vendrá con la reforma de la Ley de Secretos oficiales", que calificó como "imprescindible para avanzar en la construcción de la memoria histórica".

Compromiso Durante su intervención ayer en Gogora, Artolazabal recordó el "compromiso" del Gobierno Vasco con "las políticas de memoria en general y con las relacionadas con la memoria de la guerra en particular". El mismo ha arrojado "resultados tangibles" como el banco de ADN, que cuenta ya con más de 250 muestras y que sigue aumentando gracias a la labor de Gogora. También la base de datos sobre víctimas de la Guerra Civil, "pionera en el Estado y que incluye más de 20.000 registros personalizados de víctimas de la guerra".

La consejera añadió "el mapa de fosas de la guerra, ya finalizado, o el acompañamiento a las familias vascas que han visto reconocido su derecho a la exhumación de sus familiares en el Valle de los Caídos". Un derecho que puede verse satisfecho muy pronto después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial aprobara en junio la licencia de obras para actuar en el mausoleo. Para el futuro queda el columbario de Orduña, como posibilidad para que reposen los restos de víctimas por deseo de sus familiares, o seguir avanzando en el mapa de itinerarios de la memoria.