Euskadi tendrá módulos para presos de primer grado en marzo de 2024

Euskadi contará con módulos de régimen cerrado para presos de primer grado antes del 31 de marzo del 2024, según han anunciado fuentes del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco.

En un informe hecho público la pasada semana, el Ararteko pedía al Gobierno vasco que crease módulos para presos de primer grado, donde se interna a los peligrosos, porque las tres cárceles vascas carecen de estos módulos y se les traslada a prisiones de fuera de Euskadi, lo que "perjudica su reinserción".

Euskadi recibió la competencia sobre las prisiones en el 2021, y fuentes del Departamento de Justicia han explicado que las tres cárceles vascos no tenían entonces ni tienen módulos de primer grado, de manera que se trata de una situación "heredada".

Lo que hacía Instituciones Penitenciaras antes del traspaso con los internos de primer grado era llevarles a cárceles de fuera de Euskadi que sí dispusieran de estos módulos de régimen cerrado, como la palentina de Dueñas.

Ahora, desde el traspaso, también se les traslada fuera de Euskadi, hasta que se les levanta el primer grado y, si el interno tiene arraigo en Euskadi, vuelve al País Vasco.

Otra solución que se adopta es que permanezcan en prisiones de Euskadi pero endureciendo las condiciones para asemejarlas a un primer grado, más estricto.

Estas soluciones temporales terminarán antes del 31 de marzo del 2024, fecha en la que el Gobierno Vasco se ha comprometido a disponer de un módulo de régimen cerrado en una o varias de las tres prisiones vascas, aunque aún no está decidido en cuántas.

La fecha está incluida en un nuevo protocolo firmado recientemente por el Gobierno Vasco con Instituciones Penitenciarias.

La existencia de un módulo cerrado está fijada por la Ley Orgánica General Penitenciaria, que establece que "se procurará que en cada área territorial se cuente con el número suficiente de establecimientos penitenciarios para cubrir las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados".

En su informe de la pasada semana, el Ararteko admitía que el régimen cerrado "presenta obstáculos para su implementación" en Euskadi, como la dificultad para constituir un equipo técnico especializado en un departamento de primer grado, sobre todo, añadía, porque "existe una insuficiencia de personal profesional y cualificado en la Administración Penitenciaria Vasca y una sobrecarga de trabajo de los efectivos existentes".