El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco ha triplicado la cuantía de las ayudas para apoyar a las personas propietarias afectadas por la normativa de suspensión de los desahucios. De esta forma, ha invertido hasta el momento 357.000 euros para compensar a las personas arrendadoras y propietarias por la paralización de los procedimientos en casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
La consejería dirigida por Iñaki Arriola ha adjudicado entre 2019 y 2022 un total de 162 viviendas en régimen de alquiler social a personas desahuciadas por una ejecución hipotecaria o por impagos del alquiler.
Vivienda ha informado, en un comunicado, de que ha concedido hasta el 1 de marzo ayudas a 88 personas propietarias que habían iniciado el procedimiento judicial para recuperar su vivienda y que se han visto afectadas por la suspensión de los procedimientos de desahucio y de los lanzamientos en el caso de hogares vulnerables que no tuvieran una alternativa habitacional, medida activada por el Gobierno central para paliar los efectos de la pandemia y que ha mantenido hasta mediados de 2023 ante el complejo contexto económico actual.
De los 145 expedientes resueltos por la administración, 88 han sido favorables a las personas propietarias, con el desembolso de un total de 357.071,36 euros. Se trata de una cuantía que se ha incrementado por parte del Departamento de Vivienda hasta casi triplicar el presupuesto inicial, establecido en 120.000 euros ampliables en la orden que regula las ayudas y que fue aprobada por el Gobierno Vasco en otoño de 2021.
Las ayudas otorgadas abonan el 100% del arrendamiento establecido hasta un tope, delimitado en la renta mensual media del entorno donde está situado el inmueble, según la última Estadística del Mercado del Alquiler (EMAL).
La compensación incluye el coste del alquiler no abonado y los gastos corrientes que se hayan asumido desde el auto de suspensión. Entre las restantes 57 solicitudes resueltas, la mayoría han sido desistidas por las propias personas solicitantes, 25 han sido desestimadas y una inadmitida.
La principal razón de las resoluciones negativas ha estado motivada por el hecho de no contar con una suspensión extraordinaria del procedimiento en los términos previstos por la normativa que rige la paralización, el Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo de 2020.
Por territorios, en Araba se han resuelto 42 solicitudes, con 26 estimadas con un presupuesto total de 114.775,29 euros; en Bizkaia se han resuelto 83, con 51 positivas por 197.595,05 euros; y en Gipuzkoa han sido resueltas 20, once de ellas favorablemente para las personas propietarias, con una inversión de 44.701,02 euros.
Como la paralización de los procedimientos de desahucio y lanzamiento ha sido prorrogada hasta julio de 2023 por parte del Gobierno central, las ayudas de la administración autonómica siguen vigentes y pueden seguir siendo solicitadas previa presentación de documentación como el contrato de alquiler, el informe de vulnerabilidad en el que se basa la suspensión del desahucio o el propio auto de suspensión. Las ayudas son incompatibles con otras y también con las indemnizaciones derivadas de seguros de impagos del alquiler.
PERSONAS VULNERABLES DESAHUCIADAS
Además de esta línea de ayudas a las personas propietarias activada en 2021, el Departamento dirigido por Iñaki Arriola cuenta desde 2019 con un convenio en vigor con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), varios departamentos del propio Gobierno vasco y la Asociación de Municipios Eudel para actuar conjuntamente ante desahucios judiciales en unidades convivenciales vulnerables.
Vivienda ha adjudicado, en base a este convenio, 162 viviendas en régimen de alquiler social de su propio parque entre 2019 y 2022. En 18 casos se trató de ejecuciones hipotecarias y en los 144 restantes se trató de lanzamientos por impagos del alquiler.
Para formalizar las solicitudes de ayudas ante la paralización de procedimientos de desahucio y obtener información al respecto, se debe recurrir a esta página web.