La inminente aprobación de los Presupuestos de Pedro Sánchez es para el Gobierno español una especie de pistoletazo de salida, como si hubiera escuchado la sirena que le empuja a retomar ya con el Ejecutivo vasco la negociación de las transferencias que recoge el Estatuto de Gernika. Tal y como ha podido saber este periódico, el Gobierno español ha vuelto a levantar el teléfono, unas llamadas que se han producido entre los equipos técnicos tras medio año sin avances desde la transferencia de las prisiones.
La prioridad se sitúa en los dos compromisos que más aprietan en el calendario, porque la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, prometió a la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, que acercarían posturas este año en esas materias: la transferencia del Ingreso Mínimo Vital (una prestación social nueva que no aparece en el Estatuto) y la gestión de las líneas de tren de cercanías. Este compromiso lo asumió Rodríguez en la reunión mantenida el 17 de septiembre, donde aseguró que iba a enviar una propuesta sobre ambas cuestiones. Sobre el resto de materias, no hay concreción, y Garamendi pide propuestas por escrito sobre todas las pendientes, que son alrededor de una treintena.
Se espera que el acuerdo para que Euskadi gestione de principio a fin el pago del Ingreso Mínimo Vital sea inminente por dos razones. Por un lado, los Presupuestos estatales incluyen una cláusula sobre esta transferencia. En concreto, se trata de la disposición adicional quinta del decreto 20/2020, que pone en valor la condición singular de Euskadi por contar con haciendas forales, y justifica su capacidad para gestiones esta ayuda. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se había empeñado en incluir esta cláusula para evitar problemas con el Tribunal Constitucional o una avalancha de recursos de la derecha española o determinados colectivos de funcionarios, aunque el PNV no veía necesidad alguna. Una vez cumplido este requisito, se agotan los argumentos para demorar el traspaso y el camino queda despejado. Por otro lado, la inminente aprobación de las Cuentas ayuda a Sánchez a tachar de su agenda una tarea pendiente.
En las últimas jornadas, el Gobierno vasco y el PNV han notado que Sánchez solo tenía ojos para la negociación presupuestaria, y para atar el apoyo de los propios jeltzales primero, y de ERC con la Ley Audiovisual después. Si algo ha demostrado el presidente español es que no le gusta tener varios frentes abiertos y coloca los asuntos en cola, para avanzar uno a uno y prácticamente al día, o "a salto de mata", como ha lamentado el PNV. A eso se le suma la sensación de desorganización dentro del Gobierno español a la hora de articular la relación con el Gobierno vasco.
Quizás no con tanta rapidez, pero hay una segunda materia que discurre en paralelo al IMV: la transferencia de las líneas de tren de cercanías, porque la propia ministra se comprometió a enviar una oferta sobre ella y sobre el Ingreso Mínimo Vital en octubre, y pactarlos antes de que terminara el año. Las previsiones no se han cumplido a rajatabla, y en estas últimas semanas han aflorado argumentos desde el Gobierno español para poner el foco en otros retos como la recuperación económica o la gestión de los fondos europeos. La única fecha que se ha proclamado a los cuatro vientos estos días es el plazo del mes de enero para cerrar el Ingreso Mínimo Vital.
Esa transferencia tendrá que ser íntegra, de manera que no sea la Seguridad Social la que se reserve el pago de esa ayuda, sino que lo ejecute Lanbide. Es clave para poder integrar ese sistema en la Renta de Garantía de Ingresos vasca que funciona desde hace décadas. El traspaso se resolverá a través del Concierto Económico, con la parte económica incluida en el acuerdo. El PNV ya renunció a presentar una enmienda a la totalidad de las Cuentas a cambio de pactar que el traspaso fuera íntegro y no una mera encomienda de gestión.
el lehendakari aprieta
El lehendakari volvió a insistir ayer lunes en la necesidad de cerrar de una vez el proceso de transferencias, avanzar en el cronograma de cumplimiento íntegro del Estatuto y "cerrar definitivamente este contencioso institucional, jurídico y político". En un encuentro de El Correo, añadió, no obstante, que el camino no se agota con el cumplimiento del Estatuto, sino que también hay que profundizar en su actualización y evitar su "erosión" silenciosa.
Se reafirmó en institucionalizar el derecho a decidir, y ahí puntualizó que no significa "independencia", sino que puede significar adhesión. Apostó por dar voz a la ciudadanía en base a un acuerdo. En cualquier caso, aclaró que el pacto con EH Bildu es solo presupuestario y "nada" más en el futuro, y pidió no sacar "conjeturas". Siguió tendiendo la mano a todos, y recordó que su gobierno ha alcanzado también acuerdos con el PP. Dijo que será Bildu quien tendrá que responder por qué esta vez ha pactado las Cuentas. Urkullu se ciñó a sus recetas conocidas, como un Concierto Político para blindar el autogobierno.
CONVENIO NAVARRO
Acuerdo
TRES IMPUESTOS. Los gobiernos español y navarro firmaron ayer el acuerdo para actualizar la Ley del Convenio Económico. Los equipos de la consejera Elma Saiz y la ministra María Jesús Montero ratificaron un acuerdo por el cual la Hacienda Foral asumirá la recaudación de tres nuevas figuras tributarias: el impuesto sobre Transacciones Financieras (Tobin), el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) y el IVA del comercio electrónico (OSS), cuestiones que también tiene pactadas la comunidad autónoma vasca. Se pactaron cuestiones sobre la exacción de retenciones en teletrabajo, cambios en Sociedades, y la ampliación de la competencia en Sucesiones y Donaciones para herencias e inmuebles desde el extranjero. Se elimina el requisito del aval del Parlamento a la aportación al Estado, algo que cuestionan Geroa Bai y Bildu.