Expertos creen viable encajar la ley de amnistía

Una de las incógnitas en el aire para dar viabilidad a una ley de amnistía es si es factible su encaje. El catedrático de Derecho en la UPV/EHU, Juanjo Álvarez, considera que su aprobación es posible “desde el punto de vista reglamentario”, aunque lo ve más complicado “desde el punto de vista político”, en tanto que el contenido que debería tener esa norma debería fundamentarse en el reconocimiento de que “fue justo el procés y de que fue injusto el ordenamiento que se aplicó para reprimirlo”. Según desgranó ayer miércoles en Onda Vasca, Álvarez explicó que la ley no tendría problemas para aprobarse en las Cortes, ya que el Parlamento no está en funciones y podría aprobarse en lectura única. El PP no podría hacer valer su mayoría absoluta en el Senado porque tras ser rechazado en la Cámara Alta, el proyecto de ley volvería al Congreso para salir definitivamente adelante. Tampoco cabe recurso de inconstitucionalidad, ya que se trataría de una ley ordinaria y por tanto no recurrible. Por tanto, “no habría obstáculo legal si hubiera voluntad política”. En todo caso, y respecto al fondo de la cuestión, el catedrático remarca que “la norma tendría que reconocer que las acciones contra el procés fueron injustas”.

Según expresan otros expertos, una ley de amnistía “podría hacer que desapareciesen los hechos y las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos”, lo que implicaría que “quienes no han sido juzgados no lo puedan ser y que los condenados no cumplan sus penas”, lo que incluiría las no indultadas. Así lo manifestó a Europa Press Miguel Presno Linera, experto en Derecho Constitucional y catedrático de la Universidad de Oviedo; mientras que Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, coincide en que la extinción de las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás “depende de lo que diga la ley de amnistía, de lo que fije su alcance”. Y ello porque “la amnistía tiene el contenido que el legislador quiera darle”, con el único límite que imponen los tratados internacionales por la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como la tortura.

Esta amnistía es el pago por adelantado que exige Junts de cara a negociar la investidura de Pedro Sánchez, a partir de una estrategia similar a la seguida tras la votación de Francina Armengol como presidenta del Congreso. Por aquel entonces, eso sí, la condición pasaba por un resguardo firmado que demostrara que se había solicitado a Europa una reforma del reglamento lingüístico para que el euskera, el catalán y el gallego pasaran a ser lenguas oficiales y de uso comunitario. En general, una gran parte de los expertos que se han pronunciado al respecto creen que no hay razones más allá de lo político para pensar en que sea imposible impulsar esta ley de amnistía.