El proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi ha dado un nuevo paso al recabar en comisión parlamentaria la opinión de expertos que han realizado diversas sugerencias sobre su contenido. El doctor en Medicina por la UPV/EHU y especialista en Medicina Legal y Forense Paco Etxeberria ha instado a las autoridades a que vayan un paso más allá y, tras recibir las investigaciones de los especialistas sobre lo sucedido en la Guerra Civil y la dictadura, que "hagan oficial esa información". "Llega un momento en el que alguien tiene que decir que efectivamente esto fue así", ha señalado en presencia de los grupos parlamentarios.
Etxeberria, que ha dirigido un grupo de trabajo para el estudio de los desaparecidos y las fosas comunes de la Guerra Civil y preside el departamento de antropología física de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ha explicado que la Ley de Memoria Democrática que tramita de forma paralela el Congreso español contempla la creación de un Fiscal especializado que podría "validar aquello que se está haciendo, pidiendo que se entregue la documentación generada desde hace 20 años para darla por válida". Por ello, ha preguntado si la ley vasca va a contemplar una actuación en esa línea.
Su propuesta ya se ha llevado a cabo en Euskadi, y así ha citado el caso de Errenteria, cuyo ayuntamiento "ha validado la información generada tras las investigaciones que se pidieron, tanto de memoria histórica como de memoria reciente". Ha añadido que "la documentación se sometió al debate legítimo de todos los concejales y se concluyó que, efectivamente, eso es lo que había ocurrido en ese municipio", por lo que esta forma de proceder "se puede extender a otros municipios, pero también a otras autoridades". Según él, la ley vasca "puede cumplir esta misión".
BLOQUEO DE ARCHIVOS
En la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia también han comparecido Iñaki Egaña en representación de la Fundación Euskal Memoria; Andoni Txasko y Nerea Martínez por la Asociación 3 de Marzo; y otros dos expertos, el historiador del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda, José Antonio Pérez, y el profesor de derecho penal de la UPV/EHU Jon Mirena Landa. Estos dos últimos han coincidido en proponer que la nueva norma incluya sanciones por obstruir el acceso a documentos, una práctica que, según han denunciado, se produce de forma más habitual de lo deseable.
José Antonio Pérez ha citado como ejemplo la situación de los tres archivos de la CAV, uno por cada territorio. Según él, "el de Bizkaia lleva 30 años impidiendo, bloqueando, saboteando el acceso a documentación, específicamente a aquella que tiene que ver con el franquismo". "Es algo que venimos sufriendo no solo los investigadores profesionales, los historiadores, sino también familiares de víctimas. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a esa información", ha reclamado. Por este motivo ha pedido la adopción de medidas para, "limitar un comportamiento absolutamente arbitrario por parte de la dirección de algunos archivos".
En este mismo sentido se ha pronunciado el profesor de la UPV/EHU Jon Mirena Landa, quien entre sus sugerencias a introducir en el texto legal que se tramita en la Cámara vasca ha destacado la posibilidad de incluir "algún tipo de sanción" ante "conductas obstructivas por parte de funcionarios públicos que no permitan el acceso a la documentación que conforme al ordenamiento jurídico es accesible en los archivos". Tras admitir que estas situaciones no se solucionan "a base de sanciones", ha considerado "oportuno introducir una sanción general para algunos casos muy graves, como aviso a navegantes".