Tras cinco años de trabajos sobre memoria histórica y en colaboración con el Ayuntamiento de Donostia, la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha organizado este jueves un acto especial de clausura con la participación de expertos de primer orden, como Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas.
¿Actos de reconocimiento como los que tienen lugar estos días en Gipuzkoa, casi 90 años después del golpe franquista, no revelan, de algún modo, una falta de madurez democrática?
Son realidades que la sociedad aborda cuando puede hacerlo. El estado de indefensión de las víctimas ha perdurado décadas. Pero pasado tanto tiempo y estando el dolor tan presente, no tiene ninguna lógica mantener ese estado inicial de negación. Decir eso de que “de esto no se habla”. No es que ahora se hable mucho sobre memoria histórica, es que antes no se decía nada.
Son muchos años de silencio, y no se puede pasar página sin leerla previamente.
Claro. Son muchos años de silencio doloroso, y no es un silencio que les haya salido gratis a las víctimas y sus familias. Estuve hace unos días en un acto de restitución de restos en Palma de Mallorca. Se identificaron cuatro cuerpos. En ese momento, en el acto privado de entrega de los restos, en presencia del forense y el director de memoria histórica, te das cuenta de que el dolor de los familiares de las víctimas no solo es actual, sino que se ha transmitido de generación en generación. Estamos hablando de una supuesta paz construida sobre bases profundamente injustas. Una supuesta paz construída sobre el dolor de las víctimas. Ha transcurrido mucho tiempo de inacción, de invisibilidad e incluso estigma. Perdura todavía ese poso de culpa que se instaló sobre las víctimas. La paz conseguida no es la de las víctimas.
La derecha de este país siempre ha dicho que no conviene remover cosas del pasado, que actuar así solo sirve para reabrir heridas que están cerradas. ¿Qué opina?
Que ninguna de esas dos afirmaciones es cierta. No son cosas del pasado porque, como estoy señalando, las víctimas siguen reclamando justicia. El Estado debe adoptar medidas de reparación, de reconocimiento, de acompañamiento y de disculpa. Estamos hablando de problemas del presente, pero también del futuro.
¿En qué sentido?
Si no se aborda debidamente, estamos hablando de una realidad que siempre va a estar encima de la mesa. Y con respecto a que no conviene reabrir las heridas, el problema es que las heridas están abiertas, algo que durante tanto tiempo se ha intentado tapar. Están profundamente abiertas. No hay más que ponerse en el lugar de quien tiene un familiar en una cuneta, y una cuneta no es un cementerio. Ante una situación así es imposible hacer el duelo debido. Hay que tener mucha falta de humanidad para no comprenderlo.
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¿Existen paralelismos entre víctimas del franquismo y de ETA?
De entrada, todas las víctimas merecen un acompañamiento y el abordaje debido. La diferencia radica en si la violencia la ejercen grupos de oposición, ya que el Estado en ese caso no es responsable. En cambio, cuando los hechos vienen del propio Estado, nos encontramos ante una situación bien diferente. Quien debía cuidarnos -porque el Estado está para garantizar derechos y regularizar la convivencia democrática- se convierte en una máquina de matar. Dicho esto, de ninguna manera quiero decir que las víctimas de ETA no merezcan toda la solidaridad y acompañamiento. El Estado ha ido adoptando con ellas y sus familiares medidas de acompañamiento, pero aquellas que fueron víctimas de hechos cometidos por el propio Estado permanecen, en general, en la más absoluta orfandad.
¿Un manto de silencio muy extendido?
Es que es el propio Estado el que ha omitido durante todo este tipo tomar medidas. Los estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. Y también de reparar a las víctimas. Es su obligación ante cualquier violación de los derechos humanos, y más aún cuando esa violación ha sido masiva y sistemática, como es el caso que nos ocupa.
¿Es responsable tanto de lo que hace como de lo que deja de hacer?
Por supuesto. Un estado puede incurrir en responsabilidad internacional tanto por acción como por omisión. En este caso, la omisión de haber investigado y juzgado a los responsables de la represión franquista representa una nueva revictimización. Es una nueva violación de derechos humanos, un trato inhumano y degradante hacia las familias de las víctimas.
¿Por qué se tiende a confundir la petición de justicia con la venganza?
Bueno, creo que no hace falta explicar demasiado la diferencia. Precisamente, la justicia es lo contrario de la venganza. Las víctimas y sus familiares han dado muestras extraordinarias de civilidad, tanto es España como en todo el mundo. Por lo general han optado siempre por emprender un camino muchísimo más digno acudiendo a las instituciones del Estado, a sabiendas de que iniciar esa vía pueda suponer un camino complejo que conlleva demoras.
Ley de Memoria Histórica: "Podía haber sido una ley más fina"
El Estado español ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, uno de los proyectos más simbólicos de la legislatura. ¿Qué opina de esta normativa?
Es un gran paso adelante tras una negociación que resultó compleja. Más cuando durante décadas no ha habido el abordaje adecuado. Se nota el esfuerzo que se ha realizado por avanzar en cuestiones que eran muy necesarias.
¿Cojea en algún aspecto?
Haría varias críticas al respecto. La ley debió decir expresamente que quedaba derogada la ley de amnistía para estos crímenes atroces, que de ningún modo son susceptibles de ser amnistiados. A pesar de todo, el poder judicial podía haber hecho justicia, y puesto que no la ha querido hacer durante todo este tiempo, era necesario que la nueva ley lo indicara. También es mejorable en materia de reparaciones. En ese sentido, podía haber sido una ley más fina. Creo que falta un componente muy importante, que es el de la verdad. España se debe a una comisión de la verdad. Hechas esas críticas, se trata de una ley importante que hay que aplaudir.
La ley condena por primera vez el golpe militar de julio de 1936 y la dictadura franquista. Tarde, pero se van dando pasos.
Sí, por supuesto. El golpe militar fue una ruptura con la democracia establecida. El inicio de un ciclo atroz, y décadas de dictadura en las que se han cometido violaciones masivas y sistemáticas de derechos. No puede quedar sin abordaje todo ello. El olvido no se impone. Al revés, y sobran ejemplos en el mundo que nos indican que cuando los asuntos no se abordan debidamente, siguen estando encima de la mesa durante generaciones.
¿Por ejemplo?
El caso del genocidio armenio entre 1915 y 1923, cuando dos millones de civiles fueron víctimas de una deportación forzosa y de asesinatos en un intento de exterminar la cultura armenia.
Franco murió en su cama. ¿Es complejo lograr que los dictadores rindan cuentas?
Es complejo porque incluso cuando dejan el poder perduran las situaciones de poder residual, o mantienen el apoyo de determinadas facciones políticas. Es algo que ocurrió con Pinochet, que se mantuvo como senador tras la dictadura. Siempre es más fácil juzgar a alguien que no tiene poder que a quien lo tiene, o lo ha tenido. Sobre todo, si se trata de un jefe de estado. En cualquier caso, el Derecho Internacional sienta una base bien clara hoy en día.
¿En qué sentido?
Nos dice que no puede haber inmunidad para la comisión de crímenes de guerra, contra la Humanidad, y los genocidios. Independientemente del rol que esas personas hayan cumplido en la estructura del Estado, se les debe juzgar y condenar.
Fabián Salvioli
¿Qué ejemplos de buen hacer destacaría?
Fundamentalmente, en América Latina. El expresidente Alberto Fujimori en este momento está pagando prisión en Perú. José Efraín Ríos Montt fue condenado en Guatemala, al margen de que posteriormente el juicio fuera anulado. En Argentina, varios dictadores, entre ellos Jorge Rafael Videla, estuvieron en prisión hasta su muerte. En otros casos, aunque no hayan pagado con prisión, los procesos de justifica transicional y el esclarecimiento de la verdad les ha puesto en su lugar. No como sujetos históricos que han gobernado el país, sino como brutales y sanguinarios dictadores que merecen el repudio social.
¿El modelo alemán es un ejemplo a seguir?
Cada país tiene su propia coyuntura. El modelo alemán, en relación al nazismo, tiene que ver con un conflicto bélico internacional en el cual los derrotados fueron juzgados por El Tribunal de Núremberg. Al finalizar la guerra, las potencias vencedoras iniciaron una serie de procesos conocidos como los Juicios de Núremberg, cuyo objetivo era determinar la responsabilidad de los dirigentes nazis y sus colaboradores en determinados crímenes contra la Humanidad cometidos entre 1939 y 1945. Fue lo que se pudo abordar en aquel momento. El mayor legado del juicio de Núremberg fue precisamente dar una respuesta tremendamente civilizada -más allá de los errores que se pudieron cometer- a una falta de Humanidad total, con aquellos campos de concentración y un largo etcétera.
¿Cuál es el modelo a seguir hoy en día?
El modelo a seguir no es el de un país, sino el que marca el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con unos estándares que deben ser cumplidos. Se requieren procesos de verdad para esclarecer los hechos y disponer así de una verdad histórica, priorizando la voz de las víctimas. Hacen falta también procesos de justicia en los que los perpetradores de los crímenes sean llevados a tribunales independientes que investiguen los hechos, y les juzguen y condenen con penas apropiadas, si procede.
Insiste en la reparación.
Sí, para llevar a cabo bien el proceso se requieren reparaciones que sean integrales para las víctimas y sus familiares. Todo daño genera derecho a una reparación, que es un principio general de derecho y no hay porqué no aplicarlo. Más aún ante los daños más graves, que son los que comete el Estado cuando viola derechos. Hacen falta también reformas para que los hechos no se repitan, y garantías de no repetición. También procesos de memoria activa para que se pueda garantizar un futuro estable y en paz. Esos cinco pilares que reconoce el Derecho Internacional de los Derechos Humanos representan el modelo a seguir.