Familiares de Zabalza y víctimas del 3-M rechazan la nueva Ley de Secretos Oficiales

El Gobierno español pretende poner fin a una de las leyes franquistas más polémicas que aún se encuentra en vigor, la de Secretos Oficiales de 1968. El Consejo de Ministros aprobó el 1 de agosto el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que el Ejecutivo prevé aprobar en las Cortes a finales de este año o principios de 2023.

Entre los cambios más relevantes que plantea esta ley, destacan que los “secretos” del Estado se clasificarán en cuatro categorías: “alto secreto”, “secreto”, “confidencial” y “restringido”. Su desclasificación variará en función de estas categorías; oscilará desde los cuatro años en los casos de “información restringida” hasta los 50 años en los “altos secretos”. Estos últimos podrán ser prorrogados 10 años más en caso de que se trate de “información sensible” para la seguridad del Estado.

Unidas Podemos y los principales socios del Gobierno de coalición han mostrado su rechazo a esta ley por ser “insuficiente”. Pero más allá de la opinión de los grupos políticos, quienes han sufrido en primera persona esta norma, como las asociaciones de víctimas, muestran su decepción y rechazo al anteproyecto.

Es el caso de Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, reconocido por el Gobierno vasco como víctima de derechos humanos, que afirma que cualquier medida que perpetúe el secretismo sobre prácticas ilícitas “nunca es una buena noticia”.

En declaraciones a este medio, Zabalza asegura desconocer si en esa documentación clasificada “hay algo que pueda esclarecer el caso de Mikel”. Sin embargo, se muestra convencida de que hay información relacionada con los desmanes de las Fuerzas de Seguridad que, directa o indirectamente, “puede ayudar a aclarar” este caso.

Zabalza defiende que si se juzgara a los responsables del asesinato de su hermano, muchas personas tendrían que rendir cuentas ante la justicia. Mikel Zabalza fue arrestado y asesinado a causa de las torturas que sufrió por parte de la Guardia Civil. “En lo relacionado con el caso de Mikel, esta ley garantiza a los responsables de su muerte tranquilidad hasta 2035”, lamenta Idoia.

Un informe del Gobierno vasco reconoció el pasado febrero a Mikel Zabalza como víctima de violencia policial. Su hermana asegura que este fue un avance que no se hubiera imaginado hace años, aunque no es la “última aspiración” de la familia. Subraya que su principal objetivo es conocer toda la verdad en relación al asesinato de su hermano. “Además de tener derecho a conocer las circunstancias exactas de su muerte, la verdad también significa saber en qué contexto se produjo, es decir, cuáles son las razones que lo hicieron posible”, señala.

50 años de impunidad

Los sucesos de Gasteiz, que también se conocen como la matanza del 3 de marzo, fueron otro episodio de violencia ilícita ejercida al amparo de las instituciones del Estado.

Un ataque desproporcionado de las Fuerzas de Seguridad contra unos trabajadores que protestaban por sus condiciones laborales acabó con la vida de cinco personas.

Andoni Txasko, portavoz de la Asociación Víctimas del 3 de marzo, defiende que las vulneraciones de derechos humanos cometidas desde el Estado deberían ser de acceso público para poder ser esclarecidas. Rechaza por ello que el Gobierno siga queriendo limitar el acceso a dichos documentos.

Manifestación en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo celebrada este año en Gasteiz. Josu Chavarri

Txasko considera una exageración el plazo de 50 años para desclasificarlos: “No debería haber plazos si esos documentos clasificados sirven para resolver crímenes que de momento no han sido resueltos”.

Asimismo, se muestra convencido de que, en el caso de la matanza del 3 de marzo, existen documentos que no se han hecho públicos y que servirían de gran ayuda para esclarecer por qué se produjo ese crimen y como se planificó. “Martín Villa, que estaba el frente del ministerio en aquella época, se deshizo de mucha documentación que podría implicar a las personas responsables. Mucha información habrá desaparecido pero todo lo que haya en archivos debería ser público”, reivindica.

Estos documentos llevan varias décadas blindados por los aparatos del Estado y con esta nueva ley, todo apunta a que seguirá siendo así.

Desde la asociación se muestran convencidos de la necesidad de que sean de acceso público, aunque esto suponga que el Estado se quede “completamente al descubierto”. “Intentan ocultar actuaciones porque el Estado cometió verdaderas tropelías tanto en la dictadura como en la transición”, zanja Txasko.

“El Estado debe asumir el pasado para construir un futuro en paz y libertad”

Víctimas de violencia de motivación política denuncian un trato discriminatorio

La mera posibilidad de que puedan existir leyes que blinden las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado desemboca en un profundo dolor a las víctimas de dicha violencia.

Tras más de 40 años de la llegada de la democracia, Andoni Txasko lamenta que el único reconocimiento que han tenido por parte del Estado ha sido la Ley de Memoria Histórica, que para el portavoz de Víctimas del 3 de marzo sigue siendo “insuficiente”. “Nunca hemos podido acceder a la verdad de los hechos. La verdad oficial sigue imperando en los informes policiales que avalan las actuaciones de aquel momento”, critica Txasko.

“Los hechos deben conocerse en su verdadera dimensión y no en base a la versión oficial, que protege a los responsables que lo llevaron a cabo”, sentencia Txasko, que reclama “la misma” verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

Idoia Zabalza le pide al Estado “lo que no tiene ninguna voluntad de hacer, que es investigar qué prácticas ejercieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como reconocer que esas prácticas fueron consentidas, alentadas y hasta concebidas en las más altas instancias”. 

La ONU, Amnistía Internacional y la Asamblea Europea han instado en numerosas ocasiones al Estado español a que cumpla unos preceptos en materia de derechos humanos.

Zabalza y Txasko coinciden en que el Estado debe hacer públicos todos los archivos “sin limitaciones” para esclarecer todos los casos de violaciones de derechos humanos. “En el caso de la matanza del 3 de marzo hay documentación que demuestra la premeditación y planificación con la que se actuó”, indica Txasko.

Diferente trato

Colectivos de víctimas llevan décadas denunciando que en el Estado hay víctimas de primera y otras de segunda categoría.

Idoia Zabalza considera que la aprobación de esta ley es una prueba de ello, ya que “permite la impunidad de muchos actos y niega el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas”. Además, lamenta que entre las víctimas de segunda, entre las que considera que se encuentra su familia, también se establecen categorías. “Hay quien ni siquiera llegará nunca a ser víctima”, dice.

Txasko coincide con Zabalza y se sitúa también como una “víctima de segunda”. Según indica, las víctimas del terrorismo tienen un reconocimiento completo. “Quienes ejercieron el terrorismo han sido juzgados y eso otorga una versión real de lo que sucedió”, apunta, y lamenta que las víctimas del terrorismo de Estado no han tenido esa justicia.

“Las vulneraciones de derechos humanos deben ser tratadas por igual. La verdad, justicia y reparación deben ser para todas las víctimas”, sentencia. En la misma línea, censura que en algunos casos quienes violan los derechos humanos sean juzgados y condenados y en otros como el de Martín Villa, responsable a su juicio de muchos crímenes, “no haya sido posible juzgarlo”.

Txasko considera que las víctimas de la violencia institucional han sufrido un trato discriminatorio y “alejado del trato que reciben las víctimas del terrorismo”.

“Con las víctimas del Estado no se tienen en cuenta exenciones de tasas, acceso a vivienda protegida y atención psicológica, médica o social”, añade. El portavoz de la asociación lamenta que la desigualdad de las ayudas es enorme, y reivindica que esa “discriminación” sea corregida dado que “hay que tratar a todas las víctimas por igual”.

Tanto Idoia Zabalza como Andoni Txasko coinciden en la necesidad de que estos documentos vean la luz.

“Es necesario conocer el pasado para construir un futuro democrático. El Estado es reacio a reconocer lo que hizo pero sin asumir esa responsabilidad del pasado es difícil construir un futuro en paz, convivencia y libertad”, sentencia Txasko.