A Alberto Núñez Feijóo se le está haciendo el debate de investidura tan largo como extensa se le hizo la campaña electoral hasta que se le atragantó en las urnas. El líder del PP ha tenido que volver a matizar su propuesta para dar salida a la cuestión catalana señalando que habló de buscar un “encaje territorial” porque es “el término que usan los independentistas”, y ha recitificado una vez que su reflexión causó un movimiento sísmico en Génova. Pero el dirigente gallego ha ido más allá al referirse a las consecuencias de que salga adelante una ley de amnistía, advirtiendo al Tribunal Constitucional (TC) de que, en caso de aceptarla, se convertiría en “sospechoso de romper el Estado de Derecho”. Así lo ha avisado en una alusión directa al presidente de esta institución judicial, Cándido Conde-Pumpido, que en su día afirmó que “a veces los jueces tienen que mancharse las togas”. Una visión la de Feijóo que difiere de la del fiscal general de Estado, Álvaro García Ortiz, quien en la apertura del Año Judicial, y en presencia del rey, ha indicado que el sistema democrático “no es ni puede ser inmóvil” –en plena negociación por la amnistía– y que está capacitado para “soportar las más fuertes tensiones”.
En este contexto, Feijóo ha recordado que Pedro Sánchez no llevaba en su programa la amnistía, que es “ilegal”, y que el resultado de las elecciones generales hubiera sido “muy distinto” de haberlo hecho. A ello ha añadido que Juan Carlos Campo, siendo ministro de Justicia, también la rechazó y se pregunta qué hará éste cuando el asunto llegue al TC. “Usted escuchó lo que dijo el ministro Campo cuando era ministro diciendo que indultos sí, amnistía no. Ahora es miembro del TC. Oiga, el ministro Campos nos ha mentido y cuando vaya la ley de amnistía al TC, si es que se aprueba, ¿qué va a hacer (en su calidad de magistrado)?”, le ha interpelado en una entrevista en Antena 3. Es más, cuestionado por si cree que la decisión de la socialista Meritxell Batet de dejar su escaño tiene algo que ver con la amnistía y el debate actual, Feijóo dice suponer que cuando ella presidía el Congreso recibió “instrucciones” del Gobierno pero ha evocado que fue “respetuosa con el informe de los letrados” de la Cámara baja, que calificaron de “ilegal” una ley de amnistía. “Supongo que ahora debe haberse quedado absolutamente perpleja”, ha ironizado el líder de la oposición.
Reorientar el Senado
Con todo, el presidente del PP ha tenido que negar problemas internos en su formación a cuenta del conflicto con Catalunya, recalcando que su propuesta debe enmarcarse dentro de la legalidad y en un pacto de Estado entre PP y PSOE. Ha preferido alinearse y referirse a los pronunciamientos de históricos socialistas como Pedro Sánchez, Nicolás Redondo, Ramón Jáuregui o Alfonso Guerra que no comparten la estrategia de Sánchez. “Se lo puedo asegurar, no tengo esos problemas, soy el candidato a la presidencia del Gobierno y por tanto mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España y ser coherente con el resultado de las urnas”, ha manifestado. Y ha repetido: “La utilización de la terminología, entre comillas, independentista, del encaje de Catalunya, que es la que he empleado, la he utilizado a propósito”. “O es dentro de la Constitución, o no lo será. O es dentro de la ley, o no lo habrá", ha zanjado, ahondando en la idea de que “prefiero quedarme en la oposición que ser un presidente intervenido por el independentismo”, pronóstico que no se cansa de soltar consciente de que los números no le dan. “Los independentistas lo que pretenden es devolver aquel 155 constitucional imponiendo ahora su 155 inconstitucional al Gobierno de España. ¿De verdad que vamos a vivir con un Gobierno tutelado por un partido o dos partidos independentistas en España que no tienen ni el 5% de los votos?”, ha disertado. Y una vez soltado el lastre de manual, Feijóo ha precisado que su formulación pasa por “reorientar” el Senado para convertirlo en una verdadera cámara territorial, de forma que los presidentes autonómicos puedan ir a la Cámara Alta “para debatir los asuntos que les afectan” y que las leyes que tienen una repercusión directa en las comunidades “se puedan debatir y aprobar en el Senado”. A su entender, se trata de “dejarlo no como una Cámara de Segunda Lectura, sino como una cámara territorial. Pero todo lo que hagamos tiene que estar de acuerdo con la igualdad y el bienestar de los españoles”.
Fiscal general del Estado
Una visión que contrasta con la del fiscal general, que sin hacer mención expresa a la amnistía, sí que se ha referido a ella al hablar de las fortalezas del sistema democrático para abordar un debate de esta envergadura. “Evoluciona, aprende de sí mismo y es el reflejo de la sociedad a la que sirve”, ha aseverado, para a continuación apostillar que es “capaz de soportar las más fuertes tensiones” si sus titulares son “capaces de cuidar y preservar las instituciones”. “Nos corresponde a nosotros, a quienes somos depositarios temporales de su representación, aun ésta sea en funciones o de manera interina. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Y las instituciones democráticas nos sucederán, como antes sucedieron a quienes históricamente nos precedieron, también con problemas o con tensiones que entonces parecían imposibles de superar. El resultado es esta sociedad española plural, diversa y democrática, el Estado de derecho en pleno ejercicio, en la tensión que corresponde al recto funcionamiento de sus poderes y a los necesarios contrapesos entre ellos”, ha verbalizado García Ortiz. Para ello, ha defendido que “promover la confianza institucional es esencial para el correcto desenvolvimiento de la convivencia, la integración de la ciudadanía en torno a los valores y principios democráticos, y para fortalecer culturas cívicas, plurales y respetuosas con los derechos de los demás”. Previamente, la Asociación de Fiscales hizo público un comunicado donde se refería expresamente a la reclamación de Carles Puigdemont para que “la fiscalía dé un paso atrás en todas aquellas causas judiciales abiertas con ocasión” de una amnistía. A juicio de este colectivo, mayoritario en la carrera y de carácter conservador, el silencio de García Ortiz “ante la gravedad de lo pedido no es una opción válida para quién ostenta la dirección del ministerio fiscal”.
Cautela en Moncloa
Mientras, Moncloa opta por la prudencia más rigurosa aunque la ministra Pilar Alegría ha apelado a que desde el gabinete de Sánchez “hemos tomado decisiones valientes porque creo que un partido político tiene que ser responsable”. El PSOE “siempre ha trabajado en pro del reencuentro y de la convivencia” y en el marco de “la Constitución y de la coherencia”, mientras que el PP “siempre se ha manejado en el campo de la división y la confrontación”, ha sostenido.