Como Pedro cuando le negó hasta tres veces a Jesucristo, Alberto Núñez Feijóo ha enterrado los principios respecto a Vox con los que llegó al poder en Génova 13. Tanto en su proclamación como durante su travesía contra el sanchismo, o en la campaña del 28-M, el líder del PP se ha negado a afirmar que, independientemente de la situación numérica de las urnas, pactaría con la extrema derecha para desalojar a la izquierda. No ha llegado aún la fecha de proclamar los gobiernos en las instituciones, y en puertas de las generales, cuando los populares se han echado ya en brazos del partido de Santiago Abascal, forjando acuerdos como el de la Comunidad Valenciana que el dirigente gallego justifica en el hecho de que “mucha gente ha votado” a los ultras y en que son una formación “determinante”. Su posición pasa al cuaderno de los sofismas de Feijóo, que también había lanzado a los cuatro vientos que había que dejar gobernar a las listas más votadas y, en feudos como Elche –donde ganaron los socialistas– también ha abandonado sus planteamientos en favor de una alianza con Vox.
Burgos, Santa Cruz de Bezana, Burgo de Osma, Tineo... y hasta más de un centenar de municipios de mayor o menor población conformarán el nuevo mapa en el Estado a la espera del asalto final, la joya de la corona para PP y Vox: La Moncloa. Y lo harán, además, sin sonrojo y recurriendo al más fútil de los argumentos. Como Feijóo a la hora de excusarse por el consenso a orillas del Turia, del que se ha felicitado porque “evita la repetición de elecciones” en agosto y responsabilizando al PSOE del trato porque se hubiera evitado con su abstención en la investidura de Carlos Mazón, al estilo del PCR de Miguel Ángel Revilla en Cantabria. “Por tanto, el 23 de julio el único escenario posible es, o hay gobiernos en las comunidades autónomas o hay elecciones otra vez”, ha espetado en una de sus emisoras fetiche, esRadio. “No puede ser que si el PP no saca mayoría absoluta” haya que repetir comicios porque “no puede pactar con nadie”, algo que, a su juicio, no es un “contexto muy democrático”, ha reflexionado, sin preguntarse el porqué de ese escenario de falta de apoyos.
Feijóo tampoco se ha cortado en sacar pecho por haber forzado que Carlos Flores, dirigente de Vox condenado por violencia machista en 2002, no “formase parte del pacto ni de posibles acuerdos de investidura”. “Es un hecho que ha ocurrido hace mucho tiempo pero había una condena”, ha señalado, sin importarle que esa formación con la que pacta haga bandera de la inexistencia de la violencia machista. Y colocándose en los prolegómenos del 23-J, ha vuelto a incidir en que su objetivo es conseguir “una mayoría suficiente para gobernar”. “Mi objetivo no es pactar con Vox”, ha recalcado, a sabiendas de que, a falta de mayoría absoluta, y aunque se aupase hasta los 150 escaños, no le quedará otra salida que abrazarse a Abascal y a todas sus políticas regresivas si pretende convertirse en presidente del Ejecutivo español. Y para ir poniéndole alfombra roja, ha equiparado los pactos con Vox con los de Sánchez con Bildu, los independentistas “o el populismo más radical”.
Su alegato ha hallado pronto réplica desde la izquierda. La vicepresidenta primera Nadia Calviño ha reprochado que “Feijóo ha pasado de poner líneas rojas a poner la alfombra roja a Vox y ha dejado claro que votar al PP es votar a Vox y que no tiene ningún problema con gobernar con gente que niega y que desprecia la violencia contra las mujeres”, acuerdo que desde el PSOE tildan de “pacto de la infamia” y que confían en que movilice a su electorado. Tal es la suficiencia con la que llega Feijóo a las urnas que propondrá otro trabajo para Felipe VI: que tenga una “preponderancia en Acción Exterior”. “Es nuestro mejor ministro de Exteriores y el jefe del Estado”, ha puntualizado.
Murcia, de momento, la excepción
Caso excepcional es el de la región de Murcia. “Génova ha decidido que en Murcia hay que ir a elecciones”. Quizás se ha marcado un largo pero, de momento, José Ángel Antelo, líder regional de Vox en esta comunidad, ha advertido al PP de que ese será el camino después de que la ultraderecha se haya quedado sin un solo puesto en la Mesa de la Asamblea Regional, donde la presidencia y la vicepresidencia serán para los populares. El escenario dista del acontecido en 2019, cuando el PP votó a favor del candidato de Ciudadanos y le dio la presidencia de la Cámara a cambio del posterior apoyo a la investidura de Fernando López Miras. “No necesitamos los votos de otro partido, solo que no haya bloqueo”, achacan desde las filas del PP.